La burocracia se está tragando a las instituciones españolas que con sus horarios cada vez más reducidos, el teletrabajo y la falta de personal hacen que los trámites sean cada vez más complejos. Esta situación ha obligado al Ministerio de Política Territorial a anunciar que iniciará en los próximos meses un plan de choque que contempla la incorporación de 300 nuevos funcionarios que tendrán la responsabilidad de resolver 200mil expedientes pendientes en los próximos nueve meses.
Esta estrategia del Ejecutivo viene a complementar la recién aprobada reforma migratoria que entrará en vigencia a partir del próximo 16 de agosto, que abre un nuevo abanico de posibilidades para regularizarse a los extranjeros en España, lo que podría traer como consecuencia inmediata una avalancha de nuevas peticiones, cuando en este momento hay un gran retraso en expedientes de personas que han intentado regularizarse desde hace varios años.
Este nuevo lote de funcionarios se incorporarán en las oficinas de extranjería del país progresivamente con el propósito de cumplir lo establecido por las leyes, que señalan que los procedimientos para resolver estas solicitudes es de 45 días, pero que en la actualidad, pueden pasar hasta ocho meses antes de que los solicitantes obtengan alguna respuesta, pero todo depende mucho de las provincias donde se gestionen.
La más reciente reforma del reglamento migratorio, impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aprobada la semana pasada en Consejo de Ministros, ofrece un par de alternativas nuevas para que los inmigrantes puedas regularizar su situación en el país, como son el arraigo por formación y la opción de otorgarle a los estudiantes un permiso de trabajo para que puedan laborar hasta 30 horas por semana. A esto se le suma la opción del arraigo social y el arraigo laboral que eran las figuras ya existentes y de las que se han validos miles de inmigrantes durante los últimos años para poder vivir y trabajar de manera legal en España. Estas alternativas también han sufrido modificaciones en favor de facilitar los procesos para los extranjeros que viven en España.
Para este nuevo plan de Choque el Ejecutivo invertirá 5,1 millones de euros, que servirán para la contratación de los nuevos funcionarios interinos que se encargarán de descongestionar las oficinas de Extranjería.
De acuerdo con las cifras del Ministerio de Política Territorial, se revela que durante los últimos años se ha ido incrementando la cantidad de solicitudes a procesar, pues tan solo el año pasado el organismo recibió 860 mil solicitudes, pero que ante este incremento es necesario que crezca de la misma manera el personal encargado de la tramitación, para que se puedan cumplir los plazos establecidos.
Al final, la burocracia dentro de los organismos públicos redunda en la condición de irregularidad de la gran cantidad de migrantes que han escogido España como el país para rehacer sus vidas y que estén en condiciones regulares depende, en gran medida, de las gestiones ministeriales y lo que tarden los trámites para que obtengan sus permisos de residencia y los permisos de trabajo.
Esta situación de retrasos en los trámites que deben realizar los inmigrantes ante las oficinas de Extranjería no son nuevos, pero sí es cierto que durante los últimos años, la situación se ha agravado tras la pandemia ocasionada por la Covid-19.
En general, todos los trámites de la administración pública que son para que los extranjeros puedan regularizar su situación en el país están presentando retrasos, pero durante este año la situación se ha agravado en todo el país, pues lo mismo ocurre con quienes llegan al país con la intención de solicitar protección internacional (asilo), pues el acceso al sistema de citas está colapsado desde hace mese, en especial desde que comenzaron a recibir a los desplazados por la invasión militar rusa a Ucrania.
Esta área es competencia del Ministerio del Interior, pero allí todo parece indicar que no tienen ninguna intención de descongestionar el sistema, a pesar de que durante el primer semestre de este 2022 el organismo procesó por lo menos 57 mil solicitudes de protección internacional, y de acuerdo con las proyecciones hechas por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), este año podría terminar con más de 120 mil solicitudes, lo que ubicaría el registro en las cifras que se alcanzaban pre pandemia.
A estos escenarios hay que sumarles la existencia de mafias que se dedican a acaparar las citas de las diferentes plataformas que hay para hacer los trámites migratorios, y se dedican a revenderlas en las redes sociales y en Wallapop, lo que pone a los inmigrantes en una situación de desventaja pues para acceder a los cupos deben pagar por gestiones que suelen ser gratuitas; todo esto ante la inacción absoluta de las autoridades que pese a que tienen conocimiento de la situación, no hacen nada para controlarlo.
