martes, 16 agosto 2022 10:59

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia para dar cobertura jurídica y regular los avances del proceso transformador de la Administración judicial, al generalizar el empleo de medios electrónicos en trabajadores y usuarios.

Según ha anunciado el Ministerio de Justicia, dicho proyecto establece un marco jurídico “de vanguardia” para promover y facilitar el avance en la transformación digital de la Justicia, al regular los servicios digitales de acceso para los ciudadanos, reforzar la seguridad jurídica en el ámbito digital, impulsar su eficiencia y orientar los sistemas judiciales hacia el dato.

Un proyecto de ley con el que se busca eliminar cualquier brecha o desigualdad en el acceso a la Justicia, ya sea por razones de género, geográficas, culturales o de cualquier otro tipo, con el objetivo de construir una Administración judicial “accesible e integradora, mejorando la cohesión social, territorial y digital”.

Este proyecto de ley es uno de los pilares legislativos del plan Justicia 2030, junto con las otras dos leyes de eficiencia procesal y organizativa, que actualmente están ya en trámite parlamentario.

“Esta ley complementará las dos anteriores; es un paso en la hoja de ruta de un plan que tenemos bien definido, consensuado con las CCAA y los operadores jurídicos, y que tiene recursos para hacerse realidad, gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha señalado la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras.

Llop ha resaltado que, entre marzo de 2020 hasta ahora, con la digitalización de la Justicia impulsada a raíz de la pandemia se han producido más de 920.000 actuaciones procesales no presenciales, entre juicios telemáticos y otros tipos de actuaciones, lo que ha supuesto, ha precisado, “un ahorro estimado en desplazamientos de más de 19 millones de euros y se ha evitado la emisión de más de 9.124 toneladas de CO2, equivalente a 1.382 vueltas al mundo”.

Llop ha apuntado a la importancia de la cogobernanza, a la necesidad de adaptarse a la nueva realidad tecnológica que trae el siglo XXI, compartida por el Ministerio y las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia.

“Este proyecto de ley es un medio común para garantizar el derecho fundamental de acceso en igualdad a la Justicia en todo el territorio estatal, poniendo el foco en el impulso de la cogobernanza, así como en la transparencia y el respeto al Estado de derecho”, ha dicho la titular de la cartera de Justicia.

Ha asegurado que “se trata de un proyecto de ley que está repleto de mejoras aportadas por todas las CCAA, así como por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado”.

Un modelo de coordinación y decisión, según ha expresado la ministra, que, además de estar basado en la cogobernanza, supone también un impulso a las funciones de organismos como el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE) o la creación de otros como el Consejo Consultivo de la Transformación Digital de la Administración de Justicia, donde se podrán integrar otros colectivos y organizaciones, incluso del sector privado.

LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS SE GENERALIZAN

Este proyecto generaliza el uso de medios electrónicos para relacionarse con la Administración de Justicia, potenciando el ya existente Punto de Acceso General de la Administración de la Justicia, así como de las sedes judiciales electrónicas.

Junto a estos medios de acceso, se incorpora un sistema único y personalizado de identificación segura como lo es la Carpeta de Justicia, que permitirá a cada persona acceder a sus asuntos, consultar sus expedientes, pedir cita previa o conocer sus actos.

La nueva ley de eficiencia regulará los sistemas de identificación y la firma digital electrónica, además de la regulación del sistema Clave Justicia, para la identificación y firma no criptográfica en las actuaciones y procedimientos judicial por videoconferencia; así como la mejora en los servicios notariales y registrales sin necesidad de estar presente físicamente.

También incluye un marco para que todos los profesionales y el personal de la Administración de Justicia puedan desempeñar sus funciones mediante teletrabajo y el trabajo deslocalizado. “Es una forma de avanzar en la conciliación de la vida profesional y familiar desde la óptica digital, reconociendo además de manera expresa el derecho a la desconexión digital”, ha indicado Llop.

Otro de los aspectos esenciales de este proyecto de ley es la de garantizar la plena seguridad jurídica en la inmediación digital. Por ello, y con ánimo de alcanzar ese propósito, se regulan los denominados puntos de acceso seguros, así como los lugares seguros.

“Poder declarar o hacer un trámite judicial por videoconferencia, sin desplazarse, en un lugar seguro y con toda la validez, implica una reducción de los tiempos de la Justicia”, ha destacado Llop.

Por su parte, la orientación al dato permitirá actuaciones automatizadas, proactivas y asistidas, aunque siempre con el respeto pleno a las leyes procesales y bajo criterios legales objetivos y públicos, atendiendo a la importancia que tiene para la sociedad obtener resoluciones judiciales en un plazo razonable.

El proyecto contempla la potenciación del Expediente Judicial Electrónico, introduciendo un cambio de paradigma, por el que se pasa de la orientación al documento a la orientación al dato.