Tras la guerra interna del Partido Popular, parece que las aguas han vuelto a su cauce, con la dirección de Alberto Núñez Feijóo. También con el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.
Unas aguas en las que, sin embargo, aún dan coletazos algunos de los “teodoristas” más conocidos, como es el caso de algunos de los hombres del alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz. Edil que consiguió su actual cargo gracias, en parte, a su “pliego” ante los deseos del ya ex Secretario General de la formación.
Sin embargo, Álvarez se enfrenta ahora, no solo a la criba del Partido Popular a todos los fieles a García Egea, sino a su propio “escándalo” con dinero público involucrado. Un contrato de 127 millones que podría hacer peligrar el puesto de José Luis Álvarez a pocos meses de las elecciones municipales de 2023.
Y es que, tal y como desvelaba Moncloa.com, Francisco Pérez Rodríguez, actual asesor de la concejal de Medio Ambiente, Jardines y Limpieza Viaria, Marina Pont, está decidido a facilitar “el contrato del siglo” a una empresa prácticamente desconocida. En concreto, un contrato de 127 millones por la recogida, transporte y gestión de los residuos del municipio, a una empresa murciana, sin presencia en Madrid, ni tamaño suficiente para acometer este encargo de forma satisfactoria. Al menos, sobre el papel.
JOSÉ LUIS ÁLVAREZ DEFENDERÁ EL CONTRATO EN UNA “JUNTA EXTRAORDINARIA”
Tal y como ha podido saber Moncloa.com, el hecho de que esta posible adjudicación haya salido a la luz gracias a las informaciones de este diario, ha provocado que el alcalde de Majadahonda se haya sentido “presionado”. Algo que ha hecho que el popular haya convocado, de “urgencia”, una Junta Extraordinaria, que tendrá lugar este martes en el municipio.
Una reunión extraordinaria en la que el edil explicará el polémico expediente al grupo de concejales, tal y como informan fuentes. Una explicación en la que el alcalde popular intentará transmitir un mensaje de tranquilidad, asegurando en los pasillos internos que “todo está correcto y que no hay nada raro” en este contrato a la Unión Temporal de Empresas (UTE) murciana.
Del mismo modo, Moncloa.com ha podido saber que, según Álvarez, esta Junta servirá también para requerir a la UTE de estas empresas que faciliten al Ayuntamiento la documentación que falta, de cara a formalizar la polémica adjudicación en un plazo máximo de 10 días. Premura que sorprende, incluso, dentro de las filas populares. No solo debido a las explicaciones del edil, sino también en el carácter de “urgencia” del propio contrato, uno de los más importantes y costosos del municipio.
NO HABRÁ CONSENSO PLENARIO EN EL “CONTRATO MURCIANO”
Tal es la extrañeza que rodea a esta adjudicación, concedida a empresas pertenecientes a la región de Teodoro García Egea, que incluso algún concejal habría pedido a Álvarez Ustarroz que el contrato en cuestión fuese llevado al Pleno. Algo que haría que todos los integrantes de la Cámara se manifestasen, y que la adjudicación contara con el beneplácito del Pleno de Majadahonda.
Sin embargo, esto no sucederá, siendo la Junta de Gobierno la que seguirá tomando la decisión sobre esta millonaria concesión a las empresas murcianas. Una Junta en la que no se encuentra Marina Pont. Una persona completamente protagonista en todo este proceso de adjudicación del contrato de 127 millones de euros.
Y es que la concejala es la actual responsable de este expediente, y «jefa directa» del «empeñado» en este contrato, Francisco Pérez. Un asunto que incrementa las dudas sobre el contrato en cuestión, y sobre su aprobación, debido a que Pont no forma parte de la Junta que, finalmente, se encargará de aprobar la licitación. Algo que también debería ser explicado este martes, junto al susodicho expediente.
Algo que hace pensar que el alcalde de Majadahonda, sin duda, podría estar atravesando uno de sus momentos más difíciles dentro del Consistorio madrileño. Momentos en los que no sólo se está cuestionando su papel como representante del Partido Popular en el municipio, sino también su gestión del dinero público de Majadahonda. Y, en concreto, la “coincidente” adjudicación a empresas murcianas, y su relación con el ex secretario general del partido Teodoro García Egea, cuya sombra parece ser alargada.
