Las comunidades gobernadas por el PP han cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no consensuar con las autonomías su plan de ahorro energético, que incluye medidas como apagar los escaparates a las 22.00 horas o limitar la temperatura del aire acondicionado y la calefacción. La Comunidad de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso ha sido la que ha respondido con más contundencia, amenazando incluso con llevar al Tribunal Constitucional el decreto del Gobierno.
También el Ejecutivo murciano que lidera Fernando López Miras ha adelantado que van a estudiar todas las posibilidades jurídicas que ofrece el decreto para estudiar su aplicación o no. Sin embargo, en el caso de Andalucía, el Gobierno de Juanma Moreno ha admitido que «la norma es la norma» y «un recurso no exime de su cumplimiento».
Desde Galicia, el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ya criticó este fin de semana que el Ejecutivo de Sánchez se estuviera centrando en «más en medidas estéticas que en medidas reales», al tiempo que pidió «colaboración» con las CCAA. «No parece razonable que se haya celebrado una conferencia sectorial y no conozcamos el contenido de ese plan», se quejó.
Por el momento, el Gobierno de Castilla y León no se ha pronunciado públicamente sobre el plan de ahorro energético del Gobierno, que el Congreso prevé convalidar a finales de agosto en el Pleno. Desde el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ya se ha avanzado que incumplir el plan conllevará multas de entre 60.000 euros y 100 millones.
FEIJÓO APOYÓ LÍMITES AL AIRE ACONDICIONADO Y LA CALEFACCIÓN
El pasado 21 de julio en Valencia, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señalo que en este asunto hay que «decir a los españoles la verdad» y defendió como «imprescindible» un plan de ahorro energético en España. «Me parecen bien los planes de ahorro energético que señalan límites para activar los aires acondicionados y la calefacción –señaló–. Debemos bajar el consumo energético innecesario, debemos pactar con los ayuntamientos un ahorro en el alumbrado eléctrico nocturno para prepararnos ante eventuales cortes o disminuciones de energía».
Eso sí, fuentes del PP han recalcado a Europa Press que, aunque el plan de Feijóo incluía esas medidas sobre alumbrado, aire acondicionado o calefacción, era «más amplio y consistente» y abogaba además por utilizar todas las fuentes energéticas posibles, incluyendo las centrales térmicas de carbón o ampliar la vida útil de las centrales nucleares.
GÉNOVA NO ANIMA A LA INSUMISIÓN
Ante la contundencia de Ayuso, que anoche avanzó que no aplicará el plan de Sánchez porque «Madrid no se apaga», «genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo», la dirección nacional del PP no ha animado a sus comunidades a rebelarse contra el decreto pero sí ha dicho comprender la reacción de la presidenta madrileña.
Así, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado desde Málaga que «entiende la desesperación» de cualquier líder autonómico ante «los bandazos que da el Gobierno» de España porque habló de «recomendaciones» y ahora «impone» las medidas «a golpe de decreto y sin ningún tipo de diálogo».
En lo que sí que coinciden las comunidades gobernadas por el PP es en echar en cara al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos que no haya consensuado las medidas con las autonomías, una crítica en la que también ha hecho hincapié la dirección nacional de partido.
«Hace falta un plan consensuado con CCAA y ayuntamientos y no un refrito», ha declarado Bendodo, quien ha reprochado además al Gobierno que haya planteado un «paquete de frivolidades» en vez de medidas de «calado» como, a su juicio, están haciendo otros países.
MATICES EN LAS REACCIONES DEL PP
Si este lunes, Ayuso expresó su rechazo a aplicar las medidas de Sánchez, este martes el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, ha avanzado que la Comunidad de Madrid analizará «seriamente» el decreto y «si no es constitucional», lo recurrirá.
«Todo aquello que nos parezca negativo para los madrileños y también, por supuesto, para los españoles, la Comunidad de Madrid, dentro de su ámbito de competencias, que no sea normativa básica, evidentemente no lo va a aplicar», ha señalado.
En el caso de Murcia, el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, ha calificado de «cosméticas, improvisadas, intervencionistas y carentes de respaldo técnico» las medidas de ahorro energético de Sánchez y ha adelantado que estudiará todas las posibilidades jurídicas que dé el decreto para estudiar su aplicación o no. «Veremos qué decreto se publica y haremos una consulta a los servicios jurídicos», ha indicado.
Más prudente ha sido la reacción del Gobierno andaluz. El consejero de la Presidencia y portavoz, Antonio Sanz, ha criticado que el Ejecutivo central «no haya consensuado» las medidas, aunque ha afirmado que «la norma es la norma» al ser preguntado sobre si Andalucía lo llevaría ante el Constitucional o lo acatará.
La dureza de Ayuso sí que ha encontrado respaldo en algunos dirigentes del PP, como el presidente del partido en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, que ha dicho que «ojalá Page fuese valiente y se enfrentase a Sánchez como hace Ayuso». «Las medidas de ahorro energético socialistas perjudicarán al comercio, la hostelería y las empresas de la región. Castilla-La Mancha merece un gobierno preocupado por su gente», ha apostillado.
