Gara Santana, la extrabajadora de prensa de Podemos acusada de cuidar a los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero, ha negado ante el juez que ejerciera como niñera de los menores, si bien ha reconocido que en ocasiones fue a la casa de la ahora ministra de Igualdad, pero solo para trabajar sobre el argumentario del partido.
Nunca hizo esas funciones y nadie se lo ordenó, ha contestado la investigada al titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas presentes en la declaración celebrada este jueves.
Según las mismas fuentes, Santana ha aclarado al magistrado en los juzgados de Plaza de Castilla cuáles eran sus cometidos dentro de Podemos, entre los que nunca estuvo, ha indicado, estar al cuidado de los hijos de Montero e Iglesias, exlíder de la formación morada y exvicepresidente del Gobierno. En ocasiones podía subir a la casa de ella, pero no iba con regularidad, ha precisado.
La extrabajadora de Podemos ha contestado a las preguntas del juez y de sus abogados, pero ha preferido no responder a Vox, que ejerce de acusación popular. La Fiscalía no ha estado presente.
Con esta declaración el juez instructor pretendía esclarecer si, como señaló una exempleada de logística del partido morado en sede judicial, Santana hizo de cuidadora de los hijos de Montero en el año 2019, antes de que esta fuese nombrada ministra de Igualdad.
El juez acordó investigar a Santana por un presunto delito de malversación tras estimar la petición de las acusaciones populares, ejercidas por Vox y ProLege, y requerir a Podemos que identificara a la persona a la que la exescolta se refirió como «Gara», quien habría trabajado en 2018 con el equipo de prensa de Montero.
En aquel momento, el magistrado instructor no puso una fecha a la declaración y precisó que, según lo que respondiera Podemos sobre si Santana cobró del partido o del Congreso, le llamaría a comparecer en calidad de testigo o de investigada. Finalmente, en una providencia de 8 de abril, el juez acordó citarla como investigada.
VOX ESPERABA ESAS EXPLICACIONES
También presente en el interrogatorio, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha manifestado a la salida que «ya» se esperaban las explicaciones que iba a ofrecer la investigada, «en la línea de defensa de negar que ella cuidase en ningún momento de Montero y que su actuación ha sido estrictamente profesional».
Castro ha lamentado que Santana no haya querido contestar a sus preguntas, antes de expresar que la investigada tiene el derecho a mantener una «línea estratégica» para su defensa y su absolución.
Vox y ProLege solicitaron su declaración en sendos escritos después de que una exescolta de la ahora ministra asegurara en sede judicial como testigo que Santana hizo labores de cuidadora de los menores. Se trataría de la segunda empleada de la formación política a la que se vincula con este tipo de trabajos, dado que la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona denunció ya que Teresa Arévalo –exjefa de gabinete de Montero investigada en la causa– hacía de «cuidadora» de uno de los hijos.
La exescolta declaró el pasado 22 de marzo en el primer interrogatorio que se celebra en esta pieza separada desde que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juez retomar el procedimiento que había derivado a otro juzgado. Ante lo desvelado, Vox y ProLege remitieron escritos para reclamar su comparecencia.
Además, la formación política liderada por Santiago Abascal pidió que se requiera a la exescolta una copia de los chats de la aplicación de mensajería Telegram en los que recibía instrucciones, relativas al encargo de recoger a la extrabajadora de prensa.
LA DENUNCIA ORIGINAL
Esta nueva diligencia se enmarca en el proceso que surgió de la denuncia de Carmona en la que se sostenía que Montero usaba a «una persona a sueldo del partido», en referencia a Teresa Arévalo, «como cuidadora de sus hijos». El pasado 27 de julio, sin embargo, Carmona aseguró al juez que no podía aportar pruebas porque, al ser cesada de su cargo en el partido, no pudo seguir investigando los hechos.
En esta pieza separada, el juez intenta determinar si hubo delito alguno en el viaje que hicieron a Alicante el 20 de octubre de 2019 la entonces candidata Irene Montero, su hija menor, su entonces jefa de gabinete Teresa Arévalo y el resto del equipo electoral.
Se investiga, en concreto, el pago de dos billetes de tren por parte de Podemos a la menor y a Arévalo, investigada en la causa junto a la gerente del partido –Rocío Esther Val– y al tesorero de la formación –Daniel de Frutos–. Todos declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 46, José María Escribano.
Val y De Frutos ratificaron que Arévalo no ejercía de niñera de los hijos de Montero, recalcando que era una responsable política de la formación ‘morada’ que en esa época cobraba del grupo parlamentario, no del partido, y que el gasto electoral del viaje a Alicante fue avalado en su momento por el Tribunal de Cuentas.
