El Congreso prevé fijar este jueves plazos para la tramitación del suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al diputado del PP Alberto Casero, al que se achacan indicios de delito por contratos firmados cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres). Las decisiones se tomarán en la Comisión del Estatuto del Diputado que preside la socialista Adriana Lastra.
El magistrado del Tribunal Supremo Andrés Palomo, a cargo de la investigación, quiere el suplicatorio para proceder penalmente contra el diputado del PP al ver indicios racionales de presuntos delitos de prevaricación y malversación, por determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó como alcalde.
El pasado martes, la Mesa del Congreso dio entrada a la petición y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 días hábiles para elevar una propuesta al Pleno de la Cámara.
El diputado extremeño, un estrecho colaborado del ex secretario general del PP Teodoro García Egea que copó las primeras planas por su error que permitió aprobar la reforma laboral, era precisamente el representante del PP en esta comisión hasta que fue relevado en los cambios introducidos en el Grupo Popular tras la llegada de Alberto Núñez Feijóo a Génova. Ahora la portavocía está en manos de Ángel Luis González.
En su reunión de este jueves, como siempre a puerta cerrada, se pretende fijar fechas para el procedimiento y para dar audiencia al diputado Casero, trámite que podrá realizar por escrito en el plazo que fije la propia Comisión o de forma oral ante la misma.
Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.
Eso sí, el debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.
En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, Batet dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.
El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.
32 SUPLICATORIOS CONCEDIDOS
Hasta ahora el Congreso ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.
El último que salió adelante fue el suplicatorio de la portavoz de Junts, Laura Borràs, en junio de 2020, dando luz verde al Tribunal Supremo para que fuera investigada por delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
En una votación secreta, el suplicatorio salió adelante con 293 síes de diputados del PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos; en contra se posicionaron los 14 que suman Junts y el PNV y se registraron también cinco abstenciones.
En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP –Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte– que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también ‘popular’ Jesús Merino por el ‘caso Gürtel’. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.
Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el ‘caso GAL’ o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.
