Si de algo se ha encargado Pedro Sánchez, a lo largo de toda su legislatura, es de procurarse leyes hechas a su medida, para gobernar como él mejor prefiere, y eso es justamente lo que ha sucedido con la reciente aprobación del anteproyecto de la ley de Secretos Oficiales, que le da potestad al Ejecutivo para ocultar las informaciones que consideren más sensibles para la seguridad del Estado, hasta por 50 años.
Ante esta situación, el diputado Pablo Cambronero elevó una serie de preguntas a la mesa del Congreso de los Diputados, para exigir que el Ejecutivo rinda cuentas al respecto, haciendo uso de su envestidura de parlamentario, para ahondar en temas que son de interés para el país.
Entre las preguntas planteadas por Cambronero está el hecho de que el Ejecutivo utilice este tipo de leyes para ocultar al país información sobre «gastos de desplazamiento y otros asuntos que nada tienen que ver con la seguridad nacional», tal como se ha hecho con la ley que estuvo vigente desde 1968.
Esta legislación aprobada en esta primera fase por el Consejo de Ministros, a comienzos de esta semana, contempla que este periodo de 50 años puede ser prorrogable por una 15 años más, si el Ejecutivo considera que persisten las razones por las cuales se decretó el secreto.
El parlamentario además plantea la interrogante sobre ¿Qué capacidades, aparte del escaso control de facto que supone la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, van a tener los diputados como representantes de la soberanía popular, en la clasificación, uso, control y censura, del uso de esta normativa por el Poder Ejecutivo?
En relación con esta interrogante, ya el ministro de la Presidencia Félix Bolaños respondió que «la Comisión de Regulación, la de Gastos Reservados, será el órgano competente para encausar todas las peticiones de desclasificación de información que puedan hacer los diputados, de tal manera que cualquier solicitud de petición de desclasificación de un documento se hará a través de esa comisión, y en el caso de que se desclasifique finalmente el documento se exhibirá a los miembros del Parlamento que están allí presentes», dijo el ministro en la rueda de prensa tras el Consejo.
Esta nueva movida de Pedro Sánchez viene a darle más poder al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños y a restarle poder a la ministra Margarita Robles, lo que pasa a reforzar el rumor que lleva rato corriendo dentro de las filas del Ejecutivo de que tras las vacaciones de verano podría precipitarse la salida de la ministra de Defensa, que ya viene arrastrando un récord de fichas negativas, a raíz de la divulgación de las informaciones relacionadas con los pinchazos a los independentistas catalanes y hasta al propio Pedro Sánchez, mediante el uso del software israelí Pegasus.
Cambronero además remata su documento con la siguiente interrogante: ¿Pretende arrogarse en exclusiva el Presidente del Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, todo el control y uso de la información clasificada?
Todo esto, a pesar de que fuentes de La Moncloa señalan que hasta la propia ministra de la Defensa ha dicho estar a favor de este proyecto, a pesar de las consecuencias que esto podría traer a su posición dentro del Ejecutivo, pues ya de entrada, la aprobación de este texto legal de inmediato supondría que el Ministerio de la Presidencia tendría que disponer de nuevos medios para poder llevar a cabo las labores que le encomienda el texto.
Con la ley se creará la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada que dependerá directamente del Ministerio de la Presidencia; este órgano se encargará de toda la protección y el tratamiento de la información que se catalogue como alto secreto, secreto o confidencial, y de todas las informaciones que provengan de otros países
A partir de su promulgación, se fijarán cuatro categorías de clasificación, que son el alto secreto, secreto, confidencial y restringido; cada una de ellas con un nivel de seguridad diferente, en función del peligro que pudieran suponer para la seguridad del Estado, que se divulgara alguna información de esta naturaleza; este cambio sería para acoplar la normativa española a la que está vigente en la Unión Europea y en la OTAN, con el propósito de facilitar el intercambio de documentos. En la actualidad en España solo existen dos clasificaciones que son el secreto y la confidencial.
La competencia para clasificar documentos como secretos y altos secretos será potestad del Consejo de Ministros, mientras quela competencia para clasificarlos como restringidos o confidenciales será de una serie de autoridades que quedarán establecidos en la ley.
De todos modos, no será hasta el otoño que esté completamente aprobado este anteproyecto de ley, que según el ministro Bolaños está ajustado a las legislaciones similares de las democracias más modernas de la región.
