La ministra de Educación y Formación Profesional (FP), Pilar Alegría, ha afirmado este lunes que es el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat de Cataluña (TSJC) «quien tiene que determinar» si el decreto ley del catalán en la escuela que el Govern tiene previsto aprobar este lunes es una «respuesta acertada, oportuna o correcta» para dar cumplimento a la sentencia del tribunal sobre el 25% de castellano en as aulas catalanas.
Así lo ha puesto de relieve la titular de la cartera de Educación, durante su intervención en los Desayunos Informativo, donde ha explicado que no conoce el decreto, ya que aún no se ha publicado.
El Gobierno de la Generalitat tiene previsto celebrar este mediodía un Consell Executiu extraordinario para aprobar el decreto ley del catalán en la escuela, un día antes de que finalice el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar la sentencia que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.
El decreto ley explicitará el rechazo a que el uso de las lenguas en la enseñanza se defina por porcentajes y dará a la Conselleria de Educación la responsabilidad de validar los proyectos lingüísticos de los centros para proteger a las escuelas.
En su intervención, la ministra de Educación ha vuelto a insistir en que en un país con Estado de Derecho las sentencias firmes son «de obligado cumplimiento». «No hay debate que valga», ha declarado Pilar Alegría.
«DE MOMENTO» SIN RESPUESTA DE LA GENERALITAT
Sobre el papel de la Alta Inspección, la titular de la cartera de Educación ha puesto de manifiesto que el Ministerio ya se ha dirigido a la Generalitat para que «aporte» y «traslade» la respuesta que va a dar para el cumplimiento de la sentencia, «de momento» sin respuesta por parte de la comunidad autónoma.
La ministra ha señalado que, para su departamento, «lo más importante» es que los niños y jóvenes que se están formando «sepan desenvolverse con la misma fluidez» en ambas lenguas.
Además, Alegría ha advertido de que utilizar este debate de la lengua «como arma arrojadiza» no hace «ningún favor como país» y ha criticado que para los partidos de la oposición la lengua es un problema en todas la comunidades, «a excepción de Galicia».
