Ya lo advirtió el Consejo General del Poder Judicial, pero Unidas Podemos ha hecho oídos sordos a los avisos de que la ley estaba mal escrita. El equipo de Irene Montero tenía una cosa clara: la figura de «abuso sexual» era un insulto a las mujeres que lo sufrían. A sus ojos, todo es una «agresión sexual». Este tecnicismo ha llevado al equipo de Irene Montero a eliminar esta figura en la nueva ley de libertad sexual que ha sido aprobada en el Congreso, pero el problema es que los técnicos que han redactado el proyecto han conseguido que se reduzcan las penas a los violadores. Hay nuevos agravantes y nuevas terminologías en el Código Penal, pero lo cierto es que la horquilla actual por agresiones sexuales oscila entre los cuatro y los 12 años de cárcel cuando antes era de entre seis y 12. Y lo mismo ocurre con los agravados.
Pese a que ha habido cambios constantes y las advertencias del Consejo General del Poder Judicial, el equipo de Irene Montero ha seguido adelante con su proyecto y ha conseguido aprobarlo. Ahora se dan palmaditas en la espalda y critican a esas instituciones retrógradas de no querer avanzar con los derechos de la mujer. Sin embargo, técnicos especializados consultados por MONCLOA.com dejan claro que no han cambiado tanto las cosas. Hay nuevos agravantes, sí. Se ha eliminado el concepto de abuso sexual del Código Penal uniéndolo al de agresión, sí. Pero de facto las penas son incluso menores que antes. Todo por la obsesión del Ministerio de Igualdad de sacar adelante la ley del solo sí es sí.
El resumen es que alguien que cometa una violación ahora no necesariamente se enfrenta a más años de cárcel. De hecho, podría librarse de alguno, tal y como se puede ver en la horquilla de penas que contempla la nueva ley. La nueva norma estrella trabajada por el Ministerio de Igualdad contempla penas de cuatro a 12 años para quienes cometan una agresión sexual consistente en el «acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías». También ocurre lo mismo con los delitos con agravantes. Es cierto que hay nuevos agravantes para los delitos de «agresión sexual», pero las horquillas se han quedado más tibias que antes. Los delitos de agresión sexual con violencia o intimidación, cuyas penas oscilaban entre los 12 y los 15 años de prisión, ahora se mueven entre los siete y los 15.
La chapuza técnica no le importa nada a Podemos dado que les avisaron desde todas las instituciones desde que el equipo de Irene Montero se puso a escribir. El resumen puede ser que las penas se han reducido para los violadores, aunque es cierto que hay nuevos elementos que ayudan a aplicar más agravantes y nuevos nombres a la hora de definir lo que antes eran denominados abusos sexuales. Pero de facto la ley no ha hecho apenas nada. Solo ha reducido las horquillas de las penas de los violadores. Aunque el ambiente en el Ministerio de Igualdad no es precisamente el de tristeza.
«Aprobada la Ley de Libertad Sexual con 205 votos a favor! Gracias a la mayoría parlamentaria feminista que lo ha hecho posible», ha asegurado la ministra Irene Montero. «Esta ley es para todas las mujeres, y como es un avance de derechos es también para todas las personas. El feminismo ha sido la brújula en esta reclamación de justicia social. Hoy somos definitivamente un país mejor», aseguró una diputada de Unidas Podemos en el Congreso. La euforia ha inundado el Ministerio de Igualdad y todos se dan palmaditas en la espalda por lo «bien» que lo han hecho sacando adelante una norma que apenas ha cambiado nada.
AL MENOS HARÁN PROGRAMAS FORMATIVOS
La Ley de Libertad Sexual, conocida como la Ley del ‘sólo sí es sí’ obligará a los agresores sexuales menores de edad a someterse a programas de educación sexual y de igualdad, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu.
Estas formaciones han registrado este miércoles una enmienda a la norma para incluir estas medidas formativas. Fuentes del Ministerio de Igualdad, departamento que ha participado en la negociación, han explicado el objetivo de esta propuesta pactada es reforzar la respuesta ante los casos de agresión sexual realizados por menores de edad y a la necesidad de reforzar la Ley penal del menor para evitar que el comportamiento machista y violento se siga repitiendo en estos adolescentes o jóvenes. Se trata, según han indicado las mismas fuentes, de una propuesta realizada desde un enfoque responsabilizador más que punitivista.
En concreto, el texto que se debatirá y votará en el Congreso este jueves propone en una disposición final la reforma de la ley que regula la responsabilidad penal de los menores para que, en todas las sentencias por delitos relativos a la libertad sexual, sea obligatoria la medida accesoria de someterse a programas formativos sobre educación sexual y educación en igualdad.
