Glovo se toma con calma la nueva ley y mantiene a los ‘riders’ en situación precaria

Para ser una de las opciones laborales más accesibles para los inmigrantes, el oficio de rider se ha convertido, para muchos en un dolor de cabeza, que, tras la promulgación de la ley que se suponía que iba a significar una mejoría, ha ocurrido todo lo contrario, pues las empresas no han asumido al total de los trabajadores y las condiciones que ofrecen no son precisamente las más favorables. Glovo, Just Eat, Gorillas, Uber Eats y Getir son las más populares y las que cuentan con la mayor cantidad de afiliados.

Pablo Velázquez es venezolano, periodista y desde hace al menos tres años trabaja como rider. Es autónomo y desde su experiencia, con la promulgación de la «Ley Rider», han sido más las pérdidas que los beneficios para él y muchos de sus compañeros, que ha visto como cada día merman más sus ingresos debido a las limitaciones que, según ellos, imponen las plataformas como Glovo, que supuestamente favorecen a los que forman parte de su plantilla, asignándoles la mayor cantidad de pedidos por día.

Para muchos de ellos la solución es «rebuscarse», trabajando para dos o tres de las plataformas, porque los ingresos que les genera una sola no es suficiente para cubrir sus gastos corrientes. Esto sin contar las constantes rebajas en las tarifas que hace que sus ingresos mermen cada día.

«No es nada que hayan dicho de manera oficial, pero lo ves. Si estás con un grupo de riders y hay contratados y los que trabajamos de autónomos, te das cuenta cómo a ellos le llegan más pedidos que a los demás y no es una cosa que nosotros podamos controlar, porque es la plataforma con sus configuraciones», expresó Velázquez.

David Villegas es otro de los repartidores de varias de estas plataformas y aseguró a Moncloa que muchos han decidido dejar de trabajar en estas aplicaciones porque al final se han dado cuenta de que abusan de la necesidad de ellos. Las motos con las que trabajan son suyas al igual que todos los equipos de protección que deben utilizar; también las bicicletas y los monopatines, aquellos que no tienen cómo adquirir una motocicleta.

«Es que no es rentable. Son demasiadas las horas que debemos estar en la calle, bajo las condiciones que sean, y al final lo que ganas apenas te alcanza, porque entre la gasolina, las horas de espera, las reducciones de las tarifas y todas las condiciones que nos ponen, de verdad no es un buen trabajo, pero uno lo hace porque necesita algún ingreso para vivir, pero si te soy sincero, es terrible. Antes, cuando comenzaron a ser populares estas aplicaciones, se podía hacer mucho más dinero. Las regulaciones lo que han hecho es perjudicarnos», contó el repartidor.

En Moncloa quisimos tener también la versión de Glovo, que es la compañía con mayor número de repartidores afiliados y la más popular entre ellos, pero tras un par de días de espera, la compañía envió un breve comunicado a través del WhatsApp en el que asegura que: «Como empresa española tenemos un claro compromiso con el país y con el impulso de la economía digital. Parte de ese compromiso incluye la adaptación al marco regulatorio actual, tal y como hacemos en los 25 países en los que estamos presentes».

Aseguran que en Glovo estuvieron trabajando para adaptarse a la regulación actual, pero que el periodo de transición ha sido muy corto para todos los cambios que se debían hacer. «Por un lado, se inició el proceso de contratación directa de repartidores, con horarios y retribuciones fijas y rutas concretas para aquellos servicios que, por su naturaleza, son viables tecnológica y operativamente».

Malas prácticas

Si bien es cierto que las plataformas digitales se convirtieron en una opción laboral para muchos inmigrantes, entre ellos mismos han denunciado que existen algunos trabajadores que, con sus acciones irregulares perjudican a los que trabajan honradamente, a pesar de las condiciones en las que tienen que trabajar.

Quizá sean leyendas urbanas, como asegura una fuente consultada por Moncloa, relacionada con Glovo, pero entre los diferentes grupos y comunidades de riders denuncian la existencia de hackers que por el pago de entre 300 y 500 euros supuestamente configuran la aplicación para conseguir la asignación de una mayor cantidad de pedidos.

Los repartidores también denuncian que entre las malas prácticas de otros riders está ubicarse en posiciones estratégicas de la ciudad, específicamente en las entradas y salidas de túneles, porque al momento de que la plataforma les asigna los pedidos, el gps reconoce las rutas más largas para llegar hasta el lugar de recogida, lo que les significa a ellos una mayor ganancia de dinero y así logran burlar las tarifas que asigna la plataforma.

«Esas trampas que hacen traen consecuencias; porque cuando las plataformas las descubren de inmediato bajan las tarifas, para no perjudicar al cliente, pero al final terminamos perjudicados los repartidores que no hacemos parte de esas movidas», expresó Velázquez.

Al final, lo que en principio surgió como una herramienta para facilitar a los ciudadanos la posibilidad de tener un mayor y mejor acceso al reparto a domicilio, se ha convertido en un dolor de cabeza para repartidores, clientes y las propias compañías.