El Defensor del Pueblo concluye que la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al interceptar las comunicaciones de 18 independentistas catalanes con el sistema Pegasus se ajustó a la Constitución y la legalidad, si bien considera «deseable» abrir una reflexión sobre el control judicial de este tipo de intervenciones. En un comunicado el Defensor del Pueblo informa del resultado de la actuación de oficio que abrió la institución el pasado 26 de abril para investigar si el presunto espionaje a dirigentes independentistas catalanes por parte del CNI se había realizado conforme a la ley. Tras examinar la documentación remitida por el CNI y los autos del Tribunal Supremo, el defensor, Ángel Gabilondo, concluye que el centro «ha actuado con respeto a las diferentes disposiciones legales relativas al control judicial» previo de las intervenciones de las comunicaciones que se han producido sobre 18 dirigentes independentistas.
