El desfalco, cometido por funcionarios del régimen chavista, a la estatal Petróleos de Venezuela tiene a un tribunal español colapsado, debido a la gran cantidad de diligencias que se han debido realizar para tratar de esclarecer todas las tramas corruptas de blanqueo de capitales que salieron del país suramericano al sistema financiero español y europeo a partir de 2015. Tanto es el caos, que la jueza del Juzgado Central de Instrucción Número 3 había solicitado al Ministerio de Justicia un magistrado de apoyo para que le ayudara con la causa, debido al exceso de trabajo.
La magistrada María Tardón elevó la solicitud ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue elevada al Ministerio de Justicia por el Servicio de Inspección del CGPJ, donde fue negada la solicitud.
El expediente de la estatal petrolera venezolana ha rodado por varios juzgados, asta que finalmente aterrizó en la Audiencia Nacional y está dividida en tres grandes piezas, donde se a tratado de investigar todo lo relacionado con inmensas cantidades de dinero que fueron a parar a cuentas internacionales, provenientes de comisiones y negocios fraudulentos hechos entre funcionarios, empresarios y Petróleos de Venezuela.
Una de las causas investigadas por la justicia española que tiene que ver con PDVSA es la presunta red de lavado de dinero en la que supuestamente operaba el ex viceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, quien está preso en España desde 201, por supuestamente haber lavado más de 50 millones de euros, de acuerdo con un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF). Esto sin contar que el ex funcionarios chavista aparece mencionado en unas cuantas investigaciones más, todas relacionadas con el la compañía petrolera de Venezuela, que ha sido saqueada por funcionarios y ex funcionarios desde que el dictador Hugo Chávez le puso las manos a la compañía, en 2002.
Una segunda pieza de la causa que investiga los hechos de corrupción de PDVSA y de fondos que vinieron a parar a España, procedentes de esta compañía venezolana, está relacionada con una denuncia recibida por la Fiscalía Anticorrupción, en 2017, cuando se le pidió investigar el blanqueo de capitales de una actividad dirigida a defraudar la compañía petrolera venezolana y otras empresas públicas del país caribeño, entre las que se menciona la compañía nacional de electricidad Corpoelec.
La tercera pieza que es investigada por este juzgado parte de una denuncia interpuesta justamente por una representación de PDVSA en España , contra un grupo de exfuncionarios que vieron en el país la oportunidad de huir y esconder su pasado chavista, mediante el lavado de dinero de fondos obtenidos de esta empresa venezolana y que mientras estas investigaciones son desarrolladas viven una vida de ensueño.
Al final, estas son solo tres de las causas que se investigan en España vinculadas con los fondos irregulares que salieron de PDVSA, porque por ejemplo, la justicia local también tiene en la mira al ex embajador de España en Venezuela durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, quien justo a su familia es investigado por el presunto cobro de comisiones, a través de la empresa de su hijo y una compañía de su esposa.
Muchos de estos escándalos de corrupción comenzaron a salir a la luz tras la muerte del dictador venezolano Hugo Chávez, en 2013, pues tras la llegada al poder de Nicolás Maduro, un importante número de ex jerarcas del chavismo, que durante años aprovecharon sus vínculos con el poder para hacerse de fortunas, huyeron de Venezuela y utilizaron contactos en España para tratar de traer al país los fondos que obtuvieron a través de negocios fraudulentos con PDVSA.
La trama corrupta de PDVSA se extendió hasta España y se ha llegado a investigar hasta a una cúpula policial que supuestamente ofrecía protección a estos ex jerarcas chavistas, a cambio de que ofrecieran información relevante sobre los vínculos de Podemos con el régimen venezolano y mediante el pago de jugosas comisiones.
Al final todos los implicados en estos hechos delictivos están siendo investigados en España y el denominador común siempre es el mismo: las presuntas operaciones de lavado de dinero de recursos que salieron de PDVSA y que fueron lavados mediante el uso de diversas compañías registradas en España, Suiza, Andorra y otros paraísos fiscales.
El sistema de justicia español se ha convertido en una pieza clave para lograr que, al menos, en el ámbito internacional, se logre establecer responsabilidades por algunos de los casos de corrupción que llevaron a la principal empresa venezolana a las pésimas condiciones financieras y de operatividad que sumieron a Venezuela en la más profunda crisis política y económica de los últimos 40 años.
Muchas de estas causas que son investigadas en España y que tienen relación con la estatal petrolera venezolana, también tienen asidero en la justicia norteamericana, donde también se investiga a varios de estos ex jerarcas chavistas por presuntamente haber lavado dinero proveniente de negocios con la compañía.
