Irene Montero responde a Feijóo que las «leyes feministas» reconocen el aborto forzado como violencia contra la mujer

La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha respondido a las declaraciones realizadas este lunes por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha asegurado que «unos padres no pueden jamás obligar a un menor a abortar», y ha señalado que tampoco se puede «obligar a una mujer a ser madre».

Feijóo dice que no se puede obligar a una mujer a abortar. Tanto es así que las leyes feministas de este Gobierno reconocen el aborto forzado como una forma de violencia contra las mujeres», ha apuntado la ministra a través de su cuenta de Twitter. «Tampoco podemos obligar a una mujer a ser madre. Para eso, aborto seguro y en la pública», concluye su mensaje.

El líder ‘popular’ ha hecho estas declaraciones en referencia a la medida que Igualdad ha incluido en la reforma de la ley del aborto, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 30 de agosto, que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir voluntariamente su embarazo sin consentimiento paterno. Feijóo ha vuelto a defender el consentimiento paterno en estos casos al tiempo que ha reconocido que no hay unanimidad sobre este tema.

Cabe recordar que la declaración del aborto forzoso como violencia hacia la mujer está incluida en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como ley ‘solo sí es sí’, y fue precisamente un artículo en el que se habla de esta práctica el causante de que la aprobación de la norma se retrasase un mes.

Durante la tramitación del texto en el Senado, en el mes de julio, Junts registró una enmienda para modificar el artículo del texto que habla de «dar respuesta a las violencias sexuales más ocultas» y en el que se nombraba los «casos de aborto y esterilizaciones forzosas», para que se cambiase por «casos de aborto y esterilizaciones forzosos», con el objetivo de que quedase claro que sólo el aborto forzoso es violencia contra la mujer. El Gobierno criticó la aprobación de esta enmienda porque retrasaba la entrada en vigor de la norma, que tuvo que volver al Congreso para su aprobación definitiva.