Esta es la historia de un proyecto industrial clave para la economía de una isla remota de Guinea Ecuatorial que se diseña sobre el papel, que factura en gran parte un empresario español y cuya ejecución permanece en el limbo tras siete años de haberse ideado. Es también el relato de la falta de rendición de cuentas del Gobierno de Malabo, que no responde, que no sabe en qué se han empleado varios millones de euros públicos transferidos a manos privadas.
La isla de Annobón se ubica a casi 700 kilómetros al sur de Malabo. Es un territorio depauperado a pesar de las enormes reservas de petróleo y gas natural que alberga Guinea Ecuatorial, lo que sitúa al país en el tercero más rico de África en términos de PIB anual per cápita.
La mayoría de los 5.000 habitantes de la isla sufren continuos atropellos de sus derechos y libertades y sus mujeres y niñas denuncian agresiones sexuales frecuentes a manos de los militares destinados allí. Las pulsiones políticas de independencia son constantes y su población se encuentra en una situación de aislamiento: no hay conexión a internet y desde su aeropuerto apenas despegan aviones de pasajeros.
En 2015, responsables del Ministerio de Pesca ecuatoguineano alumbraron la idea de mejorar las condiciones socioeconómicas de Annobón para paliar el descontento de la población. El proyecto consistía inicialmente en invertir más de 18,7 millones de euros (12.000 millones de francos CFA) para poner en marcha la primera granja de engorde de atún rojo salvaje en el África atlántica y una fábrica de procesamiento del pescado, un lucrativo negocio en otros lares.
Una investigación conjunta de Moncloa.com y Diario Rombe revela que el proyecto de pesca en Annobón sólo existe en el papel, a pesar de que el dinero para su construcción ha ido fluyendo desde diversas instituciones hacia las partes contratadas, una de ellas la empresa española Pesconor. Los lugareños de Annobón no divisan las jaulas de engorde de atún proyectadas en el puerto de San Antonio de Palé porque simplemente no existen. Respecto a la fábrica de transformación de pescado, apenas se han levantado cuatro paredes de una nave y las obras permanecen estancadas. Como resultado, los annoboneses no disfrutan de los empleos y el desarrollo económico prometidos por el Gobierno de Teodoro Obiang.
Esta investigación se originó en la consulta y análisis de los 120 GB de documentos de la filtración GQLeaks que arrojan luz sobre todo el proceso fallido del proyecto de Annobón. GQLeaks es la mayor filtración de archivos procedentes de un organismo oficial de Guinea Ecuatorial. En concreto, se originan en emails de su Centro Nacional para la Informatización de la Administración Pública de Guinea Ecuatorial. Los archivos fueron entregados a la organización sin ánimo de lucro Distributed Denial of Secrets , especializada en la libre circulación de información de interés público.
Españoles en el origen del proyecto y su “desarrollo”
Los emprendedores españoles tienen una presencia destacada en la economía del único país de África en el que el español es lengua oficial.
La consultora World Trading y la empresa de ingeniería especializada en el sector pesquero Teaxul España, ambas sociedades de nuestro país, llegaron a un acuerdo con el Gobierno de Obiang para desarrollar el proyecto con el objetivo de que estuviera operativo en 2017. Según la memoria económica presentada, el objetivo era que en 2021 la empresa pública Sonapesca facturase más de 40 millones de euros y produjera 2.000 toneladas de atún anualmente, dinamizando así el mercado laboral y la economía de Annobón.
Sin embargo, en 2017, el nombramiento de la nueva ministra de Pesca de la excolonia española, Adoración Salas, provocó importantes cambios en el proyecto. World Trading y Teaxul España fueron apartadas del mismo sin mayores argumentos y los acuerdos firmados quedaron en papel mojado. La sociedad asturiana Pescados y Conservas del Norte (Pesconor) y Somagec Guinea Ecuatorial heredaron la puesta en marcha de la granja acuícola y la fábrica de transformación.
Pesconor ingresó cerca de 2,2 millones de euros en diciembre de 2019, y Somagec GE algo más de 3,5 millones de euros entre 2019 y 2021, transferidas sendas sumas por el Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC), entidad que cofinancia el proyecto mediante un préstamo al Estado ecuatoguineano. Está previsto que el resto del préstamo del BDEAC, hasta un monto total 13,7 millones de euros, sea desembolsado en diciembre de 2022. Desde finales de 2021, el erario ecuatoguineano ya empezó a devolver ese préstamo a razón de un 7% de tasa de interés anual.
Además, en julio de 2019, Guinea Ecuatorial firmó con otra institución financiera internacional, el Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), un acuerdo para un proyecto de apoyo al desarrollo de las cadenas de valor en el sector de la pesca y la acuicultura de más de 55 millones de euros. Uno de los proyectos financiados se refiere al “desarrollo de una unidad de producción anual de 2.000 toneladas de pescado”, con un coste asignado del préstamo de 8,9 millones de euros.
La descripción del plan coincide con el de Annobón, aunque en la documentación consultada no se refiere su ubicación geográfica. Este medio no ha podido verificar si fondos del préstamo del AfDB han sido transferidos a los contratistas del proyecto.
En agosto pasado, un portavoz del AfDB prometió una respuesta oficial a las preguntas de los reporteros, pero finalmente no ha llegado en tiempo y forma.
La ministra de Pesca, Adoración Salas, declinó reiteradamente contestar a las preguntas enviadas por los medios sobre el asunto del fracaso del proyecto de Annobón y sobre el uso y destino del dinero público invertido. La ministra se limitó a responder por WhatsApp que no trabaja para los periodistas y que “si la obra no avanza, es como muchas cosas [no avanzan] por la pandemia… Pero que si la obra va muy bien y dentro de poco la isla tendrá su primera fábrica” [sic].
Por otro lado, el asturiano Alberto Rey Núñez, abogado y socio único de Pesconor, no respondió a las preguntas de los periodistas. También hicieron caso omiso a las cuestiones planteadas el BDEAC, Somagec GE, y Francisca Obiang Jiménez, presidenta del comité director de GE Proyectos. La sociedad pública que preside la hija de Teodoro Obiang es la empresa pública que se encarga de velar por el buen desarrollo de los proyectos estatales en el país africano.
Un español en la ‘corte’ de la Guinea de Obiang
Teodoro Obiang, a sus 80 años, es el jefe de Estado vivo que detenta el mandato más largo en el mundo: lleva 43 años en el poder. Se presentará de nuevo como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 20 de noviembre. Destripe: es el favorito para ganarlas.
La mayoría de la comunidad internacional califica como autoritario el régimen político de Guinea Ecuatorial. Amnistía Internacional lo tilda de cleptocracia, oligarquía y muy corrupto. En su índice de percepción de la corrupción 2021 ubica a este país africano en el puesto 172 de un total de 180. Los ejecutivos de Haití (164) o Iraq (157) están mejor considerados por ese índice.
La cleptocracia de los Obiang halla ejemplos significativos entre miembros destacados de la familia del presidente. En julio de 2021, su hijo y vicepresidente del Gobierno Teodoro Nguema Obiang, “Teodorín”, fue sentenciado en Francia por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Fue obligado a restaurar al pueblo de Guinea su patrimonio en Francia, valorado en 150 millones de euros.
El abogado y empresario Alberto Rey Núñez se desenvuelve como pez en el agua en ese contexto sociopolítico de Guinea Ecuatorial desde hace un decenio. En julio de 2014, Rey Núñez salió en defensa de un presidente “elegido democráticamente” en un artículo de El Confidencial como respuesta a un texto crítico con el Gobierno de Obiang. Escribió el empresario asturiano que “sus dirigentes, hombres y mujeres, trabajan con esfuerzo y pasión para construir un futuro en paz y prosperidad”.
Varias empresas relacionadas con el emprendedor asturiano son beneficiarias de contratos negociados sin publicidad en Guinea Ecuatorial.
Su sociedad Pescados y Conservas del Norte SL, Pesconor -que se presenta en su web corporativa como especialista en el sector pesquero y que desarrolla más de 20 proyectos internacionales-, fue registrada en Gijón en julio de 2016.
A través de Pesconor, Rey Núñez formalizó con el Ministerio de Pesca el contrato para contribuir en la construcción y el desarrollo de las instalaciones de producción de atún rojo en Annobón. El borrador del contrato fue enviado por Rey Núñez a la ministra Adoración Salas el 10 de enero de 2019.
Valorada la ejecución de su parte de la obra en 7.168.509 euros, Pesconor se comprometía por escrito a suministrar el personal y el equipamiento de la fábrica de transformación de atún, iniciar la gestión y la explotación de la fábrica, o la adquisición y suministro de embarcaciones de pesca, entre otras obligaciones. El plazo de ejecución se establecía en un máximo de dos años y el pago de los honorarios en 90 días tras la firma del contrato.
Camino de los tres años, ninguna de las instalaciones para el engorde de atún capturado vivo en alta mar y su posterior procesamiento está en pie ni en marcha.
Sin embargo, el 12 de septiembre de 2019, el Ministerio de Pesca solicitó el “desbloqueo de fondos a favor de la empresa PESCADOS Y CONSERVAS DEL NORTE SL (PESCONOR), por un importe de 4.702.234.086 FCFAS [7.168.509 euros]”, según la documentación oficial consultada en la filtración GQLeaks.
Además, uno de los archivos oficiales de GQLeaks informa cómo las empresas Somagec y Pesconor solicitan en octubre de 2019 el pago del 30% del monto del contrato firmado con el BDEAC. Esta institución bancaria transfiere el 17 de diciembre de ese año un total de 2.150.553 euros (1.410.670.226 francos CFA) a una cuenta de Pesconor en la Caja Rural de Gijón y 2,6 millones de euros (1.696.853.828 francos CFA) a Somagec Guinea Ecuatorial.
Consultado el documento del depósito de cuentas de Pesconor en el Registro Mercantil de Asturias, no se constataron ingresos de la sociedad en 2019. Las cuentas de 2020 y 2021 no han sido depositadas en la fecha de publicación de este reportaje.
A pesar de que no se aprecia ninguna progresión en las obras del proyecto, según relatan diversas fuentes de Annobón, y habiéndose desembolsado a las empresas contratadas varios millones de euros, el flujo de financiación no se detiene. En abril de 2022, la Dirección General de Control Financiero del Ministerio de Hacienda desbloquea 100 millones de francos CFA, unos 153.000 euros, para que sean transferidos a la cuenta bancaria llamada “célula de ejecución del proyecto de la fábrica de atún en Annobón”.
Pero el proyecto Annobón no es el único del que se ha beneficiado Alberto Rey Núñez. En Malabo, Rey Núñez es uno de los fundadores de la consultora AVA & REY. Otros socios son Magdalena Ava Bosoka, quien ha ocupado y ocupa diversos puestos relevantes en el Ministerio de Hacienda del país africano, y Arturo Nguema Abogó, hermano del exministro de Hacienda César Augusto Nguema.
En los archivos de GQLeaks se aprecia cómo AVA & REY ha obtenido varios contratos en sus tratos con las instituciones del país africano. Por ejemplo, un contrato en 2020 para auditar las cuentas de 2018 y 2019 de la empresa pública Sonapesca, dedicada a la gestión de proyectos estatales en el sector de la pesca.
También contratada por Sonapesca, la sociedad Ecofibro Cemento llegó a un acuerdo para entregar llave en mano una fábrica para construir embarcaciones de pesca artesanal en la localidad de Bata, ubicada en la Guinea Ecuatorial continental. Ecofibro Cemento está domiciliada en la misma dirección fiscal de Gijón que Pesconor y comparte teléfono de contacto con el bufete Rey Núñez Abogados. Asimismo, un anuncio del Boletín Oficial del Registro Mercantil recoge que el hermano de Alberto Rey Núñez, Miguel Santiago, fue su administrador único hasta octubre de 2014.
En octubre de 2016, el Ministerio de Hacienda ecuatoguineano transfirió a Ecofibro Cemento un total de 870.763 euros para ejecutar la fábrica de Bata. Igual cantidad transfirió el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial a la sociedad asturiana el 1 de marzo de 2017. Ecofibro Cemento no ha depositado sus cuentas de 2016 y 2017 en el Registro Mercantil de Asturias.
Un funcionario guineano de Bata asegura a Diario Rombe que esa fábrica no está construida. Sólo llegaron dos contenedores con equipamiento al puerto de la ciudad y allí continúan sin que su mercancía sea utilizada.
Los hermanos Rey Núñez no respondieron a las preguntas de los reporteros sobre las circunstancias de la fábrica de Bata.
Engordar y comercializar atún rojo: un negocio complejo
¿Acaso Pesconor tiene capacidad para montar la infraestructura de Annobón para pescar, engordar, sacrificar y comercializar atún rojo en Annobón? Expertos del sector, que prefieren omitir su nombre, entienden que no.
A mediados de la década de los noventa, empresarios y pescadores de la provincia de Murcia fueron pioneros en el mundo en un negocio que con el paso de los años se ha convertido en muy lucrativo por la exquisitez del producto. Se trata de pescar atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus) en alta mar y transportarlo a grandes jaulas cerca de la costa para que sea allí alimentado y engordado con la mejor carnada posible.
El objetivo es producir un pescado que cuando se sacrifique tenga un punto delicioso de grasa y así poder satisfacer los mejores paladares en los mercados más exigentes de Japón, Europa y Norteamérica, principalmente. Un buen ejemplar puede alcanzar un precio de mercado de 100.000 euros y, en determinadas subastas en Japón, puede llegar a valer varios millones.
Una de las rutas migratorias del atún rojo atlántico pasa por aguas de Guinea Ecuatorial en su largo camino hacia el Mediterráneo, donde se reproduce durante los veranos.
La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) es la organización interestatal que regula la pesca de esta especie de túnidos. En la costa del África atlántica no hay ninguna granja similar y sólo existen en algunos países del Mediterráneo como España, Marruecos, Italia, Malta, Túnez, Croacia, Egipto y Turquía.
La razón fundamental de que ese negocio se desarrolle en pocos países y por pocos operadores es que la ingeniería requerida es compleja. Se necesita una flota de barcos cerqueros para que pesquen conjuntamente el atún en alta mar.
Después, el pescado vivo se traslada a unas segundas redes que son arrastradas por un barco remolcador a escasa velocidad (un nudo a la hora) hasta alcanzar las jaulas de engorde en un lugar cercano a la costa donde los peces son transferidos. Si todas esas maniobras no se realizan por operadores expertos, los atunes mueren en el camino. Una vez en las granjas de la jaula, el atún es alimentado durante meses hasta que su carne alcanza una calidad óptima.
La alimentación requiere también una logística depurada, ya que se necesita ir almacenando muchas toneladas de carnada (jurel, caballa, sardina) en una instalación refrigerada para garantizar la nutrición de un animal especialmente voraz. Además, las jaulas deben estar situadas en un entorno de aguas estables sin temporales, ya que cualquier alteración meteorológica mata fácilmente a los atunes enjaulados.
La matanza la realizan buzos especializados, que sacrifican ejemplar a ejemplar con rifles subacuáticos. Finalmente, es necesario contar con una logística sofisticada de corte, refrigeración, mantenimiento (a -60 grados) y comercialización del producto procesado. Una gran parte de su transporte hacia los mayores mercados mayoristas se realiza vía aérea.
Alguien en el Ministerio de Pesca ecuatoguineano escuchó bellas palabras para montar una granja de atún en Annobón que no se ha hecho realidad siete años después de diseñarse el proyecto y tras varios millones de euros transferidos a cuentas bancarias. En su sitio web, Pesconor asegura: «El nivel de éxito de los proyectos tanto nacionales como internacionales es el 100%».
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