La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este lunes al Gobierno de realizar una política de «censura energética» en Madrid y en una ciudad como la capital que «tiene mayor vida nocturna», en mitad de la campaña de verano y con unas medidas que «no tienen el consenso» de los sectores afectados.
«Madrid no se va a apagar por decreto, se va a apagar porque Sánchez así lo impone, de manera autoritaria y sin consenso. Han ido contra mí y contra mi Gobierno, pero nosotros iremos a los tribunales. Aquí las leyes se cumplen, pero quiero defender el interés de los madrileños», ha recalcado la presidenta a los medios de comunicación en la Plaza de la Villa.
Ayuso ha lamentado que la capital de España sea «la que apague antes sus escaparates» ante un decreto que «afecta al turismo». «Nos parece insensato que seamos la capital de Europa que antes apaga sus escaparates, a manos de un decreto que atenta directamente contra la libertad de horarios comerciales de la Comunidad de Madrid, afectando especialmente al turismo y al comercio», ha afirmado.
En esta línea, ha reiterado que estas decisiones se han tomado «a mitad de la campaña de verano» y que afectará a «tantos locales privados, que siempre se les está cambiando las reglas del juego».
«Nosotros hemos respondido a esa crisis energética de forma responsable con campañas reciclaje, apelando al consenso y al diálogo. Madrid se apagará si Sánchez lo impone», ha señalado la presidenta madrileña.
MADRID RECURRIRÁ EL DECRETO ANTE EL TC «PRÓXIMAMENTE»
Ayuso ha afirmado que presentarán «próximamente» un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto porque están estudiando más artículos para «reforzar su posición». «Vamos a ir al Tribunal Constitucional a recurrir este decreto con todas las herramientas que proporciona el Estado de Derecho para demostrar que no se ha actuado correctamente y conforme a la ley», ha dicho.
Asimismo, la líder del PP de Madrid ha recalcado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, coincide con ella en que este decreto retrata al Gobierno como «autoritario, arbitrario y chapucero» y que está «lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea».
