La Comunidad de Madrid sigue en posición de rebeldía frente a las medidas de ahorro energético impuestas por el Gobierno, tras la reunión que sostuvieron la mañana de este lunes los máximos representantes autonómicos de Energía, Industria y Comercio, con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera y la ministra de Industrias, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
La decisión del Gobierno está en firme y las medidas tendrán que ser aplicadas, pero en las comunidades autónomas donde el Ejecutivo está encabezado por el Partido Popular la posición también es firme y se siguen oponiendo, por considerar que, entre otras cosas, esas decisiones no fueron consultadas con ningún sector de la economía del país, que son los principales afectados.
La bandera de lucha contra el Ejecutivo la sigue liderando la Comunidad de Madrid, que participó en el encuentro con una lista de argumentos para rebatir las posiciones de las ministras, tras toda la polémica surgida desde la semana pasada, cuando fueron anunciadas por el Ejecutivo las medidas que se debían tomar.
«Madrid no se apaga» fue la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y hoy fue ratificada. El Ejecutivo de la capital española se plantó y dijo que es necesario que se convoque una conferencia de presidentes, con la intención de que el asunto sea abordado con sensatez, de acuerdo con la realidad de cara uno de los territorios que conforman el país.
Asimismo, las autoridades de la Comunidad de Madrid aseguraron que de no retirarse el decreto que contiene las medidas del plan de ahorro energético lo recurrirán ante el Tribunal Constitucional, bajo el alegato de que el texto invade competencias que son propias de cada una de las comunidades.
Consideran que el verdadero problema, en la actualidad, es el precio de la luz en España, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo a que tome medidas al respecto, en lugar de imponer decisiones a las empresas, que solo afectarán a la economía, que ya está golpeada por el alto índice de inflación.
Hay que recordar que el presidente Pedro Sánchez anunció la semana pasada una serie de medidas para cumplir con el compromiso asumido por España ante Bruselas, de ahorrar 7% en el consumo de gas, debido a las amenazas rusas de cortar el suministro de este recurso a la Unión Europea, como consecuencia de las medidas que se han tomado contra el régimen de Vladimir Putin, por la invasión de Ucrania, que se inició en febrero de este año.
Entre las medidas que el Ejecutivo ha impuesto está la regulación de las temperaturas mínimas y máximas que los establecimientos comerciales deben adoptar durante el verano y el invierno, así como la orden de apagar los edificios públicos y los escaparates de los establecimientos comerciales a las 22 horas, así como la imposición de mantener las puertas de los locales cerrados para preservar las temperaturas de los aires acondicionados y la calefacción, entre otras. Se tiene previsto, en principio, que estas medidas se deban cumplir hasta noviembre de 2023, pero se espera que para septiembre el Ejecutivo anuncie otro grupo de recomendaciones que se deben seguir como parte del plan de ahorro energético.
Entre los argumentos presentados por la Comunidad de Madrid, y respaldado por otras comunidades, se hizo énfasis en el tema de cómo se verán afectados los comercios, pues ninguna de las imposiciones del Ejecutivo fueron consultados con los diferentes sectores, saltándose de esa manera las competencias que tienen cada una de las Comunidades sobre los comerciantes.
De acuerdo con la posición de Madrid, el Ejecutivo no ha medido el impacto que estas medidas tendrán sobre la ya golpeada economía del país, ni la contracción económica que esto podría ocasionar, en un momento donde los indicadores económicos son bastante negativos.
Tras la reunión que sostuvieron, por vía telemática, durante más de tres horas, con los representantes de cada gobierno autonómico, la ministra Teresa Ribera expresó que no era la intención del Ejecutivo retirar del mapa la medida de regular los termostatos de los comercios, por lo que ratificó que todos tendrán que comenzar a darle cumplimiento a lo establecido a partir de este miércoles 10 de agosto.
Algunos de los representantes autonómicos han enfilado sus críticas directamente contra el presidente Pedro Sánchez, a quien sugieren suspender sus vacaciones para que convoque una reunión con los presidentes autonómicos, que ayude a darle forma a lo que han llamado el «plan de improvisación energética».
Otro de los puntos destacados por los partidarios del Partido Popular es lo relativo al apagado de los escaparates a las 22 horas, pues aseguran que el miércoles por la noche los únicos escaparates que se apagarán serán los de España e hicieron referencia a el caso de Francia, donde la medida no es obligatoria y aun así, los comercios han decidido hacerlo a partir de la 1:00 am.
