Los trabajadores de la aerolínea Plus Ultra amenazan con irse a huelga si la compañía no accede a la petición de aumentarles el salario, equiparándolo al incremento del IPC, entre otras reivindicaciones laborales que exige el personal de la compañía que el año pasado fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez, que le otorgó 53 millones de euros, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
De manera extraoficial se supo que la situación de conflicto por los ajustes salariales dentro de la empresa han trascendido a la SEPI, a pesar de que el organismo no ha confirmado la información. No obstante, empleados de la aerolínea que piden mantener en resguardo su identidad, aseguran que están reclamando lo que consideran justo, dada la situación actual de la economía.
Para los trabajadores consultados, el hecho de que la aerolínea haya invertido en la compra de nuevas aeronaves y que esté expandiendo las rutas hacia otros países de América Latina es muestra de que la situación dentro de la empresa no es tan mala como desde la gerencia pretenden hacer ver.
Según han señalado, en el mes de junio la aerolínea adquirió tres nuevas aeronaves Airbus 330-200, que serían utilizados para cubrir las nuevas rutas hacia Colombia y República Dominicana, lo que además les permitió incrementar también la plantilla de trabajadores para poder tener el personal necesario para cubrir estas rutas.
Estas personas confirmaron que tienen salarios que rondan los 1500 euros aproximadamente, pero advierten que no se respetan los años de antigüedad ni los años de experiencia que puedan tener, pues da lo mismo si un tripulante de cabina tiene cinco años de experiencia o si tiene 15, al final a todos les pagan lo mismo y esa es una de las reivindicaciones salariales en las que insisten en hacer énfasis.
Las polémicas no dejan de salpicar a esta aerolínea española, que ya anteriormente fue imputada, como persona jurídica, por el rescate que recibió la compañía por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. En ese entonces se aprobó el reflote de compañías que supuestamente habían sido afectadas por la pandemia ocasionada por la Covid-19 y que eran consideradas de interés estratégico para el Estado español.
La titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, había citado para comparecer a la representación legal de la compañía el pasado 15 de junio, pero la audiencia no se llevó a cabo y posteriormente la aerolínea aseguró que la imputación había sido hecha fuera de los lapsos establecidos por la ley.
Se supone que la compañía tenía que demostrar ante las autoridades si presuntamente había cometido un delito de prevaricación y malversación con los recursos provenientes del rescate, en una querella que se inició gracias a las denuncias formuladas por VOX y el sindicato Manos Limpias, quienes pidieron que se investigara a la línea aérea y a los funcionarios del Ejecutivo responsables de la aprobación de estos recursos que fueron otorgados a esta compañía.
La jueza Collazos había decidido seguir adelante con la imputación contra la empresa, después de haber tomado las declaraciones de los peritos que se encargaron de hacer un análisis sobre si la aerolínea cumplía o no con los requisitos para que se le otorgaran los fondos públicos para el rescate, pero la polémica surgió cuando las partes tuvieron que tratar de explicar por qué parte de los recursos que recibió la compañía fueron a parar a la estatal Petróleos de Venezuela.
Por una parte, los peritos que se encargaban de asesorar al SEPI señalaron que el pago no se había podido hacer antes, supuestamente por las sanciones internacionales impuestas contra Venezuela, mientras que los expertos independientes citados por el juzgado señalaban que no era habitual que la aerolínea le diera prioridad a ese pago, cuando tenía gastos operativos que eran más urgentes.
Esta amenaza de una posible huelga dentro de la aerolínea solo pasa a formar parte de la lista de polémicas que han rodeado a la compañía desde que comenzó a sonar en España, que han ido desde sus presuntas vinculaciones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, hasta toda la situación de molestia que han causado a cientos de viajeros que se han quedado varados por la cancelación de las operaciones entre España y Venezuela, en un par de oportunidades.
