El pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este jueves el dictamen de la Comisión de Asuntos Económicos sobre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que transpone la Directiva (UE) 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA), en el aire por la definición de productor independiente.
Desde su aprobación por el Consejo de Ministros en noviembre de 2021, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, las dificultades para conjugar los intereses de plataformas, productores, televisiones tradicionales y partidos como ERC por las cuotas lingüísticas han complicado el camino para la aprobación de la reforma.
Sin embargo, finalmente el texto incluye acuerdos con ERC y PNV para la protección de las lenguas cooficiales. El acuerdo alcanzado por el Gobierno con los independentistas catalanes reserva un mínimo anual de 15 millones para la producción de contenido en catalán y demás lenguas cooficiales, así como la creación de un fondo público que asegure el doblaje al catalán de series de plataformas internacionales.
El PNV, que llegó a presentar una enmienda a la totalidad del texto, alcanzó también un acuerdo con el PSOE, con el que «salva los tres grandes objetivos de proteger y defender: el autogobierno, preservar la autonomía de EiTB y garantizar la presencia del euskera en el nuevo marco audiovisual».
Con esto, el pasado jueves el Gobierno sacó adelante el dictamen de la ponencia del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso, con los votos de PSOE, Unidas Podemos, PNV y ERC, y el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención de Bildu y Ciudadanos.
El texto, al que se presentaron más de 1.000 enmiendas, incorporó en el trámite de Ponencia una enmienda socialista al artículo 110 sobre la producción independiente que suscitó las dudas de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, que finalmente apoyó el dictamen, y ha causado el rechazo de los productores independientes.
Después de que el sector de la producción independiente llevará sus reivindicaciones, ya conocidas, al Festival de Cannes, Unidas Podemos, ERC y Bildu han presentado en plazo este miércoles una enmienda transaccional, en la que vuelve a sustituir la palabra «dicho» por «un» en el artículo 110.
Con este cambio, «se considera productor independiente a la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual» y «a cambio de una contraprestación los pone a disposición de ‘un’ (con la enmienda del PSOE ‘dicho’) prestador del servicio de comunicación audiovisual». Fuentes parlamentarias del Grupo Socialista han confirmado que están «dialogando» sobre la propuesta.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ya pidió ayer al PSOE que rectificase sobre la Ley Audiovisual, tras las críticas del sector del cine español por el tratamiento a los productores independientes y las cuotas femeninas.
Las asociaciones de productores de cine y audiovisual llevan toda la semana protestando por la enmienda del PSOE y han pedido este miércoles a los distintos grupos políticos que voten «en conciencia» y rechacen este jueves el texto del proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual.
En los últimos días, los productores han recibido el apoyo de varios políticos, entre ellos, el de los diputados de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, Pilar Garrido y Aina Vidal, que este mismo miércoles han asistido a la movilización ‘En defensa del espíritu de la Proposición de Ley de fondo de compensación a las víctimas del amianto’ frente a las Cortes, pese a que su grupo votó a favor del dictamen del proyecto de Ley, que incluía la polémica enmienda socialista.
Por su parte, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha afirmado que no van a votar a favor del proyecto. «De aquí a mañana, veremos si es no o es abstención», ha señalado el parlamentario gallego, que ha recordado que, entre otras cuestiones que no les satisfacen, la ley «deja a los pies de los caballos a las productoras independientes».
Respecto a ERC, con el que los socialistas han negociado la presencia del catalán en la Ley audiovisual, su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, no quiso ayer avanzar el sentido de su voto en el pleno, mientras que el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, se mostró confiado «en sacar adelante» la ley ya que ofrecerá «garantías jurídicas» y ha tendido la mano al diálogo con «el objetivo de aprobarla».
Pero la norma no gusta a otros grupos parlamentarios. Así, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, cree que le «queda mucho» debido a la gran cantidad de enmiendas. «Quedan muchas cuestiones pendientes y en función de eso, veremos el sentido del voto», dijo también en rueda de prensa en la Cámara Baja.
Mientras, Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu, que se abstuvo en el trámite en Comisión, considera que la Ley es una «oportunidad perdida» y lamenta que da «más privilegios a los que ya tienen las grandes plataformas». «Espero que el Gobierno recapacite y no empeore una situación complicada», indicaba.
Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón, no quiso avanzar el sentido del voto de su formación al respecto aunque sí afirmó que «no ven con buenos ojos» la nueva norma, al considerar «insuficientes» las cuotas de igualdad, así como la protección a los medios comunitarios; y alertar de que concentra los poderes en la Administración central, entre otras cuestiones.
Quién sí ha avanzado el voto ha sido PDeCAT, ya que su portavoz, Ferrán Bel, ha asegurado que votarán en contra. «Si no se rectifica, los grupos que van a dar apoyo a esta ley, tendrán que dar muchas explicaciones», ha afirmado. Como otras formaciones, se ha mostrado contrario a los cambios introducidos en la figura del productor independiente, la promoción de las lenguas cooficiales o el subtitulado en otros idiomas que no sea el castellano. También en contra se ha mostrado Mireia Vehí, de CUP, que ha calificado la futura ley de «fiasco», sobre todo en materia lingüística.
Vox ya rechazó el texto en Comisión y su portavoz, en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha resaltado el malestar de los productores con la futura ley. «Ninguno está de acuerdo, todos se sienten despreciados», ha resumido sin desvelar el sentido de su voto en el pleno. Además, ha afeado al Gobierno que «a la hora de la verdad de apoyar a la industria, se ha olvidado de los productores».
En caso de que este proyecto de Ley General se apruebe en la sesión plenaria de este jueves en la Cámara Baja, será remitido al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
