Los abogados que llevan el caso de Diego Bello, el joven coruñés asesinado en Manila en enero de 2020, solicitarán al Tribunal que lleva el caso una orden de prohibición de abandono del país para los tres policías acusados de lo ocurrido.
En un comunicado advierten a este respecto, además, que esta medida podría ir acompañada con el lanzamiento de una alerta a la Interpol.
Intentarán así «darle un nuevo impulso al procedimiento y conseguir que se celebre, por fin, el ansiado juicio para el esclarecimiento de los hechos«.
Con ese objetivo, además de la orden para no abandonar el país, los letrados contratados por la familia presentarán ante el juzgado que tramita el procedimiento en Surigao del Norte, la solicitud de cambio de jurisdicción ante el Tribunal Regional de Surigao.
«De acuerdo con una nueva circular reciente de la Corte Suprema, las solicitudes de cambio de jurisdicción ya no se presentan ante la Corte Suprema sino ante los Tribunales Regionales, y es el juez encargado del tribunal correspondiente quien resuelve«, explican.
La solicitud será presentada personalmente por los letrados «para evitar posibles presiones sobre el juez» y que el caso sea llevado a la capital, Manila, «al tratarse de un asunto de suma importancia y con una gran relevancia internacional».
Por otro lado, se reunirán con los responsables de los bancos donde Diego tenía fondos para ver si se pueden liberar finalmente, «tras más de dos años de continuas trabas administrativas y burocráticas«.
Tanto la familia como los allegados se muestran «sorprendidos» de que pese al cambio de gobierno en Filipinas no se hayan producido todavía detenciones. Recuerdan que a los tres policías acusados del asesinato se concedió una suspensión de empleo con sueldo desde el momento en que se conoció su imputación. Según apuntan, mantienen activas sus redes sociales y la gente de la isla es conocedora del paradero de los policías.
«La imagen que traslada el gobierno filipino es de total impunidad frente a los presuntos asesinos del coruñés, debido a que la policía nacional filipina no está por la labor de ejecutar la orden judicial que, a pesar de los recursos interpuestos por los letrados de los policías, es firme al desestimarse todos y cada uno de ellos«, censuran.
