La plataforma ‘Verdad y Justicia’ se ha presentado hoy miércoles ante la opinión pública para exigir que se investiguen los casos de los más de 7.000 usuarios de residencias de ancianos que murieron entre la primera y segunda ola sin ser trasladados a hospitales, por lo que piden que se busquen responsabilidades políticas por los protocolos y que no se vuelva a repetir.
«Los días 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020, durante la primera ola de la pandemia, la Consejería de Sanidad madrileña emitió unos protocolos por los que se impidió trasladar de las residencias de mayores a los hospitales a las personas más vulnerables, con alto grado de dependencia o deterioro cognitivo, que necesitaron asistencia sanitaria. Como consecuencia, en estos centros murieron 7.291 personas sin recibir atención hospitalaria».
Así comienza la carta de fundación de la Plataforma Verdad y Justicia, un espacio que sirve para reivindicar «estos hechos tan graves, que no han sido ni investigados ni, en su gran mayoría, juzgados». Así, recuerdan que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al convocar elecciones, cerró de manera temprana la comisión de investigación constituida en la Asamblea de Madrid y se ha negado a reabrirla gracias a los apoyos de Vox.
«La presidenta misma llegó a negar la existencia de tales protocolos, diciendo que se trataba de simples borradores. Los fiscales no investigan y los jueces están archivando las querellas presentadas por los familiares», reclama la plataforma que se ha presentado esta mañana en el centro de Madrid y que ya cuenta con cientos de apoyos de la ciudadanía y de grupos sociales y políticos.
El periodista Manuel Rico ha arrancado el acto asegurando que «aquí está representada de verdad la dignidad de la sociedad madrileña». «Para que se establezca la verdad hay que derrotar a la mentira y en este tema se ha machacado tres tipos de mentiras: las mentiras para idiotas, como que Pablo Iglesias tenía las competencias de las residencias; las mentiras para vagos mentales, los que no se hacen preguntas como por qué PP y Vox no permite hacer una comisión de investigación; y luego están las mentiras creíbles, como que los hospitales estaban colapsados pero no explican por qué en el hospital de campaña de Ifema estuvo casi pacientes o por qué a los hospitales privados no llegaron residentes si no tenían seguro privado».
El autor del libro ‘¡Vergüenza! El escándalo de las residencias’, también ha hecho referencia a los triajes que tienen que hacer los sanitarios cuando hay muchas demandas y pocas camas. «La Comunidad de Madrid inventó el triaje por código postal. Los requisitos de no derivación sanitaria era por vivir en residencias, en los protocolos de la vergüenza», criticó el periodista, quien reclamó que se ponga en marcha un fiscal especial en todas las provincias para que investigara de oficio.
Seguidamente, ha tomado la palabra Mercedes Huertas Aguilera, quien perdió a su padre en la primera ola de la pandemia. Ha explicado cómo pocos días después del cierre se enteraron de que su padre enfermó. Pocas llamadas después, su estado empeoró y en ningún caso se le dijo si tenía Covid o no, o si su estado era mucho peor que un poco de fiebre. Por eso, está convencida de que con asistencia médica, su padre o muchos otros mayores, podrían haber sobrevivido.
«Por ese protocolo no se salvaron muchos que podrían haberlo hecho. No quiero dinero, quiero Justicia, que no vuelva a pasar. Le han hecho esto a un colectivo que ha sufrido mucho, con una guerra civil, una dictadura, y que les hagan esto en su vejez», ha reclamado.
Ella, como muchos otros familiares de residentes fallecidos, se preguntan cómo vivieron sus familiares los últimos días, si sufrieron al morir, cómo fueron sus últimos momentos, ya que muchos les encontraron fallecidos en sus habitaciones solos. Ella, junto a otras hijas que han participado por medio de vídeos, han resaltado que para cerrar el duelo necesitan conocer la verdad, que no queden impunes las negligencias y que la sociedad se asegure de que no vuelva a pasar.
Victoria Zunzunegui, epidemióloga y participante de la plataforma, ha resaltado que el exceso de mortalidad de Madrid es la mayor de toda España. «Los datos dicen que si se esperaba una media de mortalidad, en Madrid hubo un 55% más, muy lejos de cualquier otra provincia. ¿Cómo se explica esto si la comunidad tiene muchos más recursos que otras?», se ha preguntado.
Uno de cada cinco residentes murió entre marzo y abril de 2020, ha explicado la epidemióloga, ya que los datos recogidos dan una mortalidad del 20% en las residencias madrileñas. Además de los protocolos hubo otros factores que aumentaron la mortalidad, «como la gestión sanitaria de las residencias». Aquí ha resaltado que el 88% de los residentes de todas las plazas de la región están en situación de servicio privado o concertado.
La «falta de controles y de financiación de los cuidados a largo plazo», según la experta, también han estado detrás del exceso de mortalidad. «La colaboración público-privada fue letal», ha explicado, ya que la mortalidad en los centros totalmente públicos o en los totalmente privados fue del 13% mientras que los centros públicos-privados aumentó al 21%. Además, la mortalidad descendió en cuanto se empezaron a derivar a los hospitales a los mayores.
LOS TRABAJADORES, LOS GRANDES OLVIDADOS
Rosa María García, trabajadora de residencia e integrante de la plataforma, ha contado que compañeros suyos fueron sancionados por denunciar lo que estaba pasando. «El sufrimiento que han pasado también los y las trabajadoras al no poder hacer nada por ellos, al ser rechazados en la atención sanitaria, con un triaje sin ninguna razón. Hoy día siguen las residencias preparadas para cuidar, no para curar», ha explicado.
«Hemos carecido de lo más esencial. Han pasado miedo, porque no sabían qué pasaba. Cuando en una noche se te mueren cuatro residentes seguidos sabiendo que no era su hora es duro. Yo, que he trabajado en hospitales, en el 11M, pero esta situación de miedo y abandono ha sido la más inhumana», ha agregado.
Por ello, considera que estos hechos deben ser juzgados y para ello quieren que el Gobierno tome cartas en el asunto o se constituya una Comisión de la Verdad para la ciudadanía propia. «Todo ello pasa por implicar a la sociedad civil, con acciones de protesta, presentación y todo «lo que esté en nuestras manos. Esas muertes tienen nombre, eran personas que no les había llegado su momento», ha concluido Rosa María.
Alicia Gómez, abogada de Marea de Residencias, asegura que los trabajadores de geriátricos en la pandemia fueron «los grandes olvidados». «No había información, no había planes de prevención, sin medios, jugándose su vida y la de sus familiares y el dolor psicológico que sufrieron», ha explicado la abogada, que también ha resaltado el miedo que muchos trabajadores tienen de denunciar a su empleador.
Por su parte, Carlos Villa, abogado que gestiona las querellas de los familiares, ha resaltado que hay procesos archivados, otros con recursos al Constitucional y otros en proceso. «No se ha investigado a ningún cargo público, ni siquiera se ha pedido que declare el firmante del protocolo, Carlos Mur», ha resaltado.
Luego ha explicado que los pocos procedimientos que se han llevado a cabo se ha puesto el foco en los directores de residencias o en los médicos de los centros, que aseguraron que estaban en contacto con los geriatras de referencia pero estos nunca visitaron a los residentes.
Otros intervinientes han sido el exconsejero de Políticas Sociales durante la pandemaia, Alberto Reyero, alcaldes como la de Alcorcón, Natalia de Andrés, quien han interpuesto un procedimiento contra la Comunidad por delegación de sus responsabilidades; o el Alcalá, Javier Rodríguez Palacios, donde la mayoría de los mil fallecidos de la población fueron en residencias.
