El PP ha presentado este lunes su «pacto para reforzar la independencia judicial y calidad democrática». En él plantea que sea el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elegido conforme a la ley en vigor el que, en un plazo máximo de seis meses, proponga un nuevo modelo de elección del Consejo. Defiende también avanzar en la «despolilitización de la Justicia», con medidas como la regulación de las «puertas giratorias» o fijar garantías de «independencia de la Fiscalía General del Estado».
Así se recoge en el documento que el PP liderado por Alberto Núñez Feijóo ha remitido al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y a los presidentes del Tribunal Constitucional y del Supremo, Pedro González Trevijano y Carlos Lesmes, respectivamente.
Para sentarse a negociar el CGPJ, el PP ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez retirar la proposición de ley de reforma del Poder Judicial que ha «pactado con ERC» que se vota este jueves y que permitirá al CGPJ nombrar a miembros del Tribunal Constitucional, una exigencia que ha verbalizado públicamente el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons.
De hecho, en su documento el PP asegura que «resulta llamativa la pretensión de desbloquear exclusivamente el TC, que acaba de entrar en funciones, y no el Tribunal Supremo que, por el contrario, acumula años sin reposición de magistrados y ya dicta mil sentencias menos al año, y que en muy pocos meses tendrá Salas que no alcanzarán quórum suficiente para poder reunirse».
RENOVACIÓN CON TRANSPARENCIA Y EN EL CONGRESO
El PP asegura que la renovación del CGPJ debe hacerse con «absoluta transparencia y por los órganos constitucionales a los que corresponde: el Congreso y el Senado», de forma que el liderazgo de este proceso se otorgue a las Cortes.
Además, señala que la próxima renovación tendrá «presente la necesaria regeneración» y añade que se «preferirán los perfiles de mayor prestigio y los menos vinculados a partidos políticos, respetándose los turnos establecidos en la Constitución: doce vocales procedentes de la carrera judicial y ocho vocales juristas, sin que quepa introducir por este último cupo a integrantes de la carrera judicial en ejercicio», algo que dejaría fuera a José Ricardo de Prada y que fue uno de los asuntos en los que encalló le negociación entre el PP de Pablo Casado y al Gobierno.
En paralelo a la renovación, se tramitará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegure un cambio del modelo de elección del CGPJ «de consenso», que impida que «la presente situación de deterioro vuelva a producirse y que logre despolitizar el gobierno de la Justicia».
Con ese objetivo, asegura que se encargará una propuesta de reforma al nuevo CGPJ y en el Congreso se creará una ponencia, en el seno de la Comisión de Justicia, que «emitirá un informe al respecto, ambos en un plazo improrrogable de seis meses».
Tras asegurar que este pacto está abierto al resto de fuerzas parlamentarias, el PP señala que «le seguirá un proceso de diálogo estructurado para alcanzar un Plan de Reconstrucción Institucional, que garantice la independencia y mejore el prestigio de todas las instituciones del Estado».
LOS VOCALES DEL NUEVO CGPJ ELEGIRÁN AL PRESIDENTE
En su documento, el PP indica que la negociación para la renovación del CGPJ se llevara a cabo en las Cortes Generales» conforme a la Constitución» y agrega que, una vez designados, los vocales del nuevo Consejo «serán los que elijan a su presidente, sin pactos previos ni indicación de cualquier tipo».
De forma simultánea al proceso de renovación del CGPJ, prosigue, se presentará una proposición de ley, de forma conjunta «por cuantos grupos parlamentarios apoyen este espíritu de despolitización de la Justicia española, a tramitar por el procedimiento de urgencia, que abarcara los siguientes términos»:
En primer lugar, «derogación de la reforma que impide al CGPJ tomar casi cualquier decisión estando en funciones»; «regulación de las llamadas ‘puertas giratorias’, de forma que los jueces y magistrados que sean nombrados para cargos de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general, no podrán reingresar al servicio activo hasta transcurridos dos años a partir del cese en los referidos cargos; «no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores».
En cuarto lugar, el PP aboga por la regulación de la Comisión de Calificación, con la finalidad de recabar información de los candidatos a puestos discrecionales, al «objeto de motivar justificadamente los nombramientos». También asegura que «todos los altos cargos de la carrera judicial pasarán a ser nombrados por mayoría de tres quintos (13 de votos de los 21)».
Como sexto punto, el PP señala que para el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo «se exigirá una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial, sin que pueda computarse a estos efectos los años de servicios especiales de cualquier tipo».
INCREMENTO DE LA PLANTA JUDICIAL
En el punto séptimo, el PP pide que se introduzca «una disposición adicional, en virtud de la cual el CGPJ recién nombrado, tomando en cuenta los modelos de países europeos con constituciones parecidas a la nuestra, presentará a las Cámaras, en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial que mejore la independencia del proceso y que garantice una decisiva participación de los propios jueces y magistrados en la elección».
Como garantías de independencia de la Fiscalía General del Estado, el PP dice que se recogerá expresamente la posible recusación del fiscal general del Estado y se establecerá que «no podrán ejercer esta función quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores».
También defiende un incremento de la planta judicial en cuanto al número de jueces; el mantenimiento del actual sistema de acceso a la carrera judicial por oposición; y la modificación del magistrado autonómico, de forma que la terna formulada por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas dejará de ser vinculante para el CGPJ.
