Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Titella’, que tiene al productor televisivo José Luis Moreno como principal investigado, ha acordado la detención de aquellos investigados que habían sido citados a declarar esta semana y que no han comparecido presencialmente.
Así lo confirman fuentes jurídicas consultadas, que apuntan que, ante la ausencia de los citados –en total quiere interrogar a 77 personas hasta el 30 de agosto, todos relacionados supuestamente con la presunta trama de blanqueo de capitales–, el magistrado ha manifestado un enorme enfado y ha aseverado que todas las personas que han sido citadas y no han comparecido irán detenidas a declarar.
Según explican estas fuentes, este jueves, de los citados, sólo comparecieron dos personas. Mientras que el lunes pasado fueron dos las personas que no se presentaron a pesar de ser citados como imputados.
La defensa de otro de los investigados en esta causa ha indicado que tras conocerse que el juez había decidido citar a investigados en agosto, mes inhábil, varios de sus colegas solicitaron que esas comparecencias se realizaran por videoconferencia. Pero el magistrado denegó esta vía y les conminó a comparecer físicamente.
EL INFORME DE GUARDIA CIVIL Y POLICÍA NACIONAL
El pasado julio, el magistrado Ismael Moreno imputó y fijó fecha de declaración a los 77. Tras recibir un informe de 482 folios de la Guardia Civil de Cataluña y la Policía Nacional, el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 dictó una providencia, en la que acordó citarles entre el 22 y el 30 de agosto.
En el informe, los agentes identificaron a todos los nuevos imputados, a los que dividen en administradores, testaferros y empleados de banca que colaboraron con la organización de forma activa o secundaria.
«Se han obtenido evidencias e indicios que relacionarían a los investigados con los hechos que se tratan de esclarecer, en concreto ha quedado acreditada la existencia de una organización criminal, que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades desde el fraude y estafa a entidades bancarias, a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés, además del posterior blanqueo de los beneficios obtenidos», explicaba el documento.
TESTAFERROS
Según indicaron, esa estructura «dividida en células operativas y claramente jerarquizadas» tendría como supuestos líderes desde el año 2017 al propio José Luis Moreno, a Antonio Aguilera y a Antonio Salazar, que contaban «con funciones definidas».
Unos 58 de los 77 nuevos imputados aparecen en el informe como presuntos testaferros de las empresas y sociedades que la trama habría utilizado para lucrarse con los mencionados créditos y concesiones bancarias. «Eran los encargados de personarse en la entidad bancaria, presentar la documentación contable y financiera que Aguilera y Salazar habían preparado junto al resto de sus colaboradores para así solicitar financiación para sus sociedades», consta en el informe.
«Los productos contratados eran muy diversos desde líneas de crédito a préstamos bancarios y créditos ICO, pasando por factoring, confirming, líneas de descuento, pagarés, pólizas de crédito, leasing, renting y cualquier otro que les resultase beneficioso», detallaron los agentes.
EMPLEADOS DE BANCA
Del restante de nuevos imputados, el oficio distinguía a los empleados de banca que, por una parte, tenían «conocimiento real de que los investigados como líderes de la organización» eran los que dirigían las sociedades y gestionaban la financiación «a pesar de no figurar en los órganos de administración de las sociedades ni aparecer en las mismas como socios o apoderados». Aun así, accedían a «facilitarles toda la información y realizar con estos las operativas bancarias que les pedían», ya fuese por «negligencia o por falta de diligencia en sus funciones».
Por otra parte, la policía judicial apuntaba a otro eslabón: el de los empleados de banco que «participaban de forma activa y directa en estas operaciones percibiendo de la organización una remuneración por su trabajo, tanto en dinero como en especies, como teléfonos móviles de alta gama, televisiones, coches o estancias en hoteles».
En último lugar, y sin mencionar nombres, el oficio remitido al instructor también distinguía un último peldaño: el de los empleados de bancos que han aparecido durante la instrucción «colaborando con los investigados o referenciados por estos en alguna de las conversaciones monitorizadas».
EL ORIGEN DE TITELLA
Las pesquisas en torno a Titella comenzaron en 2018 y la operación eclosionó en junio de 2021 con la detención del productor televisivo y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario.
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.
