Junqueras, Bassa y Romeva (ERC) demandan a España ante el TEDH por sus condenas por el 1-O

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han presentado demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra España por sus condenas por sedición y malversación en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Lo han explicado en rueda de prensa este miércoles Junqueras, Bassa y Romeva acompañados de los abogados Andreu Van den Eynde y Clara Serra, y también de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en videoconferencia desde Suiza.

Las defensas de los dirigentes republicanos enmarcan sus demandas en una «persecución política contra el independentismo» y argumentan ante el tribunal que se les vulneró su libertad de expresión y manifestación y sus derechos de representación política, entre otros.

«Esta causa se ha construido sobre la base de condenarnos por delitos que no existen en el Código Penal, sobre la base de criminalizar al conjunto del republicanismo y de las aspiraciones republicanas y de deshumanizar a sus representantes», ha criticado Junqueras.

Preguntado por el hecho de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya defendido este miércoles buscar acuerdos en la mesa de diálogo para «desmontar la estructura represiva», Junqueras ha dicho textualmente que cualquier cosa que aporte justicia ante la injusticia es buena.

Por su parte, Romeva ha mantenido que las condenas contra los encarcelados por el 1-O se usaron para disuadir al independentismo, y que por eso enfocan su causa desde un punto de vista colectivo: «Lo que se ha hecho ha sido juzgar ideas. No puedes poner ideas en la cárcel, pero sí a las personas que tienen esas ideas».

Bassa ha sostenido que se les ha querido «silenciar» políticamente y ha recordado que la sentencia que la condenó dio por probado que había abierto los centros escolares a pesar de que ella era consellera de Trabajo y no de Educación, por lo que cree que las condenas estaban escritas de antemano.

MARTA ROVIRA

Rovira ha asegurado que no llegan a Estrasburgo «con las manos vacías», sino que en paralelo a la litigación han trabajado políticamente para obtener apoyo de entes como el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

ERC organizará un acto el próximo 11 de octubre para dar a conocer todos los detalles sobre su estrategia ante el TEDH y sobre los pronunciamientos favorables al independentismo en el ámbito internacional, ha expuesto Rovira.

Preguntada por si podría regresar a España, como ha hecho esta semana la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, si se reforma el delito de sedición, Rovira ha subrayado que ella tiene una orden de ingreso en prisión por presunta rebelión y que, aun así, no se pronunciará sobre «una modificación de un artículo» que no ha visto.

LA INCIDENCIA DE LOS INDULTOS

Sobre si los indultos pueden tener alguna incidencia en la valoración del TEDH, Van den Eynde ha recordado que están recurridos y ha detallado que, precisamente, en la demanda argumentan «por qué la condición de víctima no se pierde cuando» se recibe la medida de gracia.

De hecho –ha defendido– con los recursos contra los indultos los tribunales han «vuelto a transformar las reglas predictivas del derecho» incurriendo de nuevo, a su juicio, en una vulneración del principio de legalidad.

En cuanto a los tiempos de resolución, Serra ha subrayado que casos similares se han resuelto en entre dos y tres años: los abogados han pedido que el caso se tramite de forma prioritaria, teniendo en cuenta que los indultados podrían volver a prisión de revocarse los indultos.

PIDEN MEDIDAS GENERALES

Van den Eynde ha apuntado que «por lógica técnica» los recursos de Junqueras, Bassa y Romeva deberían acumularse con los de otros dirigentes que también han acudido a Estrasburgo, y ha explicado que aunque están en contacto con los abogados de Junts, creen que el caso de los dirigentes de ERC tiene rasgos propios.

En la demanda, piden al TEDH que declare la violación de derechos fundamentales e inste a adoptar «medidas generales» para que no se remitan, de forma que puedan valorarse reformas penales como vía para evitar futuras violaciones, ha resaltado.