El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no va a «desistir» hasta recuperar los cuatro millones de euros presuntamente estafados por la empresa RR7 United con un lote de un millón de mascarillas FPP3 que nunca se entregaron.
En una comparecencia a petición propia en comisión parlamentaria ha afirmado que «no hay ni un solo momento» en que la administración pública canaria no haya actuado para que se ejecute el contrato y ha avanzado que se estudiará la vía judicial si se encuentran indicios delictivos, especialmente el alzamiento de bienes.
En esa línea, ha comentado que a través de la Agencia Tributaria Canaria ya se han ordenado hasta diez embargos a la empresa para recuperar el dinero –la deuda alcanza ya los 4,8 millones– pero hasta el momento han sido «infructuosos».
El consejero ha insistido en que no ha habido «dejación» en la funciones de la Consejería y en que hay «máxima colaboración» con la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Ha recordado que los hechos se producen en abril de 2020 en un momento en el que el mercado mundial de productos sanitarios es «extremadamente competitivo» y Canarias compite competíamos con el resto del mundo para conseguir bienes «escasos y necesarios», en una «lucha encarnizada» por mercancía que motivaba, incluso, la incautación de material si los aviones hacían escalas en terceros países.
Trujillo ha apuntado que el procedimiento de contratación cumplía con el Real Decreto aprobado por el Gobierno central que permitía la vía de emergencia y de hecho, ha apuntado que este es el único contrato del SCS que tiene incidencias.
Ha señalado que en abril había una «absoluta necesidad» de conseguir material sanitario porque el stock en la comunidad autónoma apenas era de seis semanas y muchas empresas no podían acudir al mercado, otros solo podían acceder a pequeñas cantidades y algunas ofrecían precios «muy caros».
En ese momento, ha detallado, la empresa RR7 United ofrecía un modelo de mascarilla, validado por los servicios de prevención de la comunidad autónoma, a un precio de cuatro euros por unidad, en línea con lo que fijaba el instituto nacional sanitario, por lo que se le da «el visto bueno».
El encargo, ha comentado, se realiza el 25 de mayo de 2020 y la mitad se abona el 27 de agosto.
Posteriormente, el 28 de octubre, desde el SCS se les requiere el material y el proveedor dice que «necesita todo el dinero porque hay subastas» en el mercado y por ello, el 19 de octubre se abonan otros dos millones.
Finalmente, el 15 de enero, el intermediario de la operación comunica por carta que no pueden realizar el suministro por lo que la Dirección General de Recursos Económicos inicia el 1 de febrero el expediente de resolución del contrato.
No obstante, ha señalado el consejero, la empresa llegó a comunicar que las mascarillas llegaron Gran Canaria procedentes de Etiopía pero fueron incineradas por Inspección de Aduanas dado que no cumplían con las certificaciones europeas.
El 29 de junio, prosiguió Trujillo, la empresa contacta con el SCS y ofrece unas mascarillas «del mismo nivel» para poder anular el procedimiento de embargo pero se le pone la condición de que debe aumentar la partida hasta los 1,2 millones, de tal forma que el coste por mascarilla baja a 3,30 euros, y entregarlas en una semana.
Sin embargo, volvieron a incumplir y el expediente de reintegro de los fondos siguió su curso.
LA VÍA ADMINISTRATIVA, MÁS RÁPIDA QUE LA PENAL
Trujillo ha apuntado que el Gobierno ha optado por la vía administrativa porque «es más rápida» para recuperar el dinero, «es de primero de Derecho», pero ha dejado claro que se trabaja también en vías judiciales si no fructifican los embargos.
Ha acusado a la oposición de «buscar caza mayor» con el contrato de las mascarillas cuando la competencia era del comité gestor de la crisis sanitaria y cuestionado también al denunciante, un empresario «que dispara a todo lo que se mueve».
La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha recordado que España estaba confinada en abril de 2020 y con un «estado de pánico» por los miles de muertos que se contagió a las administraciones, que hicieron «compras locas».
Ha lamentado que el Gobierno central no centralizada la compra de material sanitario –«se quitó de en medio»– por lo que la pandemia se convirtió «en un sálvese quien pueda» ya que no había controles ni se cumplía la ley de contratos públicos.
Jesús Ramos (ASG) ha recordado que la situación en esos momentos era «incierta» y lo importante «era salvar la vida de las personas», lo que obligó a acometer determinados contratos para traer material sanitario a las islas.
María del Río (Sí Podemos) ha apuntado que da «rabia» que Canarias haya sufrido este fraude por culpa de unos «sinvergüenzas» que se «han aprovechado» de una situación sanitaria muy complicada para «hacer negocio y ganar dinero».
Ha indicado que el dinero está «desaparecido» y cree que ahora «lo importante» es saber qué va a hacer el Gobierno ante esta «tropelía, engaño e infamia», subrayando que estas cosas «pueden volver a pasar» en el futuro.
LO IMPORTANTE ES RECUPERAR EL DINERO, SEGÚN NC
Esther González (NC) ha comentado que la gestión del expediente ha sido «correcta» por parte del SCS, indicado que se ha creado «un revuelo fuera de toda lógica» dado que no ha habido familiares del Gobierno actuando como intermediarios y los hechos fueron en 2020, cuando había escasez de productos sanitarios por una demanda mundial «desbarrada».
Ha comentado que la decisión de proveer mascarillas a los centros sanitarios era «acertada», lo mismo que la forma de pago, en cumplimiento del real decreto ley, al tiempo que ha señalado que «lo importante» era recuperar el dinero y no una acción penal.
Fernando Enseñat (PP) ha comentado que Trujillo trata de «tapar» al presidente canario antes del Pleno de la próxima semana, criticando que un año y medio después «no se sabe dónde está el dinero y las mascarillas».
Ha rechazado por qué se acuerda un contrato con una de empresa de automoción que no tenía solvencia técnica ni financiera y ha preguntado «quien decidió» que se pagara todo el dinero antes de recibir las mascarillas.
Asimismo, ha dicho que no entiende que el Gobierno no haya acudido al juzgado «ante una posible estafa» y señalado que este caso se parece al ‘caso Tindaya» porque «desaparece el dinero público y nadie responde».
FALTA DE TRANSPARENCIA PARA CC-PNC
José Alberto Díaz-Estébanez (CC-PNC) ha comentado que el caso «no pinta bien» pese a que el mercado fuera «una selva» en aquellas fechas, acusando a Trujillo de usar «tinta de calamar» para ocultar que cuatro millones de euros «han volado».
Ha cargado contra la «falta de transparencia» del Gobierno regional, que ha llevado este caso a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, y cuestionado que se eligiera a una «empresa de coches» sin aval ni garantías económicas, que se pagara por adelantado en dos pagos y se haya cesado a la directora general de Recursos Económicos sin dar explicaciones –Trujillo ha precisado que fue a petición propia–.
Además, ha incidido en que esa gestión se le debe atribuir al consejero de Sanidad en funciones, Julio Pérez, y al director provisional del SCS, Antonio Olivera.
Marcos Hernández (PSOE) ha recordado que en esa época «el mercado estaba tensionado» por escasez de productos sanitarios y por ello se activó la contratación de emergencia, indicando que le da «tranquilidad» la gestión que ha realizado el SCS para resolver el contrato.
