Hace cuatro años, en pleno verano de 2018, la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil y Europol ultimaban la que se convirtió en la mayor actuación policial en el mundo contra el mercado negro del atún rojo, la llamada Operación Tarantelo. Todos los ojos del sector de la pesca -empresas privadas, autoridades españolas y europeas y oenegés ecologistas- miran expectantes el resultado de la instrucción judicial que lleva la Audiencia Nacional desde enero de 2019 y que parece estancada, mientras algunos de los investigados seguirían operando irregularmente.
Por orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Picassent (Valencia), se detuvo en 2018 a decenas de personas en seis comunidades autónomas. El pescado comercializado en malas condiciones higiénicas urgió la intervención policial para evitar desgracias personales por intoxicaciones severas, según fuentes del Instituto Armado. En los pinchazos telefónicos, los investigados hablaban de piezas transportadas en camión desde Italia que apestaban a “perros podridos”.
Las pesquisas judiciales y policiales fueron de tal magnitud que se involucraba en los hechos delictivos a 90 personas y 29 sociedades de 12 provincias españolas y de otros seis países —Malta, Portugal, Francia, Turquía, Túnez y Marruecos. Por esa razón y por la naturaleza de los graves delitos imputados, en enero de 2019, el juzgado de Picassent se inhibió en favor de una instancia superior y trasladó el caso al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Su titular es María Tardón.
A los investigados, se los persigue por presuntos delitos contra la fauna, contra la salud pública, por falsedad documental, blanqueo de capitales, y otros delitos cometidos en el seno de una organización criminal.
La investigación de la Guardia Civil desentrañó el ‘modus operandi’ de una red de sociedades pesqueras y distribuidoras que habría importado desde Malta e Italia atún rojo no declarado e ilegalmente pescado, el cual se comercializaba con documentación falsa en el mercado nacional y en otros países. Los investigadores estiman que anualmente la red habría importado en avión y por carretera cerca de 1.250 toneladas legales y unas 2.500 en B.
La Ucoma estimó el negocio en unos 25 millones de euros anuales de ese mercado negro. El valor de mercado del atún rojo es elevado: un ejemplar de calidad y legal puede llegar a pagarse en el mercado japonés por encima de los 150.000 euros.
Un equipo de reporteros de Italia, Malta y España ha documentado que las prácticas irregulares en el negocio del atún rojo continúan en el Mediterráneo por parte de algunos de los investigados de la Operación Tarantelo. Esas prácticas implican la pesca ilegal, la sobrepesca o el uso de sociedades ‘offshore’ no declaradas a la Hacienda española.
La larga instrucción del caso de más de tres años y medio en la Audiencia Nacional no ayuda a poner coto a esas prácticas porque crea una sensación de impunidad. Se han cursado comisiones rogatorias a Malta, Japón y Panamá para apuntalar los delitos imputados, pero el éxito ha sido desigual. Además, ninguno de los investigados ha sido aún interrogado. Las dilaciones indebidas en el procedimiento podrían provocar que se aplicaran atenuantes a los investigados e, incluso, la absolución, según fuentes jurídicas consultadas.
La impunidad de los presuntos delincuentes sobrevuela sobre el caso y la óptima conservación de la propia especie. Tan exquisito es el atún rojo, sobre todo el salvaje engordado en granjas durante unos meses, que el auge de la cultura gastronómica japonesa alentó la avaricia de pescadores sin escrúpulos que lo capturaron de forma masiva e incontrolada entre mediados de la década de los noventa y finales de la primera década del siglo XXI. Grandes barcos cerqueros con bandera española, francesa, turca o tunecina se lanzaron a pescar como si el mar fuera una barra libre, lo que llegó a poner en peligro la supervivencia de la especie con el fin de dar respuesta a la moda del sushi y abastecer grandes mercados como los de Japón o Estados Unidos.
Hasta el punto de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) adoptó medidas drásticas de vigilancia para evitar un mercado negro que en 2010 se estimaba en más de 300 millones de euros anuales, según reveló una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El ‘Thunnus thynnus’ es un animal singular y fascinante que recorre miles de millas en su migración anual entre el Atlántico norte y el Mediterráneo, donde se reproduce. Se trata del pez más veloz. En recorridos cortos, alcanza los 110 km/h. Se han capturado ejemplares que pesaban casi una tonelada, el doble que un toro de lidia.
Peligro de atenuantes y de sobreseimiento
Preguntados algunos abogados que atesoran una larga experiencia en la Audiencia Nacional sobre si consideran coherente que a los investigados en el caso Tarantelo no se les haya tomado declaración en tres años y medio, uno de los letrados asegura: “No he visto nunca en mis años de profesión como abogado que se dilate tanto la declaración de unos investigados en una causa”. Este mismo jurista señala: “No acierto a entender esta dilación en el proceso, crea una situación de impunidad entre los investigados y la posible aplicación de la atenuante por dilación indebida”.
La última prórroga solicitada por la juez María Tardón expira en septiembre próximo. Según el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “la investigación judicial se desarrollará en un plazo máximo de doce meses desde la incoación de la causa”.
La acusación popular también ha solicitado prórrogas para el esclarecimiento de los hechos, además de presentar escritos de impulso ante la juez con el fin de que acelere las diligencias. La acusación popular la componen la Confederación Española de Pesca, Greenpeace y la empresa Grupo Balfegó. También está personado en la causa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación mediante la Abogacía del Estado.
El Ministerio no ha respondido a las preguntas planteadas sobre su valoración del caso. Por su lado, Celia Ojeda, responsable del área de Biodiversidad de Greenpeace, teme que la investigación judicial fracase y sea sobreseída, como ocurrió en el caso de Armadores Vidal, en el que al final el Tribunal Supremo se inhibió de condenar por pesca ilegal de merluza negra en aguas de la Antártida por falta de competencia jurisdiccional. “Necesitamos sentencias en firme para mostrar a los ciudadanos y a los políticos que ha habido casos de pesca ilegal; también para aleccionar a las empresas en que si practican la pesca ilegal se enfrentarán a las consecuencias”, apunta Ojeda.
El largo historial de infracciones del mayor operador
El Grupo Ricardo Fuentes e Hijos SA es el mayor operador mundial de la pesca, engorde y distribución de atún rojo atlántico. Nacida en Cartagena en 1984, esta matriz de un grupo de empresas internacionales comercializa más de 16.000 toneladas al año de atún rojo. La cuota anual total de pesca establecida por el organismo regulador ICCAT es de 36.000 toneladas.
El Grupo Fuentes fue pionero en el complejo y lucrativo negocio del atún rojo, pero también tiene un largo historial de irregularidades. Algunas de sus empresas y varios directivos están siendo investigados en la causa de la Operación Tarantelo. Al margen de su listado de infracciones administrativas en España y otros países, el Grupo Fuentes tiene a sus espaldas ya tres sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (2009, 2013, 2014) que lo condenaron por comercializar atunes de procedencia ilegal.
En el marco de Tarantelo, El Confidencial publicó en primicia que la directora del Departamento de Pesca y Acuicultura de Malta, Adreina Fenech, habría ayudado a los Fuentes a introducir en sus granjas de engorde de ese país más ejemplares de los autorizados y a blanquearlos documentalmente para su consumo en otros países. Lo hizo a cambio de sobornos. La información periodística provocó que fuera apartada de su cargo.
Tras la Operación Tarantelo, los periodistas de esta investigación han acreditado otras presuntas actividades del Grupo Fuentes de carácter dudosamente legales. En la campaña de pesca de 2021, durante el mes de junio, sus granjas de engorde de atún en aguas de Murcia podían albergar hasta un máximo de 4.400 toneladas. Sin embargo, durante ese verano, los inspectores del Ministerio de Pesca alertaron de que había más cantidad de la autorizada. En septiembre del año pasado, se vieron obligados a liberar 1,2 millones de kilos de atún rojo, lo equivalente a 1.200 toneladas. El reglamento ICCAT admite un error de cálculo de hasta un 5 por ciento en el pescado enjaulado. En este caso, el desacierto fue de un 27 por ciento.
El Ministerio no contestó a las preguntas de los reporteros sobre este asunto. Un portavoz del Grupo Fuentes señaló que se trataba de una circunstancia habitual en el negocio del atún de engorde por las dificultades de calcular exactamente cuánto pescado entra en las jaulas y le restó importancia al asunto. “Afirmamos que no ha existido expediente sancionador alguno”, subrayó un portavoz de la compañía cartagenera.
Además, a instancias de un informe de averiguación patrimonial de la Guardia Civil fechado en septiembre de 2019 y de pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, se ha abierto una pieza separada por posible blanqueo de capitales que afectaría al Grupo Fuentes y sus directivos. Entre los bienes investigados están sus barcos congeladores Paloma Reefer y Princesa Guasimara, usados para comercializar atún rojo y ambos en activo, según ha podido confirmar Moncloa.com.
De acuerdo con un informe de la Guardia Civil, la sociedad panameña Comercializadora de Armuelles SA, constituida en 2003, mandó construir ambos buques y los compró a cambio de 10 millones cada uno. Posteriormente, ambos barcos fueron vendidos a las mercantiles maltesas Waterline Trading Limited (Paloma Reefer) y Golden Sea Trading Limited (Princesa Guasimara). Según se ha verificado en el registro mercantil de Malta, el Grupo Fuentes y sus directivos son los propietarios de esas sociedades.
El Instituto Armado señala en uno de sus informes que “a bordo del Paloma Reefer” se llevaban a cabo “tráfico y sacrificio ilegal de atunes”. Además, consta en el escrito que en ningún momento el Grupo Fuentes declaró la sociedad panameña en el Registro Mercantil de España, algo que ha verificado este medio.
Además, los reporteros han corroborado por medio del Registro Público de Panamá que Comercializadora de Armuelles se creó en 2003 con la ayuda de la firma de abogados Robles y Robles, y que ésta siempre facilitó hombres de paja como directivos de esa sociedad, tras los que se ocultaba la verdadera identidad de sus beneficiarios.
Los nombres de los hermanos José y Francisco Fuentes García y de la única accionista de Comercializadora Armuelles -la compañía maltesa Mare Blu Tuna Farm Limited- nunca aparecen en los documentos del registro de Panamá, salvo en el acta final de disolución de la sociedad el 3 de octubre de 2018, tan sólo unos días después de que se hiciera pública la Operación Tarantelo. Mare Blu Tuna Farm es propiedad de los Fuentes.
Preguntado el Grupo Fuentes por estas circunstancias, un portavoz aseguró que la compañía ha declarado a la Hacienda española todas las actividades de la sociedad panameña. No lo acreditó documentalmente.
Malta y atún rojo: la piratería no cesa
Los episodios de actividades ilegales son una constante en Malta. El pasado mes de noviembre, la Comisión Europea amenazaba al Gobierno maltés de llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no cumplía con la legislación vigente para luchar de forma eficaz contra la pesca ilegal del atún. La Comisión considera que “Malta ha fracasado en la implantación de un sistema eficaz de seguimiento, control e inspección de las actividades de engorde de atún rojo”.
Como ejemplo, en 2009, la Comisión Europea exigía a las autoridades de ese archipiélago mediterráneo que la mercantil Ta’ Mattew Fish Farms Limited, dedicada al engorde de atún, debía liberar 262.000 kilos de sus jaulas por haber sido pescados ilegalmente. Ta’ Mattew nunca liberó el pescado ni recibió sanción alguna. Al mando del Departamento de Pesca y Acuicultura estaba Andreina Fenech, apartada 10 años más tarde por presunta corrupción en la Operación Tarantelo.
Precisamente, los ahora propietarios de Ta’ Mattew Fisheries Limited y de MFF Limited, Giovanni Ellul y Saviour Ellul, forman parte del largo listado de investigados en España y Malta por Tarantelo. Las investigaciones de la Ucoma los describen como proveedores del atún pescado furtivamente y engordado en Malta y que habría estado llegando a España de forma ilegal. Era traído en camiones y por vía aérea, siempre acompañado de documentación falsificada. Giovanni negó a los periodistas toda implicación en esas actividades.
En junio pasado, una fuente muy conocedora de las entrañas de esta pesquería, informó a este medio de que tres barcos cerqueros libios estaban capturando atún ilegalmente. El pescado fue llevado en el entorno del 19 de junio a granjas de Malta pertenecientes a las sociedades Ta’ Mattew Fisheries y Fish and Fish.
Uno de los barcos remolcadores usados para transportar el atún vivo hasta las jaulas cercanas a la costa de Malta para su engorde sería el Sea Bull, propiedad de MFF Limited.
Según el denunciante, los barcos libios no llevaban a bordo los preceptivos observadores internacionales establecidos por la autoridad ICCAT, sus capitanes no habrían anotado las capturas en su cuaderno de bitácora y habrían apagado varias veces el sistema de localización por satélite AIS, algo que está prohibido.
Otra fuente que tiene gran conocimiento de causa en la zona de Libia y Malta aseguró a su vez que un grupo de 12 pesqueros libios estuvo capturando atún en la última semana de mayo y que precisamente tres de ellos navegaron sin la presencia a bordo de observadores oficiales de ICCAT, como es preceptivo. En esa operación de pesca conjunta habrían participado los tres cerqueros citados y otros.
El equipo de periodistas siguió las actividades de esas embarcaciones libias a través de la web de monitoreo del movimiento de barcos Marine Traffic. No fue posible con uno de ellos, pero los otros dos pesqueros atracaron en el puerto de La Valeta el 14 de junio y días sucesivos. El 28 de junio, al final de la temporada de pesca oficial de atún rojo, abandonaron Malta y se dirigieron a sus puertos de origen en Trípoli y Al Khoms de Libia. Debido a la situación de gran inestabilidad en Libia, no se pudo contactar con los armadores de los pesqueros, por lo que evitamos nombrarlos.
En cuanto al remolcador Sea Bull, aparece localizado durante unas horas del 19 de junio en la granja de engorde de Ta’ Mattew Fisheries, a seis kilómetros de la localidad de Marsascala. En alta mar, el Sea Bull interactuó con un remolcador italiano el día anterior, una operación en la que podría haberse dado una transferencia de pescado. Esos intercambios deben ser autorizados por las autoridades de Malta, según la legislación de la Unión Europea.
Giovanni Ellul, director de MFF Limited y Ta’ Mattew Fisheries, declinó contestar a las cuestiones planteadas por los periodistas. Su abogado se limitó a escribir que en relación con las preguntas referidas “a denuncias de ilegalidades recientes, creemos que cualquier cuestión sobre ese asunto debe enviarse a las autoridades competentes, a las que mi cliente remitirá igualmente su solicitud”.
Por su parte, Joseph Caruana, director y copropietario de Fish and Fish Limited, enfatizó que su compañía “jamás había comprado pescado de esos barcos libios” y negó toda responsabilidad en esos hechos ilícitos.
En representación del Ministerio de Pesca de Libia, el delegado de ese país en ICCAT, Hasan Algafri, negó categóricamente a este medio que en junio se detectara ilegalidad alguna entre la flota pesquera libia. Reconoció que algunos de los barcos “llegaron a Malta con retraso”. Pero “todas las capturas fueron supervisadas por observadores de ICCAT”, recalcó Algafri.
La opacidad en el negocio del atún rojo afecta a operadores privados, pero también a las autoridades y organismos oficiales por lo que se hace difícil la verificación de ciertos hechos supuestamente ilícitos como los relatados.
El Departamento de Pesca maltés no respondió a las preguntas sobre si había dado validez a esas operaciones y si tenía alguna noticia de ese posible enjaulamiento de atún rojo capturado ilegalmente. La Comisión Europea tampoco contestó a las cuestiones planteadas. E ICCAT hizo caso omiso a las preguntas sobre esos posibles episodios de pesca ilícita. Nadie sabe nada.
En este contexto, resulta reseñable que la actual secretaria de Estado maltesa de Pesca, Acuicultura y Bienestar Animal, Alicia Bugeja Said, obtuvo una donación de 2.500 euros de la empresa MFF Limited para sufragar parte de su campaña electoral en marzo de 2022 como candidata al Parlamento. Bugeja Said no contestó a la pregunta de si le parecía pertinente recibir donaciones de personas y empresas investigadas en la Operación Tarantelo.
Asimismo, es llamativo que el actual director científico del Departamento de Pesca, Francesco Lombardo, fuera el jefe del vivero de atún de esa misma compañía durante un tiempo.
En este mismo contexto, la Comisión Europea inició una investigación a Croacia por haber admitido en sus granjas de engorde atún que no llevaba la documentación en regla. El pescado fue capturado por barcos libios y transferido a aguas del país balcánico con la intermediación de operadores de Malta.
Tarantelo y la mafia italiana
Observadores oficiales de ICCAT que van a bordo de barcos pesqueros italianos aseguran a Moncloa.com que la mafia controla una parte del negocio del atún rojo. Y a los armadores con los que no llegan a acuerdos, en ocasiones, les roban las capturas mientras están pescando.
En relación con la Operación Tarantelo, los informes policiales y judiciales cuentan que uno de los proveedores de atún ilegal de las redes valenciana y murciana sería presuntamente el italiano Salvatore Russo. De acuerdo con las pesquisas de los periodistas, Russo, de 66 años, es padre de los dos socios de la empresa siciliana que enviaba el pescado a España: Red Fish. Hacía llegar la mercancía a España en camiones, muchas veces en mal estado higiénico-sanitario. La empresa posee varios pesqueros especializados en la captura de atún rojo y pez espada.
El propio Salvatore Russo es el propietario y único accionista de New International Fish, que también se dedica a actividades pesqueras. Niega rotundamente cualquier vinculación personal o de Red Fish con la trama de la Operación Tarantelo y reprueba que lo vinculen a actividades pesqueras ilícitas. “Ni yo, ni los miembros de mi familia hemos recibido nunca comunicación alguna de las autoridades españolas”, asegura.
La vida de este empresario siciliano está trufada de varios procedimientos judiciales. En la actualidad, su empresa y la mercantil de sus hijos están siendo juzgadas en un tribunal de Catania por falsificar documentación oficial de atún rojo y venderlo en ocasiones en mal estado. Ya en 1996 Russo fue detenido en el marco de la operación Ficodindia, acusado de asociación con organización con la mafia. Los fiscales le imputaron por ser presuntamente miembro del clan de los Laudani. No obstante, Russo fue absuelto finalmente.
Tres años más tarde, la historia se repitió. Los Carabinieri lo detuvieron por competencia ilícita con amenazas y por un delito agravado de colaboración con una organización mafiosa. Varios colaboradores de la justicia citaron el nombre de Salvatore Russo en sus declaraciones. En aquella época, Russo y otros pocos industriales de la pesca gozaban de estar protegidos por el oligopolio de la venta de pez espada, un negocio muy lucrativo en aquella época. De nuevo, la defensa del siciliano desmontó la acusación porque convenció al juez de que su cliente era más una víctima que un victimario, ya que tenía que pagar a la organización mafiosa un porcentaje de los beneficios de la pesca.
Un jefe del clan Laudani y a la postre colaborador de la justicia, Alfio Giuffrida, se refirió a Russo en 1997 del modo siguiente: “Es un referente para nuestra familia”. Este último, que dirigió los negocios mafiosos de los Laudani en los años noventa, dejó constancia en 2010 de que había vendido “un barco para la pesca del pez espada a unos comerciantes de pesca de Santa Maria La Scala (Sicilia)” procedente del pago de una deuda. Según documentos judiciales a los que ha tenido acceso este medio, Giuffrida afirmó que Russo había actuado como intermediario en esa compraventa y le había enviado posteriormente el dinero.
Mafia, piratería, blanqueo de capitales, barcos consignados en paraísos fiscales… A pesar de todo, la población del llamado popularmente cerdo ibérico del mar, porque de él todo se aprovecha, se ha recuperado de la sobrepesca desmesurada. Los planes de recuperación y ordenación impuestos por ICCAT y la Unión Europea han dado sus frutos para evitar que la población de atún rojo menguara peligrosamente su número.
Aun así, muchos expertos advierten de que es necesario seguir vigilantes. “La pesca ilegal del atún rojo continúa existiendo”, afirma Celia Ojeda de Greenpeace. Concluye: “Ocurre en menor medida que hace diez años, pero no ha dejado de existir”.
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En esta investigación han trabajado conjuntamente periodistas de IrpiMedia (Italia), JournalismPlus (Malta) y Grupo Merca2. Además de los arriba firmantes del artículo, han colaborado Giulio Rubino y Cecilia Anesi.
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