La Audiencia Provincial de Ourense juzga este lunes a un matrimonio que está acusado de un delito de falsificación de documento oficial y un delito de estafa continuado «puesto de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto». La mujer es una trabajadora de la Administración autonómica con un puesto de «responsabilidad». Lo que hacía era usar para compulsar los documentos de los supuestos cursos, con los que obtuvieron más de 500.000 euros.
Los hechos se remontan a los años entre 2005 y 2012, periodo en el que los dos acusados se encontraban casados y, según recoge el escrito de acusación, «puestos de común acuerdo y con ánimo de beneficio injusto», acordaron la organización de cursos de formación para poder obtener subvenciones de la Xunta, el Ayuntamiento de Ourense y la Diputación Provincial.
Para ello el acusado empleaba su propio nombre o el de algunas entidades y procedía a solicitar subvenciones aportando para ello fotocopias de facturas no reales, fotocopias de justificaciones fraudulentas de pagos no realizados a docentes o colaboradores, fotocopias de recibos de transferencias bancarias que no se corresponden con movimientos reales e incluso contrataciones fraudulentas de alumnos tras finalizar los cursos, los cuales, según recoge el escrito fiscal, no acudían a trabajar al centro sino que únicamente «firmaban los contratos y las nóminas para que los acusados aportasen las justificaciones».
Para dar veracidad a toda la documentación fraudulenta que aportó el acusado a los expedientes, mediante los cuales consiguió la subvenciones por un total de 506.113,60 euros, estando las instituciones «convencidas de que dicha documentación se correspondía con la realidad», la acusada empleó su puesto de trabajo de responsabilidad en el edificio administrativo de la propia Xunta .
Ella se ocupaba de la compulsa de los documentos anteriormente mencionados a pesar de que su puesto de trabajo se encontraba en una sección diferente, en el departamento de tramitaciones, pero para subvenciones a empresas por diferentes contrataciones de personal y no por cuestiones vinculadas a la formación.
Sin embargo, una vez compulsada la documentación e incorporada al expediente pasaba a ser «totalmente válida y auténtica a todos los efectos legales», «obteniendo el propósito ilícito perseguido».
DOS AÑOS DE PRISIÓN
Por todo ello la Fiscalía solicita para cada uno de los acusados dos años de prisión y una multa de seis meses a cuota diaria de tres euros, considerando al matrimonio responsable de un delito de falsificación de documento oficial continuado y un delito de estafa continuado, a él como autor directo y a ella como «cooperadora necesaria».
Así pues, exigen como responsabilidad civil la devolución de los 506.113,60 euros obtenidos ilícitamente, indemnizando a cada una de las instituciones con las cantidades obtenidas. A la Xunta de Galicia con 463.413,60 euros, al Ayuntamiento de Ourense con 8.700 euros y a la Diputación Provincial con 34.000 euros.
