El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pronostica que el nuevo cuerdo de Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que el Consejo Territorial llevará a cabo a finales de junio, a la espera de ser aprobado por las comunidades autónomas, supondrá un incremento del empleo con más de 34.000 puestos creados en residencias y centros de día hasta 2029.
En concreto, fuentes del Ministerio de Derechos Sociales señalan que el incremento del número de trabajadoras y trabajadores supondrá la creación de 21.071 empleos en las residencias de forma progresiva hasta diciembre de 2029, y de 13.223 empleos en centros de día hasta diciembre de 2023.
Además, precisan que estos 34.000 nuevos trabajadores desempeñarán funciones relacionadas con la atención directa de primer nivel –personal gerocultor, cuidadores y educadores– y de segundo nivel –psicólogos, fisioterapeutas, profesionales de la enfermería y trabajadores sociales–.
Este incremento se producirá, según prevén, por el incremento de las ratios de personal en residencias y centros de día previstos en el Acuerdo sobre el nuevo modelo residencial. Según el documento, en las residencias para personas mayores deberá alcanzarse en 2029 una ratio de un profesional por cada dos personas residentes (0,51), y en los centros para personas con discapacidad, una ratio de cuatro profesionales por cada siete residentes (0,58).
Si se tiene en cuenta solo la atención directa de primer nivel (gerocultores, cuidadoras), el Acuerdo obliga a incrementar la ratio a tres profesionales por cada siete personas residentes en las residencias para personas mayores (0,43) y, en centros para personas con discapacidad, a un profesional por cada dos residentes (0,50).
Esta es una de las medidas que contiene el Acuerdo sobre el nuevo modelo de residencias que el Ministerio de Derechos Sociales llevará a finales de junio a un nuevo Consejo Territorial, después de que el pasado 25 de mayo no consiguiera cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas para su aprobación.
Entre las comunidades que mostraron su rechazo al documento se encontraban la Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta (presididas por el PP), Castilla-La Mancha, Extremadura (presididas por el PSOE), País Vasco y Cataluña, según indicaron fuentes conocedoras de la reunión.
Por su parte, Castilla y León y Asturias mostraron su intención de abstenerse; y Navarra, Baleares, Aragón, Comunidad Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y Melilla se han mostrado a favor.
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales precisaron entonces que habían acordado «posponer la votación» a la espera de «cerrar los últimos detalles». Ahora, prevén que la votación se produzca a finales de este mes cuando el Ministerio convoque un nuevo Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia.
Además de las ratios de personal, el Acuerdo fija, entre otras medidas, un plazo de tres años para la «supresión total» de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establece que las nuevas residencias públicas deberán contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales. Además, los centros proyectados no podrán superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.
En anteriores borradores del texto, la exigencia de un límite de plazas y del 65% de habitaciones individuales afectaba también a las residencias ya existentes pero este punto se eliminó del Acuerdo, para aludir únicamente a los centros de nueva construcción.
El apartado que sí se ha mantenido en el documento y que afecta tanto a las nuevas residencias que construyan a partir de ahora como a las ya existentes, es la implementación de las unidades de convivencia de 15 personas para que la vida en la residencia se parezca lo más posible a un «hogar».
