La Audiencia Nacional arranca el año judicial pendiente de las últimas sesiones del juicio contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por tres de las piezas del ‘caso Tándem’ que versan sobre los trabajos particulares del ex alto mando en los proyectos ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’, en los que se habría beneficiado de su condición de policía.
En julio, las defensas de una treintena de acusados presentaron sus conclusiones definitivas; incluidos la mujer, el hijo y el socio de Villarejo, que pidieron su absolución. La Fiscalía, por su parte, rebajó su petición de prisión para la primera, de 83 años y medio de prisión a cinco años; para el segundo, de 14 años a uno; y para el tercero, mantuvo los 70 años y medio de cárcel.
En el caso de Villarejo, el Ministerio Público rebajó más de 20 años la pena de cárcel que pedía inicialmente: de 109 años a 83. El 5 de septiembre será el abogado del comisario quien tome la palabra para exponer sus propias conclusiones.
El comisario pidió suspender su presencia en el juicio tras informar a los jueces de que había sufrido un ictus. La presidenta del tribunal acordó seguir adelante con las sesiones y permitió al ex mando ausentarse hasta septiembre. Este agosto, estuvo pendiente de su evolución médica y ordenó a la Policía Nacional que se acercara al domicilio del exagente para comprobar que se encontraba allí.
El forense indicó en un primer informe que «Villarejo no ha tenido un accidente cerebrovascular» y que, aunque no pudo revisarle –porque cuando acudió a su casa y no logró verle–, consideraba que no había inconveniente en que acudiera al juicio.
Villarejo acudió el pasado jueves a la Audiencia Nacional para ser examinado. Aunque está pendiente que el forense presente su informe, el comisario ya ha asegurado que estará ante el tribunal el 5 de septiembre.
PÚNICA
Al margen, la Audiencia Nacional está pendiente de responder al escrito de Fiscalía relativo a la pieza nueve de la trama ‘Púnica’, en la que se investiga la presunta existencia de una ‘caja b’ en el PP de Madrid.
A finales de julio, Anticorrupción presentó un informe en el que eximía a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre al no apreciar indicios de que fuera «conocedora» de la trama. Según el Ministerio Público, el hecho de que tuviera «control absoluto» del PP regional es «insuficiente» para enviarla a juicio.
Además, la Fiscalía explicó que, a pesar de los indicios, los hechos relativos a las elecciones autonómicas del 2007 y a las municipales del 2008 «se encuentran prescritos», mientras que los vinculados a las autonómicas del 2011 «se encontrarían prescritos para todas aquellas personas que no hubiesen sido declaradas judicialmente investigadas» antes de 2016.
Así, Anticorrupción pidió al juez que exculpase al también expresidente regional Ignacio González, a pesar de «la existencia documental» que apuntaría a que se cometió «un delito electoral en las elecciones autonómicas del año 2007». A quien sí pidió sentar en el banquillo fue al exconsejero autonómico Francisco Granados.
Fuentes jurídicas han asegurado que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se encuentra analizando el texto de forma pormenorizada para cribar quiénes de los señalados por la Fiscalía deberán ser finalmente juzgados. Está previsto que este mismo septiembre se pronuncie.
Por su parte, el juez –a cargo también del ‘caso Lezo’– deberá fijar fecha para el interrogatorio al exsubdirector general de construcción de la Dirección de Carreteras de Fomento bajo gobierno del PP Luis Manuel Bruno Romero, que supuestamente habría recibido una serie de comisiones por parte de responsables de OHL.
KITCHEN
El mismo magistrado tiene pendiente responder a la petición de Podemos de que se incorporase a la pieza ‘Kitchen’ –aquella sobre el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas– los audios de las conversaciones entre el comisario y la ex dirigente popular Dolores de Cospedal.
Los audios a los que hace referencia la formación reflejan una conversación de 2017 sobre el ‘Informe PISA’, donde el comisario ofrece «un tema de la hostia contra Podemos» a la entonces ministra de Defensa –quien le responde que lo quiere porque «es una bomba»–. El magistrado emplazó a la Fiscalía a emitir informe antes de resolver.
PEGASUS
Asimismo, en la agenda de la Audiencia Nacional está prevista la declaración como testigos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, José Luis Calama.
Robles ya avanzó que declararía por escrito, como hizo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fuentes de Defensa aseguraron que desde el Consejo de Ministros se respondió al juez que no hay secreto que desclasificar para interrogarles.
La decisión de citarles tiene lugar después de las testificales de la exdirectora del CNI Paz Esteban, del funcionario que firmó los informes preliminares anexos a las denuncias de la Abogacía del Estado, y del propio Bolaños.
El juez empezó a investigar en abril presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos tras la denuncia de la Abogacía por la infección de los móviles del presidente del Gobierno y la ministra de Defensa, denuncia que fue ampliada tras confirmarse también la intrusión en el teléfono de Grande-Marlaska.
JUAN CARLOS MONEDERO
También está prevista la declaración del cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero, pero este en calidad de investigado. Ello después de que el juez Manuel García Castellón acordara abrir una causa en su contra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental relativos con unas transferencias entre su empresa y otras dos mercantiles y el Banco del Alba.
LA CÚPULA DE ETA
A su vez, la Audiencia Nacional está pendiente de responder a la querella de Dignidad y Justicia contra 10 líderes de ETA por la «política de expulsiones» de la organización terrorista en el País Vasco y el asesinato del que fuera concejal de PP Jesús María Pedrosa Urquiza.
Al margen, permanecen abiertas las piezas relativas a los asesinatos de los concejales Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordoñez, así como del juez Francisco Querol. Además, están pendientes de fecha los interrogatorios a seis exjefes de ETA por el atentado de la casa cuartel de Santa Pola.
El que sí tiene fecha es el exjefe de ETA Garikoitz Aspizu, alias ‘Txeroki’, quien será juzgado el 13 de septiembre, según ha publicado El Correo, después de que las autoridades francesas le entregaran a España.
DILIGENCIAS PENDIENTES
Los que también tienen fecha, pero para comparecer ante el juez José Luis Calama, son dos peritos del Banco de España. Ambos están citados para el 14 de septiembre, a fin de que ratifiquen los informes que elaboraron a petición del magistrado para determinar si, a finales de 2015, se mantenía un déficit de provisiones por parte del Banco Popular y su «trascendencia» para las cuentas de la entidad.
Otra decena de casos permanecen pendientes de diligencias. Uno de ellos es la investigación contra el exjuez Fernando Presencia por sus afirmaciones respecto a magistrados del Tribunal Supremo. También figura el caso ‘Titella’, que tiene al productor José Luis Moreno como principal imputado, en el que el juez deberá mover ficha tras cerrar agosto con más de 70 interrogatorios.
Al margen, está pendiente de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncie sobre la extradición del ex jefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, reclamado por Estados Unidos.
