La Conferencia Sectorial de Igualdad ha aprobado la prórroga de los acuerdos presupuestarios y administrativos del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, cuya vigencia caduca este año, mientras las Cortes Generales acuerdan y tramitan los términos del nuevo pacto, sobre el que Baleares ha pedido que sea estable en el tiempo y no tenga caducidad.
Según ha explicado el Govern este viernes en nota de prensa, con la prórroga se garantiza que las comunidades autónomas podrán disponer del presupuesto que les otorga este pacto para las políticas de igualdad y contra la violencia machista en orden a las cuentas públicas para 2023, actualmente en elaboración.
La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha asistido en representación del Govern a la Conferencia de este viernes, presidida por la ministra Irene Montero, que ha tenido lugar en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife.
Garrido, que ha sido nombrada vicepresidenta de la Conferencia Sectorial para este segundo semestre del año, ha destacado la importancia de esta prórroga, «porque permitirá asegurar el cumplimiento de los compromisos incluidos en el pacto y garantizar la financiación de iniciativas tan importantes como el SOIB Dona, para garantizar un año de trabajo a las mujeres víctimas y que puedan tener independencia económica de sus agresores, o el servicio de atención y acompañamiento 24 horas del Instituto Balear de la Mujer».
En este sentido, la consellera ha pedido que los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado se mantengan hasta que haya un nuevo acuerdo.
A pesar de que el acuerdo adoptado insta a las Cortes Generales a la modificación y renovación del Pacto, Garrido ha subrayado la importancia «del diálogo y el trabajo conjunto» para que las comunidades también formen parte de esta renovación.
Otro de los aspectos fundamentales acordados por la Conferencia Sectorial, a criterio de la consellera, es la inclusión de nuevas formas de violencia machista previstas en el Convenio de Estambul o el Convenio de Varsovia, como es el caso de la violencia sexual, la violencia vicaria y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, para que se puedan combatir también con los recursos del Pacto de estado.
OBJETIVOS PARA EL NUEVO PACTO
En concreto, los objetivos acordados son la permanencia del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, así como garantizar un sistema de financiación estable, plurianual y con fondos suficientes.
También se plantea un sistema de cogobernanza, el refuerzo de la prevención y la detección precoz, mejorar y complementar el mapa de recursos de atención integral y adaptarlo al Convenio de Estambul y al Convenio de Varsovia, o mejorar la respuesta en virtud de las nuevas manifestaciones y ámbitos de la violencia machista, como la violencia vicaria, las violencias digitales o la violencia económica.
Establecer un sistema de rendición de cuentas y evaluación, reforzar la respuesta de las instituciones ante otras formas de violencia contra las mujeres y gestionar de manera eficaz las situaciones en las cuales se produzca un aumento de feminicidios son los otros ejes que guían el nuevo Pacto.
