Corría julio de 2020 cuando el Consejo Europeo autorizaba el Fondo de Recuperación Next Generation EU, un plan de incentivos de 750.000 millones de euros (807.000 a precios corrientes) para que las economías de los 27 afrontaran la crisis económica provocada por la pandemia. A España, en principio, le correspondían unos 140.000 millones, divididos a casi partes iguales entre ayudas directas y créditos blandos.
Desde finales de 2021, el Gobierno español y sus socios comunitarios licitan concursos y conceden subvenciones que suman ya decenas de miles de millones de euros con cargo a los fondos de recuperación. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea y la propia Comisión han decidido no publicar de una manera ordenada y sistemática los nombres de los beneficiarios de esas ayudas directas y de los créditos, un comportamiento deliberado para escapar del escrutinio público y de la transparencia en su gestión.
Ni en Bruselas ni en otras capitales europeas existen bases de datos abiertas que centralicen la publicidad de los contratos y las subvenciones y sus receptores. No hay forma de que los nombres de los beneficiarios se consulten de una manera sencilla. Así lo constatan los periodistas del proyecto ‘The Recovery Files’*, una alianza de medios de 22 países que pretende arrojar luz sobre la forma en que las instituciones comunitarias y nacionales emplean el dinero de los contribuyentes europeos e informar acerca de cómo combaten las actividades fraudulentas, los conflictos de interés y los casos de corrupción.
Los problemas en España se iniciaron antes incluso de que comenzaran a publicarse las convocatorias de licitaciones, subvenciones y ayudas. Apenas unas semanas después de que se aprobara el plan de recuperación en Bruselas, a mediados de octubre de 2020, la Guardia Civil intervenía una conversación telefónica entre David Madí, empresario y miembro del círculo político más cercano a Carles Puigdemont, y el consultor Joan Ferrán Oliva. Según el sumario del ‘caso Volhov’, al que tuvo acceso este medio y que investiga el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Madí sugirió que esos 140.000 millones eran “una merienda de negros” y verbalizó que acababa de tener una reunión en “petit comité” sobre el asunto con Iván Redondo, en aquel momento todavía director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez. Esa conversación no formaba parte de sumario original, sino que es un procedimiento separado que adjuntó el juez Joaquín Aguirre en verano de 2021.
Madí está siendo investigado por varios presuntos delitos, entre ellos, el de malversación de caudales públicos en el “caso Volhov”. Conforme a la lectura del sumario, este exdirigente de Convergencia Democrática de Cataluña era presuntamente una de las personas responsables de conseguir financiación para culminar el ‘procés’.
Pero no sólo el juzgado de Barcelona investiga los contenidos de esa conversación, sino también la Fiscalía Europea. Madí y Ferrán están citados a declarar el próximo 19 de julio para dilucidar si en algún momento quisieron beneficiarse ilícitamente del reparto de fondos europeos. La Fiscalía Anticorrupción no ha entrado en el caso.
David Madí califica de “argumentos prospectivos” los planteados por la Fiscalía Europea y niega rotundamente que mantuviera “reunión privada” alguna con Iván Redondo. Explica que se trató de una reunión de 60 personas en medio de la pandemia entre Foment del Treball, la patronal catalana y de la que es miembro del consejo asesor, y la Presidencia del Gobierno con la presencia de Redondo. El objetivo era explicar la estrategia del Gobierno para gestionar los fondos europeos.
Añade el actual presidente ejecutivo de la Compañía General de Aguas de Cataluña que en una interpretación estrictamente jurídica, “si hubiera algún caso hipotético de intento de desvío de fondos europeos, el sujeto público sería Iván Redondo”. Para Madí “es un caso absurdo” y señala que ya “la Fiscalía Anticorrupción se opuso” a iniciar diligencias, por lo que pedirán en julio el archivo de la causa.
No se trata de un caso aislado en nuestro país. Pasados pocos meses desde el inicio de las convocatorias, en España ya se acercan a la veintena las investigaciones abiertas por los fiscales de la UE, según fuentes jurídicas. Preguntada la Fiscalía Europea, una portavoz declinó informar sobre los casos que se investigan en España por el supuesto uso irregular de los fondos Next Generation EU.
Promesas rápidamente incumplidas
La falta de transparencia contradice las declaraciones de varios líderes de la UE en favor de luchar contra la opacidad en la gestión de los fondos europeos. Pocas semanas después de que se aprobara el plan de recuperación, el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguraba lo siguiente: “Tenemos que cerciorarnos de que la información de todos los paquetes de estímulo [económico] esté accesible en plataformas de datos abiertos para permitir a los ciudadanos seguir la pista del dinero; ello con el fin de prevenir así la ineficacia y la corrupción”.
Por su lado, varios miembros del Gobierno de Pedro Sánchez han reiterado la necesidad de hacer una gestión transparente de los fondos europeos. En marzo de 2021, el propio presidente manifestó en sede parlamentaria que su Ejecutivo garantizaría la “transparencia, ejemplaridad, eficacia, transformación y renovación y modernización” de la economía mediante una buena gestión de los fondos de recuperación.
Sin embargo, la máxima responsable del Plan de Trabajo para la Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, Céline Gauer, no ve necesario que la identidad de los beneficiarios se deba publicar. Entrevistada por periodistas de ‘The Recovery Files’, afirma que no ve “en qué puede ayudar a nadie que se publique un listado que incluya los nombres de la gente que está rehabilitando sus casas” con estos fondos.
Gauer recalca que no existe un respaldo normativo que obligue a las instituciones europeas y nacionales a poner a disposición de los ciudadanos una base de datos que incluya a todos los beneficiarios. “Queramos o no, no existe. No es que no se discutiera en su momento, pero los legisladores decidieron que no hubiera ese registro público, ni el Consejo Europeo ni el Europarlamento lo estimaron oportuno”, puntualiza Gauer.
Como subraya un portavoz del Ministerio de Hacienda español, el reglamento europeo que regula el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tan sólo establece la obligación para las administraciones de recabar internamente los datos de los beneficiarios “a efectos de auditoría y control del uso de los fondos”.
La británica Helen Darbishire, experta en transparencia, se expresa con decisión y vehemencia cuando se trata de pedir toda la información posible sobre los receptores de los fondos europeos. “Desde Open Spending EU Coalition [una alianza de activistas europeos en favor de la rendición de cuentas] solicitamos total transparencia para identificar a los beneficiarios y máxima información en procesos de contratación, pero no sólo eso, sino que también queremos que los registros mercantiles sean de libre acceso para conocer quiénes son los verdaderos propietarios de esas empresas que obtienen los fondos públicos”.
Las raíces de esa opacidad alentada por las instituciones comunitarias hay que buscarla en las negociaciones entre los Estados miembros, con la participación del Parlamento Europeo y la Comisión. Algunos eurodiputados mostraron en 2020 su inquietud por futuros casos de fraude y corrupción si no se tomaban medidas preventivas.
Tana Foarfa, consejera del europarlamentario rumano Dragos Pislaru del grupo liberal Renovar Europa, explica: “Nuestro deseo era la creación de una única base de datos en la que se recogiera toda la información de los beneficiarios”.
Sorprendentemente, fue Alemania el país que lideró la idea de que no hubiera un registro único de beneficiarios en Bruselas. El Gobierno de Berlín, que estuvo al frente del Consejo Europeo en el segundo semestre de 2020, no mostró interés alguno en elaborar un base de datos centralizada que estuviera a la libre disposición de todos los ciudadanos. Este hecho lo afirma un funcionario de alto nivel que trabaja en el departamento financiero de la Comisión Europea y que prefiere ocultar su identidad.
El eurodiputado alemán Damian Boeselager, del grupo de los Verdes y miembro activo en las negociaciones, lo corrobora. “Los representantes del Gobierno alemán se posicionaron en contra de publicar los nombres de los beneficiarios e, incluso, contra la obligación de crear sistemas de datos que relacionaran a unos receptores de fondos con otros”, relata Boesalager. Lo explica así: “Esa decisión casa con el siguiente principio: si tú no miras mis cartas, yo no miraré las tuyas; lo que implica que de alguna forma estás aceptando que haya casos de corrupción”.
De momento, según han podido verificar los reporteros de ‘The Recovery Files’, sólo dos países tienen la intención de publicar las informaciones de los beneficiarios en una base de datos accesible para cualquiera que quiera consultarla: Lituania y Eslovaquia.
El diario Die Welt descubrió que el Gobierno de Berlín se lo planteó en algún momento en clave nacional, pero los ministerios no llegaron a un acuerdo. El Gobierno alemán declinó responder a las razones del disenso.
En Francia, a pesar del fervor mostrado por Macron a favor de la transparencia, tampoco se han adoptado las medidas de rendición de cuentas que su presidente alentaba en público. El Ministerio de Economía asegura a Le Monde que un registro único, digital y accesible para todos no se va a hacer realidad.
España tampoco es una campeona en transparencia
En respuesta a peticiones de información pública y a preguntas dirigidas por este medio al Ministerio de Hacienda, el Gobierno español señala que los receptores de los fondos europeos se irán publicando en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Sin embargo, en esos dos portales digitales no es posible consultar de forma sistemática y ordenada la información de todos los beneficiarios. El Ejecutivo no tiene intención de publicar en un sitio web un registro centralizado con datos detallados y de fácil acceso sobre los receptores de los fondos Next Generation EU.
Más allá de la publicación de las informaciones completas de los beneficiarios, el pasado mes de abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) solicitó mayor transparencia al Gobierno de Pedro Sánchez en la ejecución de los fondos Next Generation EU. La AIReF considera “necesario un esfuerzo de transparencia y coordinación entre todos los ámbitos” de las administraciones públicas.
En ayudas directas, hoy día y tras un incremento de las ayudas directas por parte de Bruselas gracias a los malos datos de PIB del 2021, España tiene derecho a un desembolso total de casi 90.000 millones de euros; 77.340 millones corresponden al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y 12.436 millones a la partida de fondos de cohesión territorial llamada REACT-EU. Tras la transferencia autorizada por la Comisión de 12.000 millones el pasado lunes a través del MRR, a finales del verano España habrá recibido más de 43.000 millones de euros.
No obstante, de los 28.246 millones comprometidos por conceder en 2022 del MRR, hasta el 2 de junio sólo se habían entregado 3.109 millones, es decir, el 11 por ciento.
Señales preocupantes sobre los fondos europeos
La veintena de investigaciones que la Fiscalía Europea tiene ya abiertas sobre casos de supuestos usos indebidos de los fondos Next Generation EU deja constancia de la necesidad de la transparencia y la rendición de cuentas de las que deberían hacer gala las instituciones para ayudar a la recuperación económica tras los estragos causados por la pandemia.
Los comienzos del plan de recuperación 2021-2027 no parecen ejemplares. El propio Pedro Sánchez publicó un artículo en el diario El País el 7 de marzo de 2021 donde avanzaba qué empresas iban a ser las adjudicatarias de una parte importante de las ayudas del plan estratégico del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC). El presupuesto máximo de las ayudas de ese plan es de 1.425 millones de euros en forma de préstamos blandos y 1.550 millones en subvenciones hasta 2023. Para el presidente del Gobierno, ese consorcio privado-público para poner en pie una fábrica de baterías tenía dos ganadoras de antemano: el Grupo Volkswagen e Iberdrola.
El problema, efectivamente, es que las bases reguladoras para postularse a esas ayudas del PERTE VEC se publicaron el 28 de diciembre pasado en el BOE. Esto ocurrió más de nueve meses después de que Sánchez adelantara los nombres de dos de los beneficiarios, contraviniendo así la Ley de Contratación Pública y la Ley de Subvenciones en convocatorias y licitaciones competitivas.
Los ministerios competentes en la administración general de los fondos europeos (Hacienda) y en la ejecución y desarrollo del PERTE VEC (Industria) no quieren saber nada del artículo publicado en El País. Un representante del Ministerio de Industria afirmó que los contratos relacionados con esa licitación “se adjudicarán en concurrencia competitiva” y conforme a la ley.
Una lucha contra la corrupción en entredicho
El director general de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el finlandés Ville Itala, ya advirtió del “gran riesgo” de que se produzcan casos de corrupción porque algunos países se negaron a crear una base de datos común para centralizar las informaciones de adjudicadores y adjudicatarios de los fondos de recuperación. Al carecer de ese registro común, “no tenemos las mismas posibilidades de seguir la pista del dinero y la información y, por tanto, de saber quiénes son los beneficiarios finales”, declaró Itala en una entrevista al Financial Times.
También resulta desconcertante lo que un portavoz del Tribunal de Cuentas Europeo relata a los periodistas de ‘The Recovery Files’: aún se desconoce cómo serán auditadas las cuentas de los más 800.000 millones destinados a los fondos Next Generation EU. “De algún modo, estamos en un territorio incierto respecto a los detalles técnicos de cómo serán las auditorías”, señala. Añade: “Probablemente, los Estados miembros tendrán que entregarnos los datos y dependiendo de cada caso específico podríamos también consultar a las autoridades de los diferentes niveles de gobierno”.
Un estudio científico publicado por investigadores de universidades prestigiosas como las de Cambridge y Gotemburgo concluyó que cuanto más transparentes son los procesos de contratación menor es el número de casos de corrupción que se produce y menor es la cantidad de dinero que se malgasta.
—-
* ‘The Recovery Files’(#RecoveryFiles) es un proyecto periodístico transnacional que investiga la gestión del Plan de Recuperación de la Unión Europea y sus fondos Next Generation EU. Reporteros de investigación y medios de 22 países se han unido para colaborar con la coordinación del medio neerlandés Follow the Money. Entre los medios participantes están el Grupo Merca2 y El Confidencial en España, Le Monde (Francia), Die Welt (Alemania), De Tijd y Apache (Bélgica), IrpiMedia (Italia), Atlatszo (Hungría), Ostro (Eslovenia/Croacia) o Context Investigative Reporting Project (Rumanía).
—-
¿Tienes información sobre este tema u otros de interés público? Envíanosla a investigacion@merca2.es. Gracias.
