El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello ha mostrado su «apoyo» a la portavoz de la CUP en el Parlament, Eulàlia Reguant, juzgada este miércoles en el Tribunal Supremo (TS) tras negarse a responder en el juicio del ‘procés’ a las preguntas de Vox, al que ha acusado de instrumentalizar la justicia. Dicho esto, ha asegurado que «podría pasarle» lo que a Alberto Rodríguez, al que el TS retiró el año pasado el escaño por un delito de atentado a la autoridad.
Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación en la Plaza de las Salesas, al lado del Supremo, donde ha respaldado a Reguant junto a varios políticos de la CUP, Esquerra Republicana, Junts y representantes de Ómnium Cultural y la ANC.
Pisarello ha manifestado que este juicio es una «vulneración muy grave y preocupante de derechos fundamentales básicos, comenzando por la libertad de conciencia y la libertad de expresión«.
El también miembro de la Mesa del Congreso ha denunciado «una peligrosa cobertura judicial a la instrumentalización que la extrema derecha de Vox ha venido haciendo en estos años de la justicia».
Pisarello ha dicho estar preocupado por los «muchos casos» en los que esa instrumentalización se ha empleado para perjudicar de «manera abierta» los derechos de parlamentarios independentistas y de, ha citado, su compañero de partido Alberto Rodríguez, condenado a un mes y 15 días de cárcel por la agresión a un policía en una manfiestación. «Y ahora podría pasarle a Reguant», ha agregado.
En caso de producirse un caso similar con Reguant, el diputado ha señalado que se vulneraría «el principio democrático como tal», al tiempo que ha asegurado que hay ‘lawfare’ o persecución judicial contra la «disidencia política». «Tenemos muy claro que hoy es Reguant, como fue Rodríguez y activistas sociales y políticos independentistas y puede ser cualquier ciudadano«, ha declarado.
Hoy, el Supremo juzga a la portavoz de la CUP por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por no contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del 1-O, donde compareció en febrero de 2019 como testigo, que tienen la obligación de responder. La Fiscalía pide que sea condenada a cuatro meses de cárcel e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo.
