La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla prevé iniciar este miércoles un nuevo juicio de la macrocausa por las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa de capital de riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), abordando en este caso los fondos destinados a la sociedad «Own & Spa», con sede social en Bormujos y cuyo promotor y consejero habría sido el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, quien figura como acusado en esta vista.
Este nuevo juicio, como figura en el escrito de acusación de la Fiscalía, se dirige contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de la citada entidad y a tres años y un día de cárcel y seis años y un día de inhabilitación absoluta por el préstamo participativo de 300.000 euros concedido a la empresa jiennense Fumapa.
Pérez-Sauquillo, además, espera la sentencia del juicio celebrado este mismo mes por el préstamo de 100.000 euros concedido por Invercaria a la sociedad gaditana Lolita Canalla. Además, el juicio se dirige contra Manuel Vizcaíno Fernández, socio promotor y consejero de la empresa «Own & Spa», y María Ángeles Vizcaíno Fernández socia y consejera de dicha empresa.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, en enero de 2007, Manuel Vizcaíno Fernández «contactó con Invercaria, aún sin haber constituido sociedad alguna, pero con la idea de desarrollar un negocio de Spa ligado a la actividad inmobiliaria», constituyendo la sociedad «Own & Spa» en febrero de ese año junto a María Ángeles Vizcaíno Fernández, con sede social en Bormujos (Sevilla) pero sin que se conozcan «centros de trabajo, producción o trabajadores».
ACTUACIÓN «A SABIENDAS»
María Ángeles Vizcaíno Fernández, hermano del anterior, se habría hecho después «cargo del proyecto», contactando con Invercaria, y tras diversas gestiones, Pérez-Sauquillo, «a sabiendas de que el director de Promoción se había opuesto» al proyecto de inversión en esta sociedad y de «que el proyecto tampoco fue analizado por el departamento de Análisis, tal y como describe el procedimiento establecido en el plan director de la compañía, decidió personalmente conceder la ayuda» solicitada por los empresarios.
Así, y siempre según la Fiscalía, Pérez-Sauqillo, como presidente de Invercaria, habría elevado el proyecto de inversión al consejo de administración de la entidad, en una sesión celebrado con la asistencia exclusiva de Bienvenido Martínez como consejero además del acusado, manifestando «que la inversión había sido aprobada por el comité de inversiones», aprobando el consejo «una financiación de 600.000 euros mediante una toma de participación de 300.000 euros y un préstamo participativo» por el mismo importe.
«Sin embargo, el consejo de administración sometió (la inversión) a la condición suspensiva de obtener autorización del consejo rector de la Agencia Idea, autorización que no se obtuvo», indica la Fiscalía, según la cual Pérez-Sauquillo firmó una asunción de participaciones de Invercaria en «Own & Spa» por valor de casi 150.000 euros, de manera «injustificada», y después otorgó un préstamo participativo a la entidad, también por importe de 150.000 euros.
LA EMPRESA ATT
Junto al pacto de inversión y el préstamo participativo, habría sido incluido un acuerdo entre la sociedad «Own & Spa» y la entidad mercantil ATT SL, perteneciente a Ángeles Vizcaíno, mediante la que ATT «prestaba asistencia financiera, de marketing u organizativa», es decir «la totalidad de la gestión de ‘Own & Spa’ a esta», toda vez que Ángeles Vizcaíno ingresaba 3.050 euros mensuales de ATT y el personal de dicha entidad eran «los socios» de «Own & Spa».
Según la Fiscalía, «Own & Spa» cuantificaba la inversión de su proyecto en 1,97 millones de euros, solicitando a Invercaria un préstamo participativo de 332.073 euros, un 16,8 por ciento del total marcado, si bien posteriormente la entidad habría aportado «nueva documentación» incrementando a 1,18 millones el capital requerido a Invercaria, «lo que suponía un 60 por ciento de la inversión total».
«Siempre y en todo caso, la viabilidad del negocio estaba condicionada a la obtención de la financiación pública requerida», indica la Fiscalía, precisando que con relación al mencionado préstamo, «Own & Spa» «sólo satisfizo el primer vencimiento, ocasionando un perjuicio de 304.044 euros al erario público».
Detectando presuntos delitos de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación, la Fiscalía reclama para el expresidente de Invercaria, en concepto de autor, diez años de inhabilitación especial por el primer delito y seis años de cárcel y diez años de inhabilitación absoluta por el segundo.
Para cada uno de los dos restantes acusados, como presuntos inductores, solicita seis años de inhabilitación especial por el primer delito y dos años y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación absoluta por el segundo.
