Las bases de Barcelona en Comú ratificarán la decisión de incluir o no a los concejales imputados en las próximas listas electorales encabezadas por la candidata Ada Colau. La edil ya anunció que se presentará a los próximos comicios municipales después de que su formación avalara su candidatura por tercera vez a la alcaldía.
El Código Ético de los comunes recoge que sus cargos electos sólo pueden optar durante dos mandatos a un cargo público. Para ampliar este plazo, las bases deben ratificar con sus votos la decisión.
Colau salvó el trámite, pese a los procesos judiciales a los que se enfrentó y que quedaron archivados, y ahora es su núcleo de confianza el que deberá pasar por el mismo para repetir en la lista encabezada por ella para las municipales en Barcelona.
Su mano derecha, el concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Elio Badía, además de contar con dos mandatos, está investigado por un delito contra el medio ambiente por presuntas emisiones contaminantes desde la planta incineradora Tersa, al igual que Inma Mayol, ex concejala que podría enfrentarse a tres años de prisión por un delito medioambiental que cometió presuntamente cuando era gerente de la Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado (Emaya). Vertidos de aguas residuales a la bahía de Palma provocaron daños irreversibles a las praderas de posidonia y tuvieron consecuencias para la salud de los ciudadanos.
En el caso de Mayol, la acusación se basa en la ausencia de adopción de medidas para evitar los vertidos. En el Badia, el Ministerio Público entiende que los máximos responsables de la incineradora habrían tolerado conscientemente prácticas contrarias a la normativa ambiental que supondrían un grave riesgo para la salud de las personas.
Pese a los esfuerzos de los comunes por escenificar su compromiso con el medio ambiente, la alcaldesa de Barcelona acumula a su alrededor procesos judiciales contra sus más estrechos colaboradores. Muchos de ellos, elegidos precisamente para dar la batalla en favor del medio ambiente, como el propio Badia, persona de la absoluta confianza de la regidora, inmerso en otros procesos judiciales y diana de las criticas de la oposición, entre otras cuestiones, por presentarse a un proceso de selección para ser funcionario en el Ayuntamiento de Barcelona, junto con otras personas de confianza de Colau, y las familias de éstas. El escándalo provocó su retirada del proceso de selección que juzgarían compañeros del propio concejal.
A ocho meses para las municipales, las causas en contra del núcleo duro de Colau han perturbado aún más la hoja de ruta de la alcaldesa y la contestación interna dentro de su formación, que ha exigido el cumplimiento del Código Ético antes de la elaboración de la lista electoral con la que la que concurrirá por tercera vez a los comicios municipales.
El código ético de Barcelona en Comú que ella misma inspiró establece que los miembros del partido con responsabilidad pública se comprometen a cesar de todos sus cargos ante una investigación judicial por delitos de corrupción. Sin embargo, Colau entiende, como ya expresó a cuenta de sus propias investigaciones, que la malversación de fondos públicos o los delitos contra el medio ambiente no representan la corrupción.
Barcelona en Comú convocará una consulta entre los próximos meses de febrero y marzo para decidir la continuidad de los imputados y de los que repetirían o no en las listas teniendo en cuenta que el código ético prevé como máximo dos mandatos. En este caso se encuentran también la titular de Derechos Sociales, Laura Pérez y la de Urbanismo, Janet Sanz.
