El dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha acusado al PP de remitir una «lista de imposiciones» con su carta de condiciones para avenirse a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mediante una actitud «dictatorial».
Es más, ha censurado que los populares aspiran a que un «poder del Estado», como es el caso del órgano de gobierno de los jueces, se elija de forma «corporativa», lo que a su juicio implica un «modelo franquista».
«En una democracia, un poder del Estado no puede ser elegido de forma corporativa –modelo franquista–«, ha censurado el diputado para aseverar que eso precisamente es lo que entraña la misiva enviada al Ejecutivo por parte del vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, cuando alude a la fórmula de que «los jueces elijan a los jueces«.
Frente a esta visión, ha reivindicado la necesaria participación de la representación en ese proceso de la soberanía popular, es decir, del Parlamento.
«NUEVO DESAFÍO AL ESTADO DE DERECHO»
«Pretender imponer una ley a un Parlamento democrático es una actitud dictatorial», ha ahondado el también líder del PCE para insistir en que los populares, con su carta, no oculta su voluntad de «control de la justicia desde atrás».
Sobre todo a raíz de que «simultánea y coordinadamente», ha relatado, ayer 11 de los 19 vocales del CGPJ optaron por incumplir la reforma del Poder Judicial, cuya consecuencia supone «bloquear la renovación» de miembros del Constitucional. Para Santiago este comportamiento entraña un «nuevo desafío al Estado de Derecho de la derecha».
En este sentido, ha propuesto responder «con la ley» y ha propuesto como «medidas lógicas» que expiraran «automáticamente» los mandatos «vencidos» de juristas en el TC y el órgano de Gobierno de los jueces.
«LA MAYOR CRISIS CONSTITUCIONAL DESDE EL 23F»
En contraposición, ha demandado responder «con la ley» y propone «medidas sensatas», como que expiren de forma automática los mandatos «vencidos» en el TC y el CGPJ, así como limitar a las «estrictamente constitucionales» las competencias del órgano de gobierno de los jueces.
Finalmente, ha advertido de que esta situación supone «la mayor crisis constitucional desde el 23F» y tiene «responsables», como un «poder judicial conservador» que «no exige al PP que cese su bloqueo» y un PP que «solo respeta la Constitución y la ley cuando gobierna».
