La vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), ha renunciado a seguir gestionando las competencias de Menores tras ser llamada a declarar en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada, como la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, por la expulsión a Marruecos de 55 jóvenes marroquíes no acompañados en agosto del pasado año 2021.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha admitido a trámite la denuncia formulada contra ambas a principios de junio por la Fiscalía, que entiende que «omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho». Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 1 de septiembre.
Nada más conocer la decisión judicial la consejera de Presidencia ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), que la competencia en Menores deje de depender de ella para «evitar un posible conflicto de intereses».
En un comunicado, Vivas ha anunciado que «acepta» la solicitud de Deu y que transferirá el Área de Menores a la Consejería de Servicios Sociales. Además, ha reiterado que respalda «absolutamente» a su vicepresidenta y su gestión, «especialmente para responder a la emergencia humanitaria provocada por el crítico episodio vivido los días 17 y 18 de mayo de 2021, así como en las decisiones que se tomaron en los meses siguientes, siempre en beneficio del interés superior del menor y de manera conjunta y coordinada con la Administración General del Estado».
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rechazó a finales de junio los recursos interpuestos por la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta contra el veredicto del Juzgado número 1 de Ceuta de febrero que sancionó la actuación de las dos administraciones y ratificó su «fondo» en el sentido de que las expulsiones se realizaron «exentas de las mínimas garantías procedimentales exigibles», con lo que se «conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes».
«Los actos propios de la Administración demandada [la Delegación del Gobierno] hicieron imposible el seguimiento de trazabilidad de las medidas de retorno que aplicó», concluyó el TSJA, que entiende el carácter «súbito y masivo e ilegal» de la avalancha migratoria de mayo, que dejó unos 1.200 menores marroquíes migrantes solos en Ceuta, «en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley».
En junio la Fiscalía decidió denunciar por la vía penal a Mateos y Deu en línea con la acción interpuesta por L’Escola A.C Asociación Internacional tras apreciar que de común acuerdo «no sólo se omitieron algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino todos al no existir traza alguna del expediente exigido». Según ha apreciado el Ministerio Público «no consta la incoación de procedimiento, al igual que la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores [se elaboró un listado de 145] o la comunicación a la Fiscalía» que exige la Ley de Extranjería para acometer cualquier repatriación de menores.
