La ex fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, está desde hace por lo menos nueve meses en España, a la espera de que le respondan una solicitud de asilo político, porque según ella, es perseguida del régimen de Nicolás Maduro, y está tan desesperado por conseguir su objetivo que hasta solicitó apoyo de la embajada de Venezuela, del gobierno interino de Juan Guaidó, que está a cargo del Embajador Antonio Ecarri.
La ex funcionaria chavista llegó al país, procedente de Colombia, donde inicialmente había asentado su residencia y tenía un estatus de refugiada, pero después de cuatro años en ese país, alegó que ya no se sentía segura, porque según ella, la permeabilidad de la frontera con Venezuela la colocaban en una posición vulnerable y de inseguridad.
Tras su arribo a España, en octubre de 2021, la fiscal chavista comenzó a establecer contactos con la disidencia venezolana, buscando apoyos y respaldo para su causa de asilo. De manera extraoficial se supo que Luisa Ortega fue recibida en una reunión por el embajador Ecarri, quien tras escuchar su petición se negó a colaborar con ella, pues el funcionario del gobierno interino de Juan Guaidó no comulga con la posición adoptada por esta mujer, cuyo pasado chavista es innegable, a pesar de que ella insiste en decir, una y otra vez, que ya no apoya al régimen de Nicolás Maduro.
La ex funcionaria ha tratado de venderle al mundo entero su pose chavista arrepentida y con ese discurso ha tratado de buscar simpatía en varios de la oposición venezolana en el exilio y ha llegado a manifestar, en reiteradas oportunidades, el respaldo a la figura del ex diputado venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 52 países, por lo que pensó que esta estrategia le ayudaría a conseguir algún tipo de apoyo por parte de la representación diplomática venezolana en España.
Cuando Ortega Díaz salió de Venezuela, denunció que se había producido un quiebre del orden constitucional y acusó a las fuerzas militares de allanar la sede de la Fiscalía General de la República, pero fue duramente cuestionada por el país entero, pues durante los 10 años que estuvo al frente del Ministerio Público fue parte y cómplice de los atropellos legales cometidos por el chavismo.
Ortega Díaz ocupó el cargo de fiscal general de la República desde 2007 y hasta 2017, cuando fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente elegida por el chavismo, porque según el régimen venezolano, había cometido «actos inmorales», pero la verdad es que durante muchos años de «revolución», esta funcionaria chavista fue pieza clave de las artimañas legales que la dictadura del difunto Hugo Chávez y posteriormente Nicolás Maduro, armaban contra la oposición venezolana.
Uno de los alegatos utilizado por Luisa Ortega Díaz para presentar su petición de asilo en España, fue que esta ubicación geográfica le permite estar más cerca de La Haya, donde ha sido denunciado el Estado Venezolano, por los múltiples casos de violación de derechos humanos cometidos a lo largo de los últimos 22 años.
La ex fiscal general de Venezuela huyó de su país junto a su esposo, el ex diputado chavista Germán Ferrer. Ambos aparecen mencionados en un dosier que llegó a manos de las autoridades españolas, firmado por al menos 36 víctimas de los abusos y excesos que supuestamente habría cometido Ortega Díaz, como fiscal, en la era que se desempeñaba como pieza clave dentro de la «revolución» chavista.
Este documento fue presentado por el ex preso político Iván Simonovis a la embajada de España en Washington y remitido a las autoridades del Ministerio del Interior, con una serie de pruebas del por qué no deberían ser beneficiados con el asilo político estos dos chavistas arrepentidos.
Entre los casos que se mencionan en el documento, aparecen algunos muy reconocidos por la opinión pública en el mundo entero, como el líder político venezolano Leopoldo López, que actualmente está exiliado en España, o como el de la ex jueza María Lourden Afiuni, quien estuvo encarcelada desde 2009 por órdenes expresa de Hugo Chávez.
Ya para la época en la que llegó a Colombia y solicitó protección de las autoridades de ese país, porque supuestamente corría peligro su integridad física, psicológica y tuvo que demostrar ello ante las autoridades del país suramericano, por lo que fue beneficiada con una medida de protección por ser una supuesta «perseguida del régimen venezolano».
Esta condición de refugiada en Colombia incluía custodia permanente de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, a quienes supuestamente engañó cuando salió desde Colombia hacia España, pues para ese momento ella tenía la obligación de notificar cuál era el itinerario del viaje y por cuánto tiempo se prolongaría, pero al final, se vino a Europa, sabiendo que no regresaría, pero no lo informó a sus cuidadores.
