Mientras algunos promueven la repoblación de la España vaciada, en Castilla – La Mancha continua la disputa legal por lo que ha sucedido con Fraguas, un pueblo ubicado en Guadalajara, que actualmente está habitado por 10 personas que se instalaron allí desde 2013, para repoblarlo y rehacer sus vidas. Tras cinco años de batalla legal, estas personas aún guardan la esperanza de que les permitan quedarse en el lugar.
Los que fueron procesados judicialmente fueron seis jóvenes con edades comprendidas entre los 24 y los 36 años, quienes llegaron al lugar que para el momento en que todo comenzó estaba vacío y solo quedaban algunas viviendas en pie. Tras un juicio que se inició en 2017, estas personas fueron sentenciadas a 2 años y 3 meses de prisión por la supuesta comisión de los delitos de usurpación de bien inmueble y contra la ordenación territorial.
Ahora están apunto de ir a la cárcel, pues ya se han quedado prácticamente sin recursos legales para seguir alargando la decisión de tener que salir de las casas del pueblo y demoler las estructuras que han levantado, que tiene un costo de 110 mil euros, según lo que explicó Lalo Aracil, uno de los seis jóvenes que podría ser encarcelado por esta disputa legal.
La vía legal se les ha agotado, pero la última palabra la tienen las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, quienes fueron los que iniciaron la cruzada para tratar de desalojarlos, pues los terrenos donde está construido el pueblo pertenecen a esta localidad.
«Nosotros hemos reconstruido cuatro casas y para el momento en que todo comenzó, las detenciones fueron aleatorias y solo nos detuvieron a seis de los 10 que vivimos en Fraguas. Es completamente injusto que nos hayan condenado por esto, porque nuestra llegada a ese pueblo no fue con ningún ánimo de lucro y no hemos edificado nada; lo que hicimos fue recuperar casas que ya estaban allí», comentó Aracil a este medio.
Quienes están en medio de la disputa legal aseguran que todo lo que allí se ha hecho es completamente autorizable y denuncian que la ordenación territorial de esa área es irregular, por estar basada en leyes del franquismo.
«Nosotros decidimos instalarnos allí porque considerábamos que era un lugar óptimo para vivir que tenía agua y que tenía áreas para cultivar, pensamos que las autoridades lo iban a ver como algo positivo, porque solo se trataba de repoblar un lugar que se había quedado solo y despoblado, como ha pasado con tantos otros pueblos», dijo el vocero de los afectados en conversación telefónica con Moncloa.com
Según Aracil, los reclamos hechos por las autoridades de Castilla – La Mancha carecen de fundamentos, pues advirtió que ellos solo han tratado de recuperar las construcciones de Fraguas que tras la dictadura de Franco fueron utilizadas para hacer prácticas militares, lo que provocó daños en varias de las estructuras que quedaban en el pueblo.
En este medio intentamos conversar con las autoridades de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, para que fijaran posición sobre lo ocurrido y contactamos a José Luis Tenorio, delegado provincial de desarrollo sostenible de la Junta de Comunidades de Catilla – La Mancha, quien indicó que debía gestionarse la información sobre el tema a través del gabinete de comunicación de la Consejería.
Para estas seis personas los días siguen corriendo y se les acaban las opciones, pues el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha fijado el monto que deben pagar para desmontar todo o si no irán a prisión.
«Nosotros tenemos en Fragua una labor de autosuficiencia, porque producimos aceites, mermeladas y lo que produce la huerta. También viene mucha gente a visitarnos y en ningún momento se hace nada con un interés económico», expresó Aracil.
Se supone que para paralizar la ejecución de la sentencia con la que pretenden enviarlos a la cárcel, hace falta un informe de un arqueólogo, tras un estudio que se tendría que realizar previamente, pues solo así se podría determinar que la rehabilitación que los 10 pobladores hicieron no causaron ningún daño a las estructuras que ya estaban hechas allí, antes de que ellos llegaran a instalarse.
Estas personas señalan que en 1968 el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) expropió este pueblo, durante la dictadura y le cambió el ordenamiento territorial, por lo que perdió la condición de pueblo como tal.
Estas personas que están apunto de ingresar a la cárcel, tras nueve años de batalla legal por la ocupación de este pueblo de Guadalajara hacen un último llamado a las autoridades de Castilla – La Mancha para que detengan la ejecución de la sentencia y les permita seguir residiendo en el lugar en el que se instalaron desde hace casi una década.
Piden que además se le devuelva la ordenación territorial y que sea considerado un pueblo, como tal, para echar por tierra lo que ocurrió durante la dictadura de Franco, pues aseguran que esto no sucedió solo con Fraguas, sino con otros 10 pueblos de la región.
