Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se cuelga una medalla con el balance de las incautaciones de drogas durante 2021, la semana pasada fueron capturados cuatro funcionarios del Estado por su presunta vinculación en un operativo de decomiso de 365 kilos de cocaína que llegaron a España en un contenedor proveniente de Colombia, en el que supuestamente importaban pulpa de piña.
Los funcionarios fueron aprehendidos en medio en un operativo que se inició en el puerto de Málaga, con el contenedor que salió del Puerto de Buenaventura, en Colombia, el pasado 19 de agosto y que llegó a costas españolas el pasado 9 de septiembre. Todo se trató de un operativo controlado entre las autoridades colombianas y las españolas que culminó con la detención de ocho personas, de las cuales una era un escolta del Ministerio del Interior, dos eran de la Policía Nacional, y uno era Guardia Civil.
Mientras esto ocurría al sur del país, Grande-Marlaska anunciaba al país que los cuerpos de seguridad del estado habían participado en la incautación de más de 100 toneladas de drogas en aguas internacionales y lo vendió al país como un récord y que según las estadísticas del organismo, esta cifra representa un incremento de 30% en comparación con el 2020.
En el operativo de la semana pasada, la Policía Nacional estuvo haciéndole seguimiento al camión que salió del Puerto de Málaga y que llegó a Sevilla con el cargamento de los 365 paquetes que contenían la droga. El alijo estaba escondido en la parte baja del contenedor en un doble fondo.
Los funcionarios de la policía detectaron que junto al camión que trasladaba la mercancía iba un vehículo Audi, en el que viajaban tres personas que sirvieron como escolta del cargamento y que se encargaron de vigilar en todo el trayecto los vehículos que se acercaban al camión y hasta el lugar donde pretendían esconderlo, en una nave del área de Carrión de Los Céspedes, en Sevilla.
Para el momento en que intervinieron los efectivos que lograron el decomiso, fueron capturadas las ocho personas que fueron enviadas a la cárcel, pero solo el conductor del camión podría quedar en libertad tras pagar una fianza de 15 mil euros. Todos los demás serán juzgados por un delito de tráfico de estupefacientes.
Según el balance presentado por el Ministro del Interior, las autoridades llevaron a cabo un total de 17 operaciones para combatir el tráfico de estupefacientes en las costas españolas, de los cuales 14 culminaron con un saldo positivo para las autoridades. El balance final de las autoridades señala que fueron decomisadas 91,3 toneladas de hachís y apenas 8,4 toneladas de cocaína.
El operativo realizado en Sevilla fue denominado Mar de Eleva y se comenzó a planificar todo gracias a la información que hizo llegar Colombia a la Fiscalía Antidrogas de la Audiencia Nacional, que finalmente gestionó la organización del procedimiento para que actuaran los cuerpos de seguridad del Estado.
Pese a que el contenedor llegó a España el pasado 9 de septiembre, no fue sino hasta el miércoles 14 que fue retirado del Puerto de Málaga y lo trasladaron hasta una nave del área de Dos Hermanas. Allí estuvo por un par de horas, hasta que finalmente decidieron moverlo, escoltados por el Audi en el que viajaban los funcionarios de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil.
No fue sino hasta que el cargamento llegó hasta la nave de Sevilla que la policía decidió intervenir y en ese momento, cuando ingresaron al lugar, hallaron al resto de los implicados que tenían todo preparado, con el contenedor sobre tres bases, para proceder a descargar los 365 paquetes que se encontraban en el doble fondo del depósito.
Los funcionarios implicados en este procedimiento son un sub inspector de la Policía Nacional adscrito a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer y otro de la Brigada Ciudadana, más un escolta privado del Ministerio del Interior, más otro Guardia Civil de la brigada de Guías Caninas.
Esta situación ocurrida este fin de semana con los funcionarios de seguridad deja en evidencia, una vez más, de la implicación de estos uniformados en hechos delictivos, que aprovechan de las jerarquías que tienen para involucrarse con organizaciones delictivas, esto ante la pasividad del Ministerio del Interior, que se enfoca más en temas políticos en que en mantener los estándares de supervisión internos de los organismos de seguridad que dependen de ese despacho.
De acuerdo con el balance enviado desde el despacho de Grande-Marlaska, el año pasado España solicitó el abordaje de por lo menos 27 embarcaciones en las costas del país en los que se sospechaba que había cargamentos de estupefacientes. Lo que sucede, en la mayoría de los casos es que las autoridades tienen informaciones pero que al final se filtran y si hay funcionarios implicados, suelen evadir los controles.
