El Partido Popular está en campaña y con las ganas de llevárselo todo, por lo que está afilando los cuchillos, con las mejores tácticas y estrategias que lo consoliden como el gran ganador de las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán en el país en mayo del próximo año y que le allanarán el camino para coronar a Alberto Núñez Feijoo en las generales.
El primer gran zarpazo de los populares ha sido prepararse un dumping fiscal en las principales Comunidades Autónomas, para tratar contentar al electorado y atraer inversión de otras regiones. El camino lo abrió Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y le ha seguido el también triunfador Juan Manuel Moreno Bonilla, que desde Andalucía se marcó la primera movida al anunciar que eliminaría el impuesto al patrimonio económico en su región.
A esta seguidilla se sumó Fernando López Miras, de la Comunidad de Murcia, que anunció una rebaja del 4,1% del Impuesto Sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) y la eliminación del impuesto de Patrimonio.
A los anuncios de Andalucía y Murcia se les ha sumado ahora Galicia con la promesa de que próximamente tendrán una rebaja del 50% del impuesto de patrimonio. El anuncio lo hizo Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, quien adelantó que esta medida entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023.
Estos anuncios hechos por el Partido Popular han alborotado el avispero desde que comenzó la semana y al respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido la de criticar la estrategia política, que sabe que a la larga podrá dar beneficios al partido liderado por Alberto Núñez Feijoo, de cara a las próximas contiendas electorales.
Los barones del PP han entendido al pie de la letra cuál será la estrategia a seguir durante los próximos meses, pues aunque las encuestas posicionan al partido como la principal opción de los votantes, la sensación que no quieren que quede tras la victoria es que se piense que la ente ha decidido votarles no porque los prefieran, sino porque han decidido votar contra las opciones que presenta el PSOE, tras el fracaso que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez.
Juan Manuel Moreno Bonilla ha decidido anunciar su iniciativa de reducir los impuestos tras haber conseguido el triunfo absoluto en las elecciones del 19 de junio, donde obtuvo una mayoría absoluta que le permitió formar gobierno en solitario y comenzar a gestionar su gobierno de manera más independiente.
Esta supresión del impuesto al patrimonio afectará a unas 20.000 personas, aproximadamente, que tienen grandes rentas y que residen dentro de esta Comunidad Autónoma. Sin embargo, el mandatario local dijo que esto solo provocaría una afección del 0,6% de la recaudación de su territorio.
Las críticas sobre estas movidas del PP van enfocadas en el hecho de que hay otras autonomías que no se pueden permitir estas acciones, pues no cuentan con un músculo financiero tan robusto, que les permita financiar temas como la educación y la sanidad, cuyos presupuestos están hechos con base en la recaudación que hacen año tras año.
Hay quienes señalan que esta estrategia del PP es solo un movimiento político electoral, que posteriormente será revertido, a pesar de lo dicho por Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que en el caso de Madrid, ella se convertiría en la peor pesadilla de quienes pretendieran subir los impuestos en su territorio.
Todo parece estar fríamente calculado por parte del Partido Popular para dar este paso, pues cada una de estas decisiones fueron previamente aprobadas por Núñez Feijoo para que pudiesen salir adelante en estas fechas.
No es casual que el último que haya decidido sumarse a la movida haya sido quien reemplazó al líder gallego, con la noticia de que esta medida afectar alas personas que tienen rentas medias y bajas, que es donde el PP busca acaparar la mayor cantidad de afectos que estén dispuestos a darles el voto para las elecciones autonómicas y municipales.
La mayor crítica que ha esgrimido el PSOE contra esta movida del PP es que la reducción en la recaudación que esto les supondrá una desmejora en las gestiones regionales y han advertido desde el Ejecutivo que cuando las economías autonómicas se vean afectadas, no permitirán que las quejas sean elevadas y atribuidas al Gobierno, pues consideran que se trata de una estrategia irresponsable por parte del principal partido político de la oposición.
