Un informe encargado por el presidente valenciano Ximo Puig aconseja que la sede de Puertos del Estado se ubique en Valencia y que parte de las sesiones del Senado se celebren en Barcelona para contribuir a «la reconexión emocional» entre Cataluña y el resto del Estado.
Ambas medidas son síntoma de que el dirigente socialista anda inquieto y pretende posicionarse como un elemento descentralizador, quizá para amortiguar el duro golpe que ha supuesto la caída de su emblemática vicepresidenta Mónica Oltra, que ha dimitido tras ser investigada porque presuntamente encubrió los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana.
SALTO DEL BARCO
La dirigente de Compromís decidía esta semana saltar del barco tras unos días en los que amagó indiferencia: «Me voy con la cara bien alta y los dientes apretados. No voy a comprometer el cambio que se inició en 2015. No voy a ser su coartada para que expulse a Compromís del Gobierno».
Oltra asegura que no necesita «estar aforada. Si no soy digna de estar en el Gobierno, menos lo soy de estar en la Cámara de representación popular». Y añade sobre su excompañero de Consell: «Hubiera esperado el apoyo de Puig, pero sabía que no había probabilidades. Hace tiempo que no espero nada».
La exvicepresidenta se mostró decepcionada con las palabras de Puig, que intentó quitar hierro a que la demanda fuese impulsada por una fundadora de Vox, Cristina Seguí, y el líder de la formación ultraderechista España 2000, José Luis Roberto.
El socialista aseguró que no creía en «teorías de ninguna conspiración. Lo que sí creo es que hay intereses determinados por intentar pervertir la verdad. Tengo tanta confianza en la Justicia como desconfianza en las derechas valencianas respecto a la búsqueda de la verdad».
QUERELLA
Seguí afirma sobre Oltra que «la propia aforada ha reconocido ya en sede parlamentaria que cuando tuvo conocimiento de los hechos de los que se acusaba a su marido y de la existencia de un procedimiento de instrucción penal por los mismos dio instrucciones para que se recabara información en relación a dichos hechos, generando de facto una instrucción o investigación paralela a la judicial lo cual conculca por completo la absoluta prioridad del derecho penal frente al derecho administrativo. Esta prioridad vacía de causa la existencia de la propia investigación paralela. Investigación paralela que, dado su carácter absolutamente injusto e ilegítimo, se tramita muy a conciencia de forma secreta y oculta como una Información reservada».
Y asegura que las «conclusiones y medios de prueba apuntan a la desacreditación de la menor y de su estado mental, lo cual después ha sido desmontado por profesionales independientes del Instituto de Medicina Legal de Valencia y por la propia Audiencia Provincial. Ambos organismos coinciden en que la credibilidad de la menor es superior a la media, muy al contrario de lo que quería sostener la Consejería».
La denuncia dice que «resulta evidente que existen indicios más que suficientes de la aforada dio la orden de que se practicara dicha Información reservada. No se puede obviar que días después en su propia Consejería se practicó un expediente con dicho objeto exactamente. Un expediente secreto y parajudicial. No se puede obviar que la conjunción de dichos elementos objetivos apunta a una dirección: a que la Sra. Oltra dio la orden».
Cabe recordar que Oltra ha dimitido después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia haya dado la razón a la Fiscalía al ver «indicios» de un pacto entre la exvicepresidenta y algunos funcionarios para «proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada».
