La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha acusado de falta de institucionalidad a los siete vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ayer votaron en contra de la candidatura de Álvaro García Ortiz para capitanear la Fiscalía General del Estado (FGE), que sí recibió el apoyo de los otros doce vocales, incluido Carlos Lesmes, el presidente del órgano de gobierno de los jueces.
«Siento que no hayan actuado con la institucionalidad que merece», ha declarado a los medios este viernes la ministra, que ha relacionado esta circunstancia, «precisamente», con «la propia situación que está sufriendo el CGPJ, en funciones desde hace ya casi cuatro años», y que «podría incluso llegar a doblar su mandato», al ser preguntada si cree que la postura de los vocales críticos se dirige directamente contra el Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde la sede del CGPJ, donde ha asistido a la entrega de unos premios del Foro Justicia y Discapacidad, Llop ha dicho que el bloqueo de las instituciones daña al Poder Judicial y al «prestigio institucional» del país, por lo que ha vuelto a reclamar al PP, «que es quien bloquea la renovación, quien está al margen del Estado de Derecho y no cumple con la Constitución, que proceda a renovar urgentemente el Consejo».
Un día después de que el CGPJ avalara la candidatura de Álvaro García para sustituir a Dolores Delgado, la titular de Justicia ha agradecido su «posición institucional» a los doce vocales, «más el presidente», Lesmes, que votaron a favor en el Pleno.
Llop ha querido poner en valor que doce de los diecinueve vocales que forman actualmente el CGPJ apoyaron la candidatura de Álvaro García, que «reúne todos los requisitos de idoneidad» al ser «una persona que tiene un currículo brillante, una trayectoria profesional muy sólida y que, además, es un gran experto en derecho medioambiental, fiscal de sala y jefe de la Secretaría Técnica».
Según los vocales críticos, que emitieron un voto particular, Álvaro García «no es idóneo» porque no ven en él la imparcialidad requerida para el cargo de líder de la Fiscalía por «una apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo» que fundan, principalmente, en su cercanía a Delgado, la fiscal general saliente.
Esos siete vocales del CGPJ explicaron que no albergan dudas sobre «las condiciones objetivas» que debe cumplir el candidato para suceder a Delgado, esto es, ser un jurista de reconocido prestigio con al menos quince años de experiencia profesional –«no se pone en cuestión ni lo uno ni lo otro»–. Sin embargo, afirmaron que «el candidato propuesto por el Gobierno no es idóneo para desempeñar el cargo» porque «no cumple con el requisito de imparcialidad».
