La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado este lunes en Santander que no hay lucha «más esencial» que la del derecho a ser. A su juicio, cuando España se referencia en el movimiento feminista y LGTBI «crece en democracia y en la capacidad de ser valiente».
El país crece, ha asegurado, «en implementar todas las medidas para garantizar todos los derechos para todas las personas LGTBI» y como consecuencia «España es un país mejor porque todo el mundo puede vivir mejor y tiene más posibilidades para ser feliz y desarrollar sus proyectos de vida como quiera».
Además, ha alertado de que «el ciclo reaccionario está muy determinado a retroceder en esos derechos», ha añadido la ministra, para quien «la única forma de frenar a quienes quieren que retrocedamos es avanzar más, más rápido y con más orgullo».
Montero se ha pronunciado así en su intervención, a través de videoconferencia, en el curso ‘El camino del arcoiris: retos urgentes para los derechos LGTBI’, que se celebra desde hoy y hasta el miércoles en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
La titular de Igualdad ha defendido que los derechos LGTBI no son «accesorios» sino derechos humanos fundamentales, como «el derecho a ser sin culpa y sin estigma»; y son el «núcleo central» del proyecto político de su Ministerio.
Se ha congratulado de que España ha sido «un país pionero» en reconocer este tipo de derechos y un referente, donde ha aludido a la Ley Trans que, según ha dicho, se aprobará en el Congreso «antes del verano», además de destacar que es una de las normas «más valoradas y que mayor consenso» ha generado. Si bien ha advertido que, pese a ello, se han recrudecido los discursos del odio y las agresiones, por ejemplo con la pandemia de Covid, que ha obligado a muchas personas a «volver al armario».
En este contexto ha explicado que los principales objetivos del Ministerio, de la mano de los objetivos LGTBI, son consolidar los avances legales en materias como el derecho a la reproducción asistida, para «garantizar los proyectos de vida» del colectivo; garantizar el acceso efectivo a todos los derechos para todas las personas LGTBI; y el «aporte» como país y sociedad para evitar retrocesos, pues en Europa hay estados «con voluntad de que haya retrocesos» y que vulneran los derechos de estas personas.
Entre las herramientas para conseguirlos ha citado la Estrategia Europea LGBTIQ, «muy innovadora y ambiciosa»; y en el caso de España, la nueva Ley Trans para la libertad de género y el acceso efectivo a los derechos; la Ley de Familias que el Gobierno impulsará en septiembre que contempla la igualdad de derechos para todos los modelos de familias; o el teléfono de atención 028.
«Creo que tenemos que estar muy orgullosas del país en que vivimos y visibilizarlo», ha dicho, instando a «redoblar los esfuerzos para demostrar que ese orgullo existe y es una de las herramientas más valiosas que tenemos los demócratas para defender la democracia misma» frente a los retrocesos como «la reamarización» –volver al armario–.
Montero ha expresado también la voluntad del Gobierno de que España sea «un país de vanguardia» en estos derechos y que su visibilidad «ayude a otras personas a ser visibles y pelear por sus derechos, ser felices y que eso no tenga consecuencias ni vulneraciones de derechos».
La ministra también ha reconocido la capacidad del movimiento LGTBI para «poner el cuerpo, defender sus derechos y los derechos humanos, la democracia», y ha instado a ser capaces de que «nuestro país se reconozca en esos valores, en la valentía, en poner el cuerpo para los avances democráticos».
Montero se ha pronunciado de este modo en la mesa redonda ‘El estado de la cuestión. ¿Cuáles son los retos fundamentales a los que se enfrentan los derechos LGTBI en 2022?’ en la que también han intervenido la jefa de la Unidad SOGI, Eleni Tsetsekou, y el asesor científico y jefe de unidad interino, Ioannis Dimitrakopoulos, moderados por la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez.
«NO SOMOS UNA IDEOLOGÍA»
Por su parte, Ángela Rodríguez ha subrayado durante su intervención en la inauguración del curso que las personas LGTBI no son «una ideología, somos una realidad», que quiere que se reconozcan sus derechos, de los que «sigue siendo difícil hablar» en un contexto político «que no es sencillo».
Si bien ha señalado que, «aunque no son tiempos fáciles», hay «señales de luz», pues cada vez hay más diversidad en la educación o la cultura, aunque el colectivo LGTBI todavía «no pertenece a este mundo de la misma manera. «Queremos amar libremente y eso pasa porque se nos reconozcan los derechos; hay que avanzar para que dejen de existir obstáculos para nuestros derechos», ha defendido.
En este sentido se ha referido a «retos» como el derecho a la familia de la comunidad LGTBI –«tenemos más difícil tener una familia», ha asegurado Rodríguez, que ha abogado por el concepto ‘familia arcoñiris’–, el derecho a la vivienda, pues es más difícil acceder a un alquiler, o la violencia intragénero, que no se reconoce y por tanto, no ofrece recursos a sus víctimas.
«Más allá de los derechos LGTBI, existen obstáculos que son los mismos que del resto de la ciudadanía», ha asegurado, y ha afirmado que la futura ley trans y de derechos LGTBI supondrá un avance, por ejemplo para reconocer que los trans no son enfermos. «El cambio va más allá de la legislación: es profundamente cultural y responde a quienes seguimos sin derechos», ha asegurado.
También ha considerado «un acierto» hacer un curso sobre esta temática en la universidad. «No es una pequeña cosa: la gente necesita escuchar que sus vidas son válidas», ha afirmado Rodríguez, que espera que esta actividad tenga continuidad.
En este sentido, el rector de la UIMP, Carlos Andradas, se ha referido al carácter simbólico de este curso en un espacio como la universidad «que debería ser sinónimo de libertad de ideas y expresión» pero en la que ha habido «temas y verdades ocultos o prohibidos» por una ideología que ha «contaminado» debates sobre un debate tan «simple y complicado» al tiempo como que los ciudadanos tienen que tener los mismos derechos.
Andradas ha coincidido en que la futura ley eliminará «barreras estructurales» que hasta hora diferencian los derechos, y permitirá que cada persona pueda ejercer su diversidad «con autonomía y libertad». «Hay que avanzar en iniciativas como este curso, como la futura ley y otras para poder recorrer el trecho que nos separa de situaciones que deberían ser más normales», ha aseverado.
