Ningún vocero de la compañía quiere hablar. Solo compartieron un escueto comunicado de prensa a través del cual se << defienden>>, por adelantado, de la imputación por la cual fueron citados a declarar el próximo 15 de junio. Hablamos de la aerolínea venezolana Plus Ultra; sí la misma que niega tener vínculos con el régimen de Nicolás Maduro, pero que ahora tendrá que explicar ante la justicia española si los 53 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez le dio para salir a flote, realmente fueron utilizados para reflotar a la compañía.
Se espera que la próxima semana el representante legal de la compañía beneficiada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) dé la cara ante la jueza Esperanza Collazos, titular del Juzgado Central de Instrucciones número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, para responder ante la demanda presentada por VOX y tras las diligencias practicadas por el juzgado y por peritos independientes, y hechas públicas en marzo, que ahora derivan en la necesidad de aclarar ciertos aspectos de la investigación que solo pueden ser respondidos por el representante legal de la aerolínea.
«La aerolínea muestra su satisfacción por la posibilidad de exponer al Juzgado su postura, en el pleno convencimiento que tiene de la legalidad de la ayuda concedida, y de poder demostrar que la compañía cumplía todos los requisitos necesarios para acceder a los préstamos de la SEPI», señala la cuestionada empresa en el comunicado que hizo llegar a este medio, donde por ninguna parte hacen mención a la figura de la imputación.
Pese a todos los conflictos legales, Plus Ultra sigue ofreciendo boletos para viajar a Venezuela, República Dominicana, Perú y Colombia, con la flota de cuatro aviones con los que cuenta. En España el polémico rescate otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que la consideró como una empresa «estratégica», para el Estado español.
El juzgado que investiga la causa ya había ordenado anteriormente a la aerolínea presentar cada mes la consignación de sus flujos de caja a través de la SEPI, con la intención de monitorear de qué manera se iban a invertir los recursos dados por el Gobierno Español.
Este es el único tema al que hacen referencia los de aerolínea en el comunicado que hicieron llegar a este medio de comunicación, señalando que el juzgado había decidido que no era necesario la presentación de los informes.
«En este punto del procedimiento, Plus Ultra Líneas Aéreas quiere también dejar constancia de que el Juzgado ha aclarado reciente y favorablemente hacia la no necesidad de que se aporten en el procedimiento los informes que está presentando Plus Ultra Líneas Aéreas a la SEPI, como solicitaba VOX como parte demandante. Según aclara el Juzgado, SEPI únicamente ha de informar de si, efectivamente, la aerolínea española está haciendo el reporting comprometido; algo que, como quiere aclarar Plus Ultra Líneas Aéreas, se está llevando a cabo en los plazos y con la periodicidad que dispone el contrato con la SEPI», expresó la compañía venezolana a través de un correo electrónico, a pesar de que fueron contactados a través de su agencia de comunicación para solicitar una entrevista con algún vocero que hablara sobre la comparecencia que tendrán el próximo 15 de junio.
La compañía se defiende, señalando que todo este escándalo en el que se han visto envueltos por todas las circunstancias que rodearon el rescate económico con el cual los benefició Pedro Sánchez y su Gobierno les ha causado daños comerciales y les ha afectado la reputación, pero por ninguna parte mencionan que así como han sufrido <<daños>> ellos, la empresa aparece dentro de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en su más reciente informe, como la línea aérea con más reclamaciones en el país, debido al precario servicio que prestan a sus clientes.
«Plus Ultra Líneas Aéreas desea que este sea un paso más hacia la necesaria finalización de un procedimiento que se ha convertido en muy mediático por razones puramente políticas, se viene alargando desde hace más de un año, y está generando un innecesario y absolutamente injustificado daño comercial y reputacional a la compañía», señaló la compañía en su comunicado.
Habrá que esperar entonces hasta el próximo miércoles 15 de junio a ver quién será el representante de la aerolínea Plus Ultra que dé la cara ante las autoridades del Juzgado Central de Instrucciones número 15 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el acto donde será imputada la compañía.
Plus Ultra tendrá que explicar el por qué parte de los 53 millones de euros que recibieron en dos pagos, por las autoridades españolas, fueron a parar a las arcas de la compañía estatal venezolana Petróleos de Venezuela, (PDVSA), apenas les fue entregado en dinero, tal como lo señalaron los peritos independientes encargados de hacer la evaluación encargada por el juzgado que lleva la causa.
