domingo, 3 julio 2022 13:29

Rechazada la petición de la juez de ‘Sito Miñanco’ y ‘PDVSA’ para que le concedieran un magistrado de apoyo

El Ministerio de Justicia ha rechazado la petición formulada por la titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, María Tardón, para que le concedieran un magistrado de apoyo, debido a la elevada carga de trabajo. Ese exceso abarca causas como la del narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, o las presuntas operativas de blanqueo de capitales derivadas de las supuestas corruptelas en PDVSA.

La magistrada de la Audiencia Nacional solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un juez de apoyo sin funciones jurisdiccionales, una petición que la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 21 de abril remitir al Ministerio de Justicia para que diera la autorización económica a esta medida de refuerzo.

Sin embargo, la cartera que dirige Pilar Llop ha denegado la medida refuerzo, que contaba con el informe desfavorable del Servicio de Inspección del CGPJ, conforme ha avanzado ‘El Mundo’ y han confirmado fuentes jurídicas.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6, dirigido por Manuel García Castellón, que investiga macrocausas como ‘Tándem’ o ‘Púnica’, entre otras, ya reclamó en su día esta medida de apoyo. Actualmente, cuenta con Joaquín Gadea y Daniel González Uriel como magistrados de refuerzo.

En el caso de Tardón, en su juzgado recayó la investigación sobre la presunta participación de ‘Sito Miñanco’ en dos operaciones de 2017 con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína, así como sobre la supuesta existencia de un entramado criminal paralelo para blanquear el dinero obtenido con la droga.

La instructora procesó a Prado Bugallo y a otras 45 personas en diciembre de 2020, si bien los numerosos recursos presentados han provocado un estancamiento de la causa. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó el procesamiento de ‘Sito Miñanco’ en mayo de 2021.

Otra de las grandes causas que investiga Tardón es la relativa a la petrolera venezolana. Después de pasar por diversos juzgados, el caso PDVSA acabó en la Audiencia Nacional con distintas vertientes, lo que provocó que el pasado mes de noviembre se dividiera en tres piezas separadas.

Una primera sobre los hechos denunciados por PDVSA contra más de una veintena de personas, entre físicas y jurídicas, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales cometidos en territorio español y los previos para producirlo de organización criminal para la comisión de actos de corrupción, defraudación y otros cometidos en el extranjero.

La segunda se centra en la denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2017 por delitos de blanqueo de capitales respecto a “fondos procedentes de una actividad dirigida a la defraudación y/o apropiación del patrimonio de PDVSA y otras empresas públicas de Venezuela”, como Corpoelec; mientras que en la tercera se investiga una presunta operativa de lavado de dinero del ex viceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos.

Destaca igualmente la investigación del Juzgado Central de Instrucción Número 3 sobre el proceso de venta de las plantas de Alú Ibérica en Avilés y A Coruña. Tardón autorizó el pasado mes de noviembre a que Alu Ibérica LC, Alu Ibérica AVL e Iberian Green Aluminium Company entraran en concurso voluntario de acreedores al considerar que era la “única vía” para la “protección” de los trabajadores.