Juicio este lunes contra las dos mujeres que poseían un criadero ilegal de yorkshire en Valladolid

El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid sentará este lunes, 26 de septiembre, en el banquillo a las dos responsables de un criadero ilegal de yorkshire que fue descubierto en abril de 2020 en un bajo de la calle Santa Clara de la capital en el que, según las acusaciones pública y particular, se hacinaban hasta un total de 52 ejemplares de esta raza en condiciones higiénico-sanitarias «lamentables».

El juicio ya se suspendió el pasado día 21 de enero a petición de la defensa, que solicitó un informe sobre una de sus patrocinadas, M.G.C, de 49 años, convencida ya entonces de que ésta presenta alguna anomalía que la pericial forense practicada califica como ‘síndrome de Noé’, según informaron fuentes jurídicas.

Dicho trastorno mental, que será esgrimido por la defensa como atenuante en caso de condena, es aquel que, según definen los psiquiatras, lleva a la persona a acumular un gran número de animales de compañía en casa, aún cuando no se les pueden proporcionar los cuidados adecuados.

Las dos encausadas, las hermanas A.I. y M.G.C, de 40 y 49 años, respectivamente, están imputadas por un delito continuado de maltrato de animales domésticos y se exponen a una posible condena de un año de prisión, su inhabilitación por espacio de tres años y medio para cualquier actividad relacionada con animales o su tenencia y, además, al pago conjunto y solidario al Ayuntamiento de la capital de una indemnización de casi 15.000 euros, la misma cantidad que la institución local desembolsó para el tratamiento de los canes.

Precisamente, el Ayuntamiento se encuentra también personado en el procedimiento como acusación particular, si bien en su caso, además de reclamar el abono del gasto que supuso la asistencia veterinaria y tratamiento de los animales, solicita una pena de seis meses de prisión para ambas hermanas y también que el medio centenar de perros que fue dado en acogida provisional sea entregado de forma definitiva a sus nuevos dueños.

El juicio analizará hechos que se remontan al 23 de abril de 2020, cuando una dotación de la Policía Local, avisada por la denuncia de una vecina del inmueble, se trasladó hasta el número 14 de la calle Santa Clara, de Valladolid, para comprobar la existencia de un criadero ilegal de perros ubicado en un local sito los bajos del edificio.

La propietarias reconocieron la propiedad de los animales pero alegaron que los habían heredado de su padre, fallecido unos meses antes, y que los habían trasladado a dicho local desde una finca.

Los agentes se encontraron con un total de cincuenta dos perros de raza Yorkshire -tanto cachorros, algunos de muy corta edad, como adultos- en unas condiciones higiénico-sanitarias y de habitabilidad lamentables, que no sólo eran inadecuadas para el cuidado de los canes, sino que determinaron un serio quebranto para su salud, tal y como sostienen las dos acusaciones.

El local carecía de luz natural y de ventilación, existiendo un fuerte hedor a heces y orín, y multitud de moscas, y los perros se localizaron hacinados en cajas de cartón, cubos, trasportines y jaulas oxidadas de pequeñas dimensiones, sucios, hambrientos y llenos de parásitos.

Ante ello, los canes fueron trasladados inicialmente a las dependencias de la protectora ‘Huellas Vet Pet’, que colabora con el Ayuntamiento de Valladolid y, a petición del Servicio de Salud y Consumo Municipal, el Juzgado de Instrucción número 4, en resolución de 14 de mayo de 2020, autorizó la cesión temporal en acogida de los perros.

La mayoría de los animales presentaban diversas patologías que suponían un grave deterioro de su salud, tales como deformidad en las extremidades debido a un mal crecimiento, dermatitis generalizada y pododermatitis, por la falta de aseo, conjuntivitis bacteriana y otitis, úlceras corneales cicatrizadas, posiblemente como consecuencia de arañarse entre ellos al estar hacinados.

Les faltaba también piezas dentales debido a la existencia de grandes placas de sarro, con retracción gingival, y paralización derivada del miedo provocado por el contacto con el exterior, tras un tiempo prolongado encerrados en un trasportín.

Además, una de las hembras, en estado de gestación, tuvo un aborto de un feto muerto, otra presentó distensión abdominal, con retención grave de heces, que requirió tratamiento laxante y antibiótico durante diez días, y uno de los machos, con un cuadro clínico de incontinencia urinaria constante, fue diagnosticado de glomerulonefritis grave.

Otro de los machos, que fue tratado en la Clínica ‘Huellas Vet Pet’, reingresó el día 2 de mayo con un cuadro de desmayo y heces oscuras, quedó hospitalizado tres días con fluidoterapia y finalmente falleció.

Los gastos generados al Ayuntamiento de Valladolid por la atención dispensada a los perros ha supuesto un coste de 14.559,67 euros, de los cuales 2.527 euros se han facturado por Huellas Vet Pet S.L. (curas, tratamiento, pruebas y mantenimiento durante el mes de abril de los canes) y 12.032,67 euros corresponden a los gastos de estancia de los animales en el Centro Municipal en los meses de abril, mayo y junio de 2020, recogida de éstos, implantación de microchip y vacunación antirrábica.