El próximo 29 de agosto entrará en vigencia la modificación del artículo 234.2 del Código Penal español, la cual contempla penas de prisión de seis a 18 meses para los delincuentes que cometan hurtos, que sean reincidentes, y hayan sido condenados al menos tres veces, cuando los sustraído tenga un valor superior a 400 euros, pero para poder aplicar esta modificación de la ley, los funcionarios policiales le piden al Ministerio del Interior una aplicación que sirva para poder verificar la base de datos de los antecedentes judiciales de las personas.
Esta petición está siendo impulsada desde la Confederación Española de Policía (CEP), quienes celebran esta modificación, pero piden que los doten de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo las labores de seguridad ciudadana de una manera óptima y eficiente.
Así lo señaló David Pola, portavoz de la organización policial, en conversación con Moncloa.com, quien explicó que en la actualidad los funcionarios cuentan con Sistema de Registro Administrativo de Apoyo a la Administración de Justicia (Siraj), que sirve para verificar los antecedentes judiciales en los casos de violencia de género, pero que sería necesaria una herramienta similar donde ellos puedan tener acceso a los antecedentes judiciales de ladrones reincidentes.
De acuerdo con la modificación, el artículo 234.2 quedará redactado de la siguiente manera: “Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235. No obstante, en el caso de que el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, aunque sean de carácter leve, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se impondrá la pena del apartado 1 de este artículo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo”.
«Nosotros mencionamos a Siraj, porque es el que hay, pero puede ser esa o una mejor que se cree, donde estén todas las bases de datos de las personas que hayan sido sentenciadas por delitos leves; que se articule algo para que se lleve a cabo la implementación de lo que dice la modificación del Código Penal», expresó Pola como representante de la organización policial.
Para el funcionario, el tener una herramienta que les permita acceder a estos registros sería ideal para complementar sus labores de seguridad ciudadana, porque en la actualidad no cuentan con los medios técnicos que le permitan dar cumplimiento a este nuevo agregado del Código Penal, que entrará en vigencia en unos pocos días.
Pola explicó que debe existir una articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia para que se logre implementar un sistema informático que ofrezca la posibilidad de verificar estos antecedentes judiciales de las personas que sean verificas en los puntos de control en la vía pública o que sean detenidos por su presunta vinculación en casos de hurtos de bienes que no superen los 400 euros.
Los funcionarios de la CEP hicieron un llamado directamente a la Unidad de Planificación Estratégica y de Coordinación de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional para que elaboren las instrucciones que consideren pertinentes para la correcta aplicación de esta reforma del Código Penal.
Reconocen que esta reforma contribuye en gran medida en la lucha contra los delitos que afectan el patrimonio de los ciudadanos y que inciden de manera indirecta en la sensación de inseguridad de las personas, pero advierten que su correcta implementación pasa por una serie de verificaciones que tendrían que poder hacer los funcionarios para poder actuar en los momentos en que detienen a una persona, pues al no poder verificar sus antecedentes judiciales, no hay manera de saber si son multireincidentes y si ya han sido condenados para aplicar lo establecido en el nuevo apartado del CP.
«Es que si no tenemos cómo verificar los antecedentes judiciales de esos que se dedican a robar y hurtar cosas cuyo valor no excede los 400 euros y no nos enteramos de que ya han sido multados, esos jamás en su vida pisarán un calabozo, mientras que si vemos que ya tienen varias condenas, eso ahora sería acumulativo y es la única manera de poder sacarlos de las calles», expresó el portavoz de la CEP.
El organismo considera que de no tomarse las medidas necesarias para que se logre la aplicación de esta nueva medida, todo el esfuerzo que se ha hecho para lograr tener una ley más efectiva en materia de seguridad, podría quedar en el papel y se corre el riesgo de no poder hacer una aplicación efectiva de la norma, lo que se traduce en más impunidad dentro del sistema, por lo que piden que desde ya se dicten las normas necesarias para evitar esta situación y que de cara a septiembre ellos puedan comenzar a trabajar en su aplicación de manera efectiva.
