Al haber más de 6,7 millones de venezolanos en diversos países del mundo, que han tenido que huir de su país debido a la grave crisis política y económica generada por el régimen de Nicolás Maduro, es normal que en cada uno de estos países comiencen a ocurrir situaciones irregulares por la llegada de tantas personas del país suramericano, especialmente con los documentos de identidad, que con el paso de los años se van venciendo y la dictadura no deja alternativas para solucionar esta situación de manera expedita.
Esta situación fue denunciada en días pasados por el diputado en el exilio Franco Casella, quien aprovechó su participación en la sesión de la legítima Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por el presidente interino Juan Guaidó.
La denuncia la hizo a propósito de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución adoptada por el Gobierno español de cancelar definitivamente el tratado de canje de los carnets de conducir venezolanos, a consecuencia de los problemas ocurridos durante los últimos años, donde el organismo encargado de tramitar las licencias en el país suramericano comenzó a emitir documentos sin las garantías de seguridad mínimas para convalidarlas a escala internacional.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aprovechó la intervención de Casella para anunciar que se creará una comisión especial para abordar el tema de manera que los gobiernos de los países que han acogido a los migrantes venezolanos comprendan la situación de indefensión e imposibilidad para tramitar de manera regular documentos tan básicos como un pasaporte, un carnet de conducir, un acta de nacimiento y unos antecedentes penales.
Casella destacó que su derecho de palabra ante la Asamblea Nacional de Venezuela fue para denunciar lo que está ocurriendo con los venezolanos en España y en otros países, donde las autoridades de los países receptores de la migración venezolana se ven de manos atadas por no tener a quien recurrir en el caso de tener que hacer verificación de documentos y todo lo que genera el hecho de que estas personas no puedan renovar sus documentos con celeridad debido a las fallas institucionales.
El parlamentario recordó que en el caso de España, todo el conflicto por las licencias de conducir han dejado a 4.573 venezolanos reseñados ante los cuerpos de seguridad españoles y con antecedentes, 2851 personas a quienes se les han tomado sus huellas dactilares, 641 han sido declarados culpables de falsedad documental en diferentes juzgados del país, otros 1.359 han sido señalados por la Guardia Civil y 2.492 causas han sido archivadas, pero porque al final las autoridades españolas no están al cabo de saber todas las irregularidades e inconsistencias que ocurren en los organismos venezolanos y entonces la culpa de toda esta situación recae sobre el venezolano, que es el final el último eslabón de una cadena, que no se puede defender de la inoperancia de las instituciones venezolanas.
«Con el tema de la licencia no se trata solo de poder conducir un vehículo, sino de que hay miles de personas que necesitan ese documento para trabajar y llevar el sustento a sus hogares. No es solo el carnet de conducir, esta situación afecta el tema migratorio de cada venezolano que está fuera de su país y es víctima del régimen de Nicolás Maduro», expresó el parlamentario.
Casella señaló que la idea es que la Asamblea Nacional elabore un documento que sea enviado a las autoridades de todos los países donde hay venezolanos, donde se explique la situación actual y las dificultades que hay para tramitar documentos de identidad básico en los organismos venezolanos que están bajo la administración de la dictadura de Nicolás Maduro, de manera que la responsabilidad en este caso no recaiga sobre el venezolano, sino sobre las instituciones.
«Esta situación afecta el tema de migración y los permisos oficiales para residir en otros países. Hemos generado reuniones de trabajo con los abogados José Antonio Carrero, Silvia López, Juan Carlos Gutiérrez, que han participado en distintas reuniones para ilustrar la realidad de este problema que demanda soluciones, no es solo negar el canje de las licencias, sino buscar las soluciones», expresó el parlamentario en su intervención.
Casella indicó que el presidente Juan Guaidó se comunicó directamente con él, para que junto a la Procuraduría General de Venezuela se hiciera un documento y que sirva de prueba para los países que reconocen el Gobierno interino, de manera que se pueda coordinar con las autoridades de Política Exterior de cada uno de esos países y se aclare la situación de los migrantes venezolanos.
La semana pasada el embajador de Venezuela en España, Antoni Ecarri, se reunión con autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores para conversar justamente de este y otros temas que en la actualidad están afectando a la comunidad venezolana y sus condiciones migratorias, lo que imposibilita su rápida integración a la sociedad española.
