Más de 60 personas han denunciado haber sido víctimas de la supuesta trama de explotación laboral que actuaba a través de una agencia que se encargaba de atender a personas mayores y pacientes con algún tipo de discapacidad. Los hechos han ocurrido en Castroverde (Lugo), y según ha informado uno de los abogados del caso, los afectados podrían llegar incluso al centenar.
Gran parte de las afectadas son mujeres de origen sudamericano, sin papeles, algunas de las cuales ya han prestado declaración ante el juzgado que lleva la investigación, el de Instrucción número 3 de Lugo.
También lo han hecho las cinco personas investigadas por el artículo 311 bis del Código Penal (emplear a ciudadanos extranjeros o a menores de edad que carezcan de permiso de trabajo), que se han acogido a su derecho a no declarar.
Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a Europa Press, que ha indicado que «la instrucción del caso sigue abierta, pues quedan algunas diligencias por practicar» y que, por el momento, el número de víctimas está sin concretar.
El abogado ha comentado a este respecto que es posible que algunas de las afectadas no se atrevan a presentar denuncia. Las víctimas habrían sido supuestamente utilizadas por una agencia para dar atención a personas mayores, enfermas y con discapacidad, con 12 y 14 horas diarias de trabajo por entre 600 y 1.000 euros, de lunes a domingo, y cobraban en mano.
Entre las investigadas se encuentran la dueña de la agencia, de 48 años, y su hija, de 27; ambas responsables de la empresa sociosanitaria sita en el municipio de Castroverde, aunque ellas residen en el ayuntamiento limítrofe de Baleira.
SOCIEDAD EN LIQUIDACIÓN
El letrado consultado también ha avanzado que la compañía ha entrado en liquidación, lo que podría llegar a suponer un delito de alzamiento de bienes si se demuestra que entró en el proceso cuando, legalmente, ya no podía hacerlo.
De esta forma, entiende el representante legal de las víctimas, se cubrirían las espaldas ante posibles indemnizaciones por responsabilidad civil.
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR
A esta empresa adjudicó el municipio de Castroverde el Servizo de Atención no Fogar (SAF), aunque su alcalde, Xosé María Arias, aseguraba hace unos días que «en lo que le compete al Ayuntamiento no hay nada, estaba todo en regla». «Otras cosas son cosas en las que no me puedo meter como puedan ser empresas paralelas», agregaba.
También se ha pronunciado –este mismo jueves– el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que ha asegurado que espera «resultados» de la investigación.
Miñones ha señalado que aguarda, como con «todas las investigaciones que están en marcha», que haya «resultados de la misma». «Hay que dejar que hagan su trabajo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», ha sentenciado.
El delegado no ha querido entrar en si podría ser mayor el número de personas explotadas laboralmente o no, sino que se ha limitado a afirmar: «Cuando tengamos más información se trasladará».
