Pedro Sánchez tendrá que buscarse otra excusa para convencer a los ciudadanos de que las medidas impuestas por su Gobierno para ahorrar energía tendrán algún efecto positivo en sus bolsillos, pues el precio de la luz sigue disparado y a pesar del planteamiento sobre el compromiso de España con Bruselas de ahorrar un 7% en el consumo de gas, las compañías continúan afincándose con los precios.
Para este martes 23 de agosto el precio de la luz se situó en 436.25 euros por megavatio hora, lo que lo ubica como el precio más alto desde que se fijaron los topes en el precio del gas y el segundo precio más alto después de la segunda semana del inicio de la guerra de Ucrania, cuando se situó en 544,98 euros por cada megavatio hora.
El costo de la electricidad sigue siendo un dolor de cabeza para los españoles y más ahora que se acerca el otoño, cuando las temperaturas comienzan a descender y el Ejecutivo pretende que los ciudadanos se plieguen a la imposición de mantener la temperatura de la calefacción a 19 grados, tal como lo establecieron para las empresas, comercios y la hostelería.
Esta situación del incremento de los costos de la luz, que inciden directamente en las facturas de los hogares de los españoles, sumado a la inflación y el alto costo de la vida, mantienen a más de uno anhelando que la legislatura de Pedro Sánchez llegue a su fin, pues los ciudadanos solo han visto como las condiciones de vida se han ido deteriorando durante los últimos años, donde se han marcado cifras récord, en detrimento de la calidad de vida que durante años han tenido los ciudadanos.
Todo parece indicar que la excepción ibérica no está dando resultado, pues el mercado mayorista no logra contenerlos precios y que las compañías continúa incrementando sus beneficios, sin que desde el Ejecutivo hayan encontrado una solución que ayude, verdaderamente, a contener los precios de la energía y que mientras se extienda la invasión rusa sobre Ucrania, le dará al sanchismo la excusa perfecta para achacar la responsabilidad de la subida de los precios.
Se supone que con la esta medida se han logrado ahorrar más de 1300 millones de euros para los consumidores españoles, según lo señaló en días pasados la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera.
Estas cifras dadas por la ministra se corresponden con el cumplimiento del segundo mes de la entrada en vigencia de la excepción ibérica y que de acuerdo con lo que explicó la funcionaria, las medidas estarían ahorrando aproximadamente 22 millones de euros diarios en el consumo de la energía a los españoles.
Esta solución acordada, que entró en vigencia el pasado 15 de junio, fijó el precio del gas para la generación de electricidad en 48,8 euros por megavatio/ hora durante los próximos 12 meses, con la promesa de que para el invierno los hogares españoles podrían estar a salvo y sus facturas tendrían una reducción, pues tradicionalmente esta es la época del año en la que los precios de la energía suelen ser más elevados, debido al incremento en la demanda, por las bajas temperaturas.
Pero visto el panorama, a Sánchez le tocará mover a lo interno fichas muy importantes y aunque el jefe de Gobierno no quiere que se hable de una crisis de Gobierno, la situación de los precios de la energía en el país podrían derivar en situaciones complejas dentro del Ejecutivo, pues se está viendo que las decisiones que han sido tomadas están resultando todo, menos efectivas.
Según Ribera, este mecanismo de la excepción ibérica, pactado con Bruselas está siendo eficaz, pero cuando los precios tienen estos saltos, la realidad es que para el ciudadano común no puede ser tomado como una medida efectiva sino efectista, que no se traduce en beneficios reales para los consumidores.
Uno de los argumentos del Ejecutivo para vender la iniciativa como positiva es el hecho de que en otros países de la región los costos de la energía están muy por encima de España y Portugal, que son los implicados en la excepción ibérica, pero la realidad es que en esos países el ingreso mínimos de sus ciudadanos también está muy por encima del ingreso del español promedio.
Al final de todo esto, quien siempre resulta ser el más afectado dentro de toda la situación es el ciudadano, que con el sanchismo ha tenido que aprender, de prohibición en prohibición, a autoregularse para ahorrar en gastos. Lo que le falta decir al Gobierno es que todas estas medidas son para proteger a los ciudadanos, cuando al final lo único que han conseguido es desmejorar la calidad de vida de todos, perjudicar la economía, despilfarrar los recursos de todos los españoles y tomar decisiones erradas que mantienen al país al borde de una crisis.
