El expresidente del Banco Popular Ángel Ron ha negado su «participación o intervención» en los hechos sobre los que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha puesto la lupa a lo largo de la investigación, asegurando a su vez que no existe «conducta que sea reprochable desde el punto de vista penal» en el periodo en el que estuvo al frente de la entidad.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 4, y al que ha tenido acceso Europa Press, Ron se desmarca de la financiación de acciones a clientes, de las tasaciones y de las operaciones relativas a la sociedad de capital riesgo Thesan Capital. «En todas y cada una de ellas», sostiene, no estuvo implicado, «restringiéndose su conocimiento de los hechos» a las cuestiones que se trataban en el Consejo de Administración.
Estos asuntos, sobre los que el juez indaga, habrían sido según Ron «cuestiones ajenas al Consejo de Administración, y en todo caso, ajenas al presidente de la entidad, que como se evidencia de la presente investigación, se nutría de la información que llegaba al Consejo a través de los departamentos correspondientes, y no al revés».
Ron, uno de los principales investigados en esta compleja causa, ha remitido al magistrado dos informes periciales relevantes y elaborados por dos inspectores del Banco de España en excedencia. El primero de ellos analiza la estructura de Gobierno Corporativo de Banco Popular, así como el detalle de la supervisión prudencial llevada a cabo sobre la entidad.
El segundo, por su parte, guarda relación con la ampliación de la pericial aportada por los peritos del Banco de España del pasado 13 de junio de 2022. Se trataba, en concreto, de una ampliación de un informe que ellos mismos elaboraron en 2019 a fin de determinar si, a finales del año 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Popular y su «trascendencia» para las cuentas anuales del banco.
INVALIDARÍA LAS CONCLUSIONES DEL INFORME
Precisamente, una de las diligencias pendientes en esta causa es la ratificación por parte de los peritos de esa ampliación, para lo cual están citados el próximo 14 de septiembre. Así, Ron pide al instructor que el instructor cite al perito en excedencia, José Antonio Iturriaga, que ha elaborado el informe que ahora aporta, para que pueda ratificarlo de forma conjunta con los otros dos expertos.
El expresidente del banco considera relevante la declaración en sede judicial de Iturriaga en tanto que su informe llega a unas conclusiones que difieren a las de la pericia remitida al juez. El documento elaborado por Iturriaga, en concreto, «evidencia que no existen deficiencias contables en los estados financieros del ejercicio 2015, en contraposición a la posible interpretación de las conclusiones que se vierten en la OSI, y en contra de la interpretación que se realiza por los inspectores del Banco de España«.
Y es que, explica Ron, «tal y como recoge el meritado informe pericial, la naturaleza y objeto de las inspecciones periódicas del Banco Central Europeo, es prudencial y prospectiva, y no contable, como lo fue durante el ejercicio 2014».
«Motivo por el cual, al no tener carácter de totalidad o de revisión de conjunto, sino limitadas a muestras concretas, que, no son extrapolables o siguen criterios estadísticos, no cabe, bajo ningún concepto, la aplicación retroactiva de tales resultados bajo criterios contables, adulterando, en otro caso, el tenor literal de la normativa, y generando un resultado artificial como consecuencia del indebido ejercicio retrospectivo, lo que, a nuestro juicio, invalida las conclusiones del informe del Banco de España, si con ello pretende acreditarse una alteración contable», denuncian.
NIEGA «FALSEAMIENTO CONTABLE»
En lo relativo al cumplimiento de gobierno corporativo en la entidad, el expresidente sostiene que el banco contaba con «sólidos procedimientos y una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes«.
«Durante los años analizados se observa como en los Consejos de Administración se da importancia a las nuevas corrientes en materia de gobierno corporativo y se introducen modificaciones para cumplir tanto con la norma, como con las recomendaciones en materia de gobierno corporativo», apunta.
Por otro lado, y refiriéndose a la supervisión prudencial de las entidades de crédito, Ron niega la «existencia de falseamiento contable» al tiempo que asegura que «durante los ejercicios 2014 a 2016 no existieron incumplimientos en materia de gobierno corporativo ni de control interno» en la entidad.
En cuanto a la financiación de acciones propias, la defensa del expresidente explica que del contenido de las actas de las reuniones del Consejo de Administración no se desprende que los miembros del mismo tuvieran conocimiento de la financiación vinculada a la compra de acciones de la ampliación.
«El Banco de España en su informe de 8 de abril de 2019 no hace referencia a que el Consejo de Administración fuera conocedor de que la entidad financiase a adquirentes de nuevas acciones, y que en todo caso la responsabilidad sería de Auditoría Interna, no del Consejo de Administración», afirma.
EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN
Este escrito de Ron llega dos semanas después de que el instructor acordase ampliar seis meses más su investigación sobre las presuntas irregularidades contables del Banco Popular en 2016 y las filtraciones a la prensa que habrían provocado la resolución de la entidad financiera en 2017, debido al «carácter extraordinariamente complejo» de la causa.
Además de la ya mencionada ratificación en sede judicial por parte de los peritos, el juez está «pendiente de pronunciarse sobre la pertinencia de ciertas diligencias instadas por alguna de las partes, trámite que se ha pospuesto hasta analizar los informes periciales» que todavía no se han terminado.
Las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press subrayan que se trata de los últimos trámites antes de que este caso llegue a su final, después de cinco años de investigación.
